Tal como se venía anticipando hace meses, en las últimas horas el Gobierno nacional definió la obligatoriedad del traspaso directo de los aportes de los afiliados a las prepagas, por lo que se podrán derivar directamente a empresas de su elección, sin pasar previamente por alguna obra social sindical, como hasta el momento. La decisión oficial habría generado tensiones en el Ministerio de Salud, ya que el titular de la cartera sanitaria se habría negado a firmar para evitar planteos judiciales, en tanto es socio de los dueños del Sanatorio Güemes. El fin de la triangulación puede generar muchos problemas en la seguridad social, por lo que la CGT se iba a reunir ayer lunes, peropostergó definiciones para el próximo jueves.
La medida se formalizó por medio de la publicación de una resolución del Ministerio de Salud en el Boletín Oficial, con lo que la Superintendencia de Servicios de Salud termina con las “triangulaciones” de aportes, que desde el Gobierno nacional se definían como un “peaje de la salud”, destinado a alimentar “cajas negras”. La medida impacta sobre 1.380.000 afiliados, según estimaciones. Si así lo desean, los afiliados tendrán 60 días para ratificar su decisión de continuar en el esquema anterior a través del trámite “Voluntad de Permanencia en Obra Social”.
“Dispónese la derivación directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores bajo relación de dependencia, del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, y las cotizaciones de los beneficiarios adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes”, detalla la resolución. En los considerandos se remarca que beneficiarios “cuyos aportes y contribuciones o cotizaciones sean derivados a las entidades oportunamente contratadas, mantendrán sus derechos con aquellas sin que se genere modificación alguna que pudiera perjudicar la relación contractual que los une o el acceso a las prestaciones médicas”.
La resolución 1/2025 lleva la firma de Roberto Luis Olivieri Pinto, titular de la Unidad de Asesores del Ministerio de Salud (cuyo rango estaría siendo cuestionado en sus potestades para firmar una resolución de esta magnitud, que afecta a millones de personas). Según se denunció mediáticamente, no sólo que Lugones se resistió a firmar la iniciativa impulsada por funcionarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo sino que tampoco habrían querido hacerlo para evitar posibles denuncias por conflictos de intereses el superintendente de Servicios de Salud Gabriel Oriolo, que viene de OSDE, y la secretaria de Administración Cecilia Loccisano, ex esposa del ex ministro macrista de Trabajo Jorge Triaca.
En tanto, la CGT pasó para el jueves la reunión de la mesa chica que tenía pautada para ayer, lunes, para fijar posición sobre la decisión gubernamental de establecer cambios en la normativa sobre los aportes para las prepagas. Algunos secretarios generales consideran que la vía legal puede ser el camino más indicado para tratar de hacerle frente a la resolución que fija el nuevo mecanismo, evitando la triangulación con las obras sociales.
También la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, que continúan activando una senda para volver a conformar una sola central obrera, mantienen atención sobre la cuestión de las obras sociales en lo que incluso debaten por estas horas como sus planes de lucha 2025. En tanto, desde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) su secretario general Rodolfo Aguiar consideró “es la sentencia de muerte de las obras sociales sindicales porque está claro que su desfinanciamiento será total y acelerado”.
El sindicalista estatal acotó que la premisa es “forzar el traspaso de afiliados a las prepagas. Lo cual a todo análisis es inadmisible, porque a todas luces lo que pretenden es romper el criterio de solidaridad que ha caracterizado el sistema”. Actualmente, el empleador deriva los aportes al fisco, el cual después llega al esquema establecido por las organizaciones gremiales, los cuales suelen contar con contratos y convenios con las empresas prepagas que reciben los fondos. En esa triangulación, las obras sociales retienen un porcentaje que va del 3 al 10 por ciento, un sistema que abarca a más de 1.350.000 afiliados.
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