domingo 19 de enero de 2025 - Edición Nº2237

Gremiales | 8 ene 2025

SALUD EN CRISIS

Federación médica denunció 60 muertes por falta de medicamentos oncológicos

Es a partir del cierre de la DADSE, la oficina que atiende pacientes en situación de vulnerabilidad. Un fallo judicial obligó al Gobierno a abastecer a esas personas, pero el Ministerio de Salud disolvió el espacio, y hay incertidumbre. Además, advierten del clima represivo contra la protesta social y sindical.


Por: Diego Lanese

El último día hábil del 2024, el Ministerio de Salud nacional oficializó el cierre de al menos 15 dependencias que eran parte de su estructura, cuyas tareas serán absorbidas por la cartera que lidera Mario Lugones, según consta en la propia disposición oficial.

En la misma hay varios programas y despachos con funciones específicas, entre ellas la Dirección de Asistencia Directa de Situaciones Especiales (DADSE), que entrega medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad.

Lo llamativo es que horas antes, un fallo judicial ordenó a la oficina que entregue los tratamientos tramitados por los pacientes, que no habían tenido respuesta hasta el momento. Es decir, que ante el fallo que establecía la entrega de los fármacos, la cartera sanitaria disolvió la dependencia.

Esto generó alarma entre las organizaciones que pidieron el amparo que dio lugar a la medida judicial, ya que nadie garantiza que se vaya a cumplir la atención.

En este sentido, se denunció que desde que asumió el gobierno, que cambio varias veces el funcionamiento de la DADSE, “ya murieron 60 pacientes por falta de medicamentos”, lo que puede agravarse con esta situación. Además de este tema, los gremios de la salud aseguran que el gobierno quiere instalar “una ideología de la represión”, y alertan por lo que puede pasar este año.

La grave denuncia sobre muertes por falta de medicación la hizo la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), que denunció el cierre de la DADSE, que supuestamente será absorbida por la cartera sanitaria.

"Las consecuencias para los pacientes de esta medida ya se pueden ver: ya hay por lo menos 60 muertos” por falta de medicación, le dijo a Política del Sur María Fernanda Boriotti, presidenta de la entidad gremial. La DADSE habilita la entrega de subsidios a personas físicas, a efectos de financiar la adquisición de medicamentos, insumos y productos médicos para la realización de prácticas médicas y se focaliza en la población de mayor vulnerabilidad.

El organismo fue paralizado al comienzo de la gestión libertaria por supuestas irregularidades, lo que generó demoras en el acceso a miles de personas a sus fármacos.

Esto se extendió durante todo el 2024, y generó el amparo colectivo de entidades sanitarias y sociales que derivó en el fallo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, que ordenó se asista a todos aquellos que iniciaron trámites.

La respuesta del gobierno sorprendió, ya que decidió cerrar la DADSE, en una maniobra que hace pensar a las organizaciones de pacientes que volverán los problemas de acceso. El viernes pasado, el Ministerio de Salud anunció la disolución de 15 organismos que formaban parte de su estructura organizativa, incluyendo la oficina que tramita tratamientos para enfermedades graves, en especial oncológicas.

De acuerdo a lo que trascendió, en el último día del 2024 dejaron de funcionar la Dirección de Géneros y Diversidad, la Dirección Nacional De Recursos Físicos, la Dirección de municipios y comunidades saludables, la Dirección de Investigación en Salud, la Dirección de Interoperabilidad, Estándares y Desarrollo, Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud, Coordinación de Equipamiento Médico y de Arquitectura Sanitaria, Coordinación De Salud Familiar y la DADSE. También, la Coordinación De Uso Apropiado De Antimicrobianos, la Coordinación De Zoonosis, la Dirección de Integración de Información Sanitaria, la Coordinación De Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios y la Coordinación se Tuberculosis y Lepra, la Coordinación De Hepatitis Virales.

Desde este espacio, sus trabajadores emitieron un comunicado, se expresaron por una “defensa de una salud pública inclusiva, accesible y de calidad, que se ve atacada día a día con el recorte presupuestario en distintas áreas y con el intento de privatización que avanza en forma continua”.

“La decisión tomada por el gobierno pone en riesgo la continuidad de los tratamientos, la entrega de medicación, la realización de estudios, exponen a toda la población a enfermarse y retrocede en los compromisos internacionales asumidos para combatir estas enfermedades prevenibles y tratables”, agregaron.

En este sentido, recordaron que la tuberculosis, una enfermedad directamente ligada a la pobreza, “está en aumento en Argentina, en 2023, hubo 14.914 casos, en 2022, fallecieron 733 personas por esta enfermedad”.

Además de los problemas sanitarios generados por las políticas del gobierno, en FESPROSA temen que este ajuste vaya seguido de un aumento del clima represivo.

“Hay indicios que se está avanzando hacia una ideología de represión, de premiar al gatillo fácil, de procesamiento a los que luchan, no sólo lo vemos en la Ciudad de Buenos Aires cada vez que hay una movilización y la actitud de violencia que tienen las fuerzas de seguridad, sino además se ve en distintas provincias”, sostuvo al respecto Boriotti.

En Santa Fe, esto que relata la titular de la federación médica pudo verse con la persecución a dirigentes estatales que marcharon contra la reforma previsional aprobada por el gobernador Maximiliano Pullaro, y que incluyó la detención de al menos cinco de ellos.

“Las detenciones y procesamientos no son al azar, se realizaron allanamientos en la casa de estos compañeros estatales, con enorme violencia contra sus familias, es algo inaudito”, recordó Boriotti, que es referente del SIPRUS, el sindicato de profesionales de la salud de Santa fe, que también se opuso y marchó contra la reforma.

En su mensaje de fin de año, el presidente Milei adelantó que mantendrá el rumbo, y lo profundizará. En su publicación prometió “seguir mejorando los indicadores sociales se requiere de crecimiento económico, y para ello seguiremos bajando la inflación, reduciendo el riesgo país, reduciendo el gasto público para poder quitar impuestos, continuando las reformas estructurales y desregulando para ganar libertad y, sobre todas las cosas, respetando la vida, la libertad y la propiedad”.

Esto anticipa que la motosierra no se detendrá, y la represión que la acompaña tampoco. “Esta actitud represiva, que van en paralelo a las reformas que se intentan imponer, muestra obscenamente como se pretende disciplinar y atemorizar a quienes intentan frenar esta juste brutal que cae contra un sector, el de los trabajadores y trabajadoras del país”, recalcó Boriotti, que adelantó que “sin duda tenemos que seguir estando en la calle para enfrentar estas políticas de ajuste, para frenarlo. Esa es la convicción”.

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