

Por: Federico Cedarri
Las negociaciones entre la Legislatura y el Ejecutivo por el Presupuesto, Ley Fiscal y endeudamiento están virtualmente paralizadas.
Más allá de la desmedida expectativa generada en su momento por el primer contacto informal entre el titular de la Cámara Baja Alexis Guerrera con los referentes de los bloques de los ex Juntos por el Cambio, el panorama no difiere demasiado de la frustración que embargó al Parlamento el pasado 27 de diciembre cuando la oposición se le plantó al oficialismo y evaporó la última chance de sacar los expedientes antes de fin de año.
En el Ejecutivo el cimbronazo se sintió, de hecho Kicillof despotricó contra la oposición ex cambiemista acusándolos de una especie de golpe institucional por dejarlo sin Presupuesto ni Ley Fiscal.
Desde las trincheras amarillas y centenarias le contestaron que nunca hubo interlocutores válidos de parte del Ejecutivo, además de reprocharle que ningún ministro salvo el de Economía, Pablo López, desembarcaron en la Legislatura a explicar los detalles de cada área.
Más allá de estas chicanas esbozadas, lo cierto es que también cierta cuota de responsabilidad por el fracaso de las gestiones le cabe a la interna que se lleva adelante en el seno del oficialismo.
Prueba de ello es la manifestación del titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados, el camporista Facundo Tignanelli dejando en claro hacia calle 6 de que el bloque de 37 legisladores que comanda sacó la totalidad de los expedientes que envió durante el 2024 el Ejecutivo.
Por lo bajo, en los distintos campamentos legislativos se cuestiona que de los interlocutores que denominó el gobernador Axel Kicillof solamente detenta pasta política el titular de Obras Públicas Gabriel Katopodis: “Pablo López es un técnico y habla como tal y a Agustina Vila por ahí le falta más muñeca política”, descarga ante PDS un parlamentario centenario.
En rigor, hoy podría decirse si temor a equivocarse que los puentes entre el Ejecutivo y el Parlamento están lesionados y que a ciencia cierta cada uno denota una intransigencia que dificulta por el momento arribar a puntos de consenso.
Algunos miembros de la oposición razonan que el gobernador estaría en parte conforme con el Presupuesto prorrogado porque le permitiría manejar discrecionalmente los recursos, además sostienen que mediante las facultades del artículo 163 de la Ley Fiscal podría actualizar los montos de aumento de los tributos provinciales.
Solamente dependerá de la Legislatura para solicitar el tramo de endeudamiento que irá enteramente para pagar los servicios de deuda que vencen en marzo, producto de la refinanciación de 2020.
También la oposición se muestra atomizada luego de la debacle electoral de 2023.
Si bien el PRO y el radicalismo abadista intentan recrear aunque sea parlamentariamente aquella vieja unidad que ostentaron, lo concreto es que también están atravesados por internas lacerantes.
El partido centenario partido en dos en Diputados con diferencias cada vez más explícitas y al borde de la ruptura por sus posicionamientos disímiles respecto al gobierno nacional.
En el PRO se producen fugas de figuras de manera periódica luego de la primera estampida que exploró el bullrismo.
El punto central de la controversia entre el Ejecutivo y la Legislatura se dio básicamente porque tanto los ex cambiemistas como algunos alcaldes camporistas y del ex insaurraldismo tocaron puntos neurálgicos del proyecto original, lo que desencadenó la furia de Kicillof.
Entre los cambios que más irritaron al Ejecutivo se encuentra la confección de un fondo de seguridad de 200 mil millones de pesos, la autarquía del IOMA, la eliminación del artículo 163 de la Ley Fiscal y el otorgamiento de un punto más de coparticipación para repartir entre los municipios, algo así como 400 mil millones de pesos extras.
Kicillof enterado de esta cuestión ordenó bajar la sesión en el Senado y todo se fue por la borda, nunca más fue posible reencauzar la negociación que quedó surcada por la desconfianza.
También los centenarios y libertarios dialoguistas piden poner sobre la mesa de debate los puestos que le corresponden a la oposición en el Banco Provincia y los cuatro lugares vacantes en la Corte Suprema bonaerense, algo esto último que el gobernador resiste debido a su cruce interno con La Cámpora.
La incertidumbre se constituye en el principal denominador que define la relación imperante actualmente entre la Legislatura y el gobierno de Axel Kicillof.