Según informes e investigaciones de la Fundación Argentina Segura este es el undécimo robo de características similares en menos de dos meses, todos siguiendo un patrón definido: zonas liberadas, uso de inhibidores de señal satelital y una planificación meticulosa que indica un alto grado de organización por parte de los delincuentes donde se mantuvo secuestrados y encapuchados a los empleados mientras descargaban en una locación la carga. Este accionar implica autos, personal de vigilancia, personal para descargar los 5000 kg de carne y camiones para movilizarlos e incluso una posible locación para hacer la operación.

Lo más preocupante es la aparente inacción judicial. Según denuncias públicas de la Cámara Argentina de Matarifes y abastecedores, (CAMyA), a pesar de contar con pruebas sustanciales, las autoridades policiales señalan que el Juzgado de Garantías Nº 3 de Avellaneda-Lanús no ha emitido las órdenes de allanamiento necesarias para avanzar en las investigaciones.

Esta situación no solo afecta a los empresarios y trabajadores del sector cárnico, sino que también genera un clima de inseguridad generalizada entre los vecinos de Lanús. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes erosiona la confianza en las instituciones y deja a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad.

Desde la Fundación Argentina Segura, hemos venido alertando sobre el incremento de actividades delictivas en modalidad de piratería del asfalto de manera organizada en la zona, sumado a bandas que operan en otras modalidades como robo vehicular, entraderas y salideras.  Esto es real y precisamos intervención. Combatir el crimen organizado implica la necesidad de implementar medidas preventivas y de respuesta más eficientes: necesitamos la ley antimafia.

Es fundamental fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el poder judicial para garantizar una acción rápida y contundente contra estas organizaciones criminales. Por su parte, el Gobierno provincial debe garantizar la seguridad y el Gobierno municipal debe coordinar las acciones locales y dejar de poner solo multas de tránsito:  Las 1080 cámaras deben ser de prevención. ¿Donde está el patrullaje preventivo? Estamos ante una escalada de crimen que nos puede llevar a perder la calle. La policía trabaja pero precisa la acción judicial y política en conjunto.

Asimismo, es esencial promover la participación ciudadana en la denuncia de actividades sospechosas y en la construcción de una comunidad más segura. La seguridad es una responsabilidad compartida, y solo a través del trabajo conjunto podremos revertir esta preocupante tendencia.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades judiciales para que actúen con la diligencia que la situación amerita, emitiendo las órdenes necesarias para desarticular estas bandas y llevar a los responsables ante la Justicia. La inacción no puede ser una opción cuando la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad están en juego.

Es momento de tomar decisiones firmes y coordinadas para devolver la tranquilidad a los vecinos de Lanús y asegurar que hechos como estos no se repitan. La seguridad debe ser una prioridad en la agenda pública, y desde nuestra posición seguiremos trabajando incansablemente para lograrlo.