

Por: Federico Cedarri
Con negociaciones paralizadas por la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición del PRO y la UCR en rededor de los expediente de Presupuesto, Ley Fiscal y endeudamiento, el gobierno bonaerense comienza a manejar otras instancias ante este escenario de desencuentros.
Si bien la Ley Fiscal es indispensable para actualizar los montos de los impuestos de acuerdo a la inflación, el artículo 163 de la vigente Impositiva le permite al gobernador el atajo de modificar las alícuotas.
De hecho, ya fue informando que el cronograma de impuestos como el Inmobiliario Rural y Urbano además del Automotor comenzarán a regir desde el mes de marzo, lo que le ocasionará al erario provincial una importante pérdida de recursos durante el segundo mes del año producto del atraso para comenzar a cobrar los tributos.
El Presupuesto no representa un inconveniente insalvable para el gobernador Axel Kicillof ya que se puede manejar adecuadamente con la prórroga del mismo y hasta le es ciertamente conveniente porque puede manejar en año electoral recursos de manera discrecional.
El problema del Ejecutivo se centra fundamentalmente en el endeudamiento ya que en marzo se vence una importante cuota de 380 millones de dólares de la deuda tomada durante la administración de María Eugenia Vidal que fue renegociada en 2020 por la actual gestión.
Ante este escenario de incertidumbre ha comenzado a trascender la posibilidad concreta de que finalmente Kicillof desista de la aprobación de los proyectos de Presupuesto y Ley Fiscal y mande a la Legislatura un expediente solitario que peticione la autorización de un endeudamiento similar al que pedía anteriormente: del orden de los 1, 1 billones de pesos.
El gobernador bonaerense descuenta que en esa instancia deberá negociar irremediablemente con los bloques opositores sobre todo los dialoguistas de Gustavo Cuervo que piden que se cumpla con los nombramientos pactados para la oposición en el grupo BAPRO y en el Directorio del Banco Provincia.
También deberá saciar las apetencias del PRO, la UCR abadista y la Coalición Cívica ya que necesita indispensablemente de los dos tercios de los votos en cada Cámara.
El radicalismo ya dejó trascender que no insistirá por la discusión de los puestos en la Corte Suprema que el gobernador ya filtró que no desea atender en este momento producto de su enfrentamiento con el camporismo.
Tanto los centenarios como los amarillos quieren apurar las designaciones previstas para la oposición en los entes de contralor del Estado.
El PRO desea recuperar la silla en el Directorio del BAPRO que hoy ostenta el bullrista Santiago Nardelli de la misma manera que lo hizo en el Consejo de la Magistratura cuando presionó con la renuncia del también bahiense Fernando Compagnoni, hoy devenido en diputado de La Libertad Avanza.
Lo cierto es que el Ejecutivo podría eventualmente enviar antes del inicio de las sesiones ordinarias el pedido de endeudamiento por 1, 1 billones de pesos y emular lo acontecido en 2023 cuando la Legislatura le votó una solicitud para tomar deuda apenas asumido el gobierno de Javier Milei.
En caso de cristalizarse la posibilidad de que el Ejecutivo envíe finalmente un pedido de endeudamiento a la Legislatura deberá negociar condiciones con los principales bloques parlamentarios.
El radicalismo y el PRO amenazan nuevamente con jugar en tándem y se espera que ante la apertura de un nuevo escenario de negociación apunten a que una parte del endeudamiento que pueda pedir el gobernador sea destinado a los alcaldes a partir de la instauración de un Fondo de Sostenibilidad Fiscal como en el año 2024.
Esta remanida cuestión ya estuvo sobre la mesa durante los cabildeos que se desarrollaron durante el mes de diciembre en el marco de las negociaciones por el Presupuesto y Ley Fiscal.
La oposición de amarillos y centenarios, conjuntamente con intendentes ligados al cristinismo duro, desembarcaron en la Legislatura en diciembre y modificaron la letra original del Presupuesto asignando un 16 por ciento del endeudamiento que solicitaba Kiicllof para la conformación de un fondo para los distritos de unos 400 mil millones de pesos aproximadamente.
El gobernador bonaerense desbarató esta intentona bajando la sesión en el Senado y comunicó que estaba dispuesto a resignar hasta un 10 por ciento de lo solicitado para endeudarse, un monto cercano a los 200 mil millones de pesos.
Lo cierto, es que a partir de la posibilidad concreta de avanzar en el envío de un proyecto de endeudamiento del orden de los 1,1 billones de pesos. nuevamente el foco estará centrado en la discusión sobre la reasignación de un porcentaje del mismo para la convalidación de un fondo para los municipios.
El radicalismo insiste en la necesidad que tienen los alcaldes de la inyección de fondos frescos en el año electoral por lo que estarían dispuestos a apoyar un eventual endeudamiento si se asignara a las comunas una parte del mismo.
El PRO que también es partidario de la conversión de un Fondo de Sostenibilidad Fiscal desea que el mismo se distribuya conjuntamente con la coparticipación para evitar atrasos en el pago de cuotas, al tiempo que exigen que el dinero se distribuido en su totalidad a los municipios antes de la mitad de año.