Por: Federico Cedarri

Fallido fue el desembarco de los funcionarios del Ejecutivo el martes 7 de enero en la Legislatura bonaerense para cumplimentar el lanzamiento oficial de la mesa de trabajo a la que había convocado el titular de Diputados, el massista Alexis Guerrera, buscando variantes para destrabar el Presupuesto y Ley Fiscal.

No obstante, las autoridades del Cuerpo no perdieron el tiempo y llevaron adelante igual una reunión de carácter informal con las principales referencias de los bloques del PRO, la UCR abadista y la Coalición Cívica.

En rigor, tanto Matías Ranzini como Diego Garciarena y Maricel Etchecoin Moro se corrieron hasta el despacho de Alexis Guerrera y volvieron a esgrimir los mismos argumentos que utilizaron la tarde le 27 de diciembre pasado cuando se intentó con funcionarios del Ejecutivo salvar las sanción de los expedientes: tope a los aumentos de impuestos y fondo para los intendentes mediante la coparticipación directa de un punto más para evitar las cuotas  y atrasos en el año electoral.

Según se desprende de lo que pudo colectar PDS, el oficialismo de la Cámara Baja continuará celebrando reuniones pese a que el Ejecutivo avisó que por lo menos por un período de una semana no enviará representantes para negociar modificaciones tanto al Presupuesto como a la Ley Fiscal.

Se espera que en los próximos días Guerrera convoque al resto de las fuerzas políticas del Cuerpo: libertarios dialoguistas y mileístas, radicales disidentes y los monobloques de izquierda.

Desde los campamentos amarillo y centenario no exudan demasiada expectativa con relación a las negociaciones que se avecinan con el Ejecutivo: “Ya prorrogaron el Presupuesto y la Impositiva, está claro que van a gobernar así y pedirán algún endeudamiento puntual”, analiza un referente parlamentario ligado al partido de Alem.

No cayó bien en los sectores opositores la prórroga del Presupuesto y la Ley Fiscal debido a que entienden que el Ejecutivo no quiere negociar nada y pretende no poner en la mesa de discusión los puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia bonaerense ni las sillas en el Directorio del Banco Provincia.

El inconveniente para Kicillof radica en que si bien puede gobernar con estas dos herramientas prorrogadas, podría utilizar el artículo 163 de la Ley Fiscal para modificara alícuotas, para lograr la solicitud de endeudamiento que le permita pagar los servicios de deuda contraídos durante la gestión de Vidal y la financiación a corto plazo mediante la emisión de Letras del Tesoro necesita irremediablemente de los dos tercios de ambas Cámaras.

“Algo va a tener que negociar, no puede cerrarse así”, despotrica contra el gobernador un legislador macrista ante la consulta de PDS.

Discusión trabada

La oposición amarilla y centenaria no piensa ceder un ápice en sus solicitudes, espera contar nuevamente con el apoyo de los sectores del camporismo y el massismo para garantizar el fondo de 400 mil millones para los municipios por coparticipación directa y la creación de un fondo para seguridad del orden de los 200 mil millones de pesos.

El Ejecutivo en su última oferta se había estirado hasta los 200 mil millones para los alcaldes y desechó de plano la constitución del fondo de seguridad destacando que había llevado adelante una importante inversión con la compra de insumos y patrulleros para la Policía Bonaerense.

El gobierno de Kicillof también dejó claro que no negociará la eliminación del artículo 163 de la Fiscal Impositiva y si bien no escapa a la discusión de ponerle un tope a los aumentos de los impuestos provinciales disiente con los sectores opositores en el porcentaje.

Mientras el PRO y los radicales reclaman que el tope sea del 28 por ciento, el Ejecutivo propicia que se sitúe en un rango de entre el 30 y el 35%.

"Hoy estamos lejísimos en todo, no tenemos muchas expectativas en que la semana que viene pueda avanzarse en algo”,  resume el cuadro de situación un legislador amarillo.

Como informó PDS, una de las cuestiones que la oposición quiere discutir ahora, sobre todo el radicalismo abadista, tiene que ver con los lugares vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

Hay cuatro sillas para ocupar en aquel ámbito, según había planificado preliminarmente el gobernador una iba a corresponder a la oposición, al radicalismo en este caso, y las demás vacancias quedarían una para el massismo, otra para el sector referenciado en Cristina Kirchner y la siguiente para el kicllofismo.

La disputa interna del mandatario provincial con las huestes afines a la ex presidenta pone en duda esas previsiones.

El PRO en tanto presiona por espacios en el Directorio del BAPRO, quiere que le devuelvan la silla que ocupa el bahíense bullirista Santiago Nardelli.

Semanas álgidas de negociaciones cruzadas se anticipan en el marco del Parlamento bonaerense donde la rosca esta vez le hace gambito al receso de enero.