Una conjunción de factores está llevando al sector frutícola argentino a una situación crítica. Los costos crecientes y la falta de financiación para capital de trabajo han puesto en riesgo la continuidad de miles de productores. Mientras la cosecha avanza, los márgenes de rentabilidad son inexistentes, con precios de venta por debajo de los costos de producción.

En Argentina, el área productiva destinada a frutales abarca 50.000 hectáreas, distribuidas en un 85% en Río Negro y un 15% en Neuquén. Este sector incluye a unos 4.000 productores, una cifra que disminuye constantemente debido a la falta de rentabilidad. La cadena productiva cuenta con 260 establecimientos de acondicionamiento y empaque, 220 frigoríficos y 11 empresas dedicadas a la elaboración de jugo concentrado, generando 50.000 empleos directos y 15.000 indirectos. Su importancia para la estructura socioeconómica de ambas provincias es innegable.

En su época de auge, los valles patagónicos experimentaban un constante crecimiento y modernización para adaptarse a las exigencias del mercado mundial. Sin embargo, la suba de costos operativos afecta directamente a la producción primaria, el núcleo que sostiene a todo el sistema. Un informe reciente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén destacó la alarmante diferencia de costos entre Argentina y Chile. La presión impositiva en nuestro país es un 43% mayor, y los costos laborales en la cosecha y el empaque son un 266% más altos que los de Chile. Esto hace que la producción nacional sea poco competitiva frente a la fruta importada.

El presidente de la Federación, Sebastián Hernández, solicitó medidas al Gobierno nacional para proteger a los productores frente al ingreso de fruta chilena, más barata y destinada al mercado interno. Esta petición coincide con el inicio de la cosecha de la variedad de pera Williams, una de las más representativas del Alto Valle.

La llegada de entre 15.000 y 18.000 trabajadores migrantes para la cosecha, provenientes de provincias del norte como Tucumán, expone otra arista preocupante. Denuncias recientes revelaron condiciones de trabajo y vivienda inadecuadas, hacinamiento, falta de registros laborales y prácticas abusivas por parte de contratistas. Estas situaciones agravan la crisis social y laboral del sector.

La temporada 2025 está marcada por un dólar retrasado, caída del consumo interno, sobreoferta, aumento de costos y disminución de exportaciones. Esto genera un dilema: cosechar implica pérdidas, y dejar la fruta en los árboles significará un desperdicio de alimentos y el colapso de pequeños productores. Según Edgar Artero, productor frutícola de Río Negro, “se están ofreciendo 200 o 300 pesos por kilo de fruta, mientras los costos han aumentado al doble. Es posible que 80 o 100 millones de kilos queden en las plantaciones y se pierdan”.

La falta de acción a nivel municipal, provincial y nacional agrava la situación. Que en un país con hambre se tiren alimentos es, como señalaron los productores, “pecaminoso y perverso”. Es urgente que las autoridades tomen medidas para evitar que este sector estratégico continúe en declive, protegiendo tanto a los productores como a los miles de trabajadores que dependen de esta actividad.

Sin dudas una realidad a reflexionar teniendo presente unas frase de Florencio Molina,  "No podría decir qué me apasiona más. Si transformar la tierra en vida o mostrar la vida de mi tierra."