

En la actualidad existe sólo una fabrica de armas de puño, el resto del mercado interno son armas importadas. Esta metamorfosis del mercado perjudicó de manera letal a varias Pymes y Micropymes del sector.
En el presente después de la asunción de la actual administración, conocido como el auto proclamado "El Topo Destructor del Estado", las políticas de recorte y reestructuración han generado incertidumbre que afecta por igual a los empleados del organismo, los comercios que venden armas y equipamiento y los legitimo usuarios.
En momentos donde notamos día con día el aumento de situaciones violentas donde se encuentran involucradas armas de fuego un tema tan sensible se lo esta tratado como un "MONO CON ESCOPETA".
En organismo regentor, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), anteriormente RENAR, la situación es particularmente delicada.
El actual Director Ejecutivo de la ANMAC, Juan Pablo Allan, designado mediante el Decreto 80/2024, pertenece al PRO, una de las principales fuerzas políticas de Argentina aliada al gobierno. Allan es abogado, graduado en La Plata, y ha desempeñado diversos roles en la función pública, incluyendo su labor en el Ministerio de Educación de la Ciudad y como Senador Provincial, donde presidió la Comisión de Legislación General e integró el Consejo de la Magistratura.
En el marco de la reestructuración, se solicitó a los empleados de la ANMAC la presentación de sus renuncias, con la promesa de evaluar su continuidad en base a exámenes de idoneidad. Muchos empleados accedieron a esta exigencia, aprobaron dichas evaluaciones y demostraron su capacidad para ocupar sus respectivos puestos. Sin embargo, tras cumplir con este proceso, no han recibido respuestas claras sobre su recontratación ni han percibido sus salarios correspondientes.
A pesar de ello, varios continúan desempeñando sus funciones ad honorem, evidenciando su compromiso con la institución. Mientras tanto, la falta de directivas claras y la ausencia de Allan en las instalaciones de la ANMAC han generado retrasos en los trámites y una creciente preocupación sobre el futuro del organismo.
Los sindicatos Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han manifestado su preocupación por la situación de los empleados de la ANMAC.
Aunque UPCN ha aceptado propuestas del gobierno en otros sectores y ATE ha sometido las decisiones a consideración de sus órganos internos, ambos sindicatos coinciden en demandar una pronta resolución para garantizar condiciones laborales justas y asegurar el correcto funcionamiento del organismo.
Por otro lado, las políticas del actual gobierno respecto al control de armas han generado un amplio debate. Entre las medidas implementadas se destaca la reducción de la edad mínima para la tenencia legal de armas de fuego de 21 a 18 años.
Además, se han simplificado los trámites para la regularización de armas, con el objetivo declarado de promover la tenencia responsable. Estas acciones, sin embargo, han encendido alarmas en organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de una mayor proliferación de armas en la sociedad y posibles incrementos en la violencia armada.
El panorama actual pone en evidencia las tensiones entre las decisiones gubernamentales y el impacto directo en los organismos estatales clave. La comunidad de empleados y los sindicatos esperan que las autoridades competentes tomen medidas para resolver esta problemática, garantizando no solo condiciones laborales dignas, sino también el cumplimiento efectivo de las funciones esenciales que la ANMAC debe desempeñar para la seguridad nacional.
"Dejando en claro que la mayoria de las veces el problema es la falta de direccion no la falta de tiempo".