viernes 14 de febrero de 2025 - Edición Nº2263

Gremiales | 22 ene 2025

POLEMICA INICIATIVA

El Gobierno acelera una nueva reforma laboral: La CGT avisa que no la negociará

El oficialismo quiere modificar la Ley de Contratos del Trabajo, a partir de un proyecto presentado el año pasado por legisladores libertarios. Los cambios apuntan a modificar las formas de pago de salarios, las vacaciones y las contrataciones. La central obrera niega que negocie esas propuestas y promete resistir.


Por: Diego Lanese

El gobierno decidió llamara a sesiones extraordinarias del Congreso, con siete proyectos considerados importantes para este año para la gestión libertaria. En un momento se especuló con que podría ser incluido el Presupuesto 2025, pero la falta de consensos obligó a dejarlo de lado.

Algo similar con una iniciativa que tuvo poca publicidad, pero que es central para este año para la Casa Rosada: la reforma de la Ley de Contratos de Trabajo.

A partir de una propuesta presentada en noviembre pasado por un grupo de legisladores de La Libertad Avanza, la idea es profundizar la reforma laboral que inició el DNU 70 –que tiene varios artículos suspendidos por la justicia –y la Ley Bases, y que será parte de la bitácora del oficialismo, pensando en un año electoral.

Para su avance, se confía en poder dialogar con la conducción de la CGT, que luego de la renuncia de Pablo Moyano al triunvirato confirmó que mantendrá esta actitud la gestión libertaria. incluso algunos funcionarios hablaron de algunos “contactos informales” con dirigentes sindicales y empresarios para tratar de acordar esta propuesta. pero desde Azopardo fueron tajantes: No negociarán cambios que perjudiquen a los trabajadores.

La nueva reforma laboral que impulsará este año el oficialismo se basa en el proyecto denominado Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que elaboró la diputada Romina Diez, y que fue avalado por unos 14 legisladores libertarios, entre ellos José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista.

La reforma de la Ley de Contrato de Trabajo incluye varios puntos clave para el gobierno, que son parte de la política desregulatoria para que las empresas tengan “más libertad” a la hora de contratar.

La iniciativa incluye la extensión de la jornada de trabajo y el fraccionamiento de las vacaciones; y también apunta a la vuelta de los tickets de comida y la liquidación de salarios mediante plataformas como Mercado Pago, entre otros puntos destacables. Una de las modificaciones establece un plazo de 30 días para que los empleados impugnen las sanciones que les son impuestas. Pasado dicho plazo, serán consideradas consentidas por el trabajador.

Además, se busca tener “la posibilidad de homologar el cambio de condiciones de trabajo, sometidas ellas al control de la autoridad administrativa del trabajo (Ministerio o Secretaría, según la jurisdicción en la cual se lleve adelante)”. Esto permite que “no se aleguen luego planteos de que las modificaciones fueron impuestas por parte de las empresas”.

Otro punto importante en la reforma es la posibilidad de pagar el salario en “en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias”, dejando la puerta abierta a los viejos tickets canasta y bonos similares, que proliferaron en los 90 y fueron prohibidos en 2007.

Establece que para el caso de salarios integrados con comisiones variables “se deberá liquidar de acuerdo al promedio de lo percibido en el último semestre no pudiendo, en ningún caso, la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento, debiendo incluirse en el cómputo las remuneraciones variables”.

También se prevé que las indemnizaciones que hubiera percibido un empleado que hubiera reingresado a prestar tareas para el mismo empleado sea actualizada al momento del pago de una nueva indemnización. Además, la propuesta habilita a que los empleados a que “puedan gozar de las vacaciones de manera fraccionada, algo que en los hechos ya se venía realizando, para poder particionar el período de descanso anual en diversos momentos del año, fijando un mínimo de siete días para su goce”.

Para el caso de matrimonios que desarrollen tareas en un mismo establecimiento, se dispone que el empleador otorgue las vacaciones en el mismo período.

El avance de este proyecto puede abrir un nuevo frente de conflicto entre el gobierno y los sindicatos, con una CGT que está atenta porque considera que esta reforma va a dejar de lado derechos laborales fundamentales.

En este sentido, hace unos días desde la Casa Rosada deslizaron que comenzaron a tener contactos con gremios y empresarios, para lograr cambios consensuados, como paso con otros temas, como la famosa ley “anti bloqueos”.

Desde Azopardo, negaron tajantemente la posibilidad de sentarse en esas mesas. “Nadie está negociando nada”, le dijo a Política del Sur un dirigente con llegada a la mesa chica de la central obrera. “No vamos a aceptar nada que sea un retroceso de los derechos delos trabajadores”, insistió.

Si bien la actitud dialoguista fue ratificada por cada uno de los dirigentes que integran la conducción cegetista, el tema de la reforma aparece como un límite. Es que este tipo de cambios, “terminan por debilitar las organizaciones gremiales, algo que Javier Milei tiene en mente, quiere venir por los gremios”.

Pese a esto, el sector mayoritario de la CGT prioriza la negociación con la Casa Rosada para ejercer una suerte de “control de daños” del modelo económico de Milei.

Uno de los puntos que más preocupa a los gremios es la desregulación de las obras sociales, que establece que los afiliados pueden prescindir de la triangulación sindical para que sus aportes pasen a hacerse directamente en una prepaga.

La crisis de la seguridad social es una de las formas en que el gobierno quiere condicionar el accionar sindical, usando el fondo de las entidades de salud como “botín de guerra”.

En este punto, la necesidad de negociar esos recursos puede ser un arma fundamental para consensuar esta y otra reforma de las leyes laborales. En Azopardo saben que están a merced de un mecanismo que, nobleza obliga, usaron todos los gobiernos para sostener a raya el accionar sindical.

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