Por Fernando Cabrera (Presidente de Fundación Argentina Segura y Responsable de Seguridad de La Libertad Avanza Lanús)//// En las últimos días, nuestra comunidad de Lanús ha sido nuevamente víctima de un preocupante aumento de entraderas, las que ya pasan más de 20 por mes y que venimos informando hace meses.

A esto se suma, el reciente robo armado de 50 medias reses, parte de una ola de delitos bajo la modalidad de piratería del asfalto.

Estos hechos, que implican pérdidas económicas y humanas significativas, reflejan la acción de bandas organizadas con altos niveles de planificación y recursos logísticos.

Estas operaciones delictivas no son improvisadas: involucran camiones para el transporte de mercadería, galpones equipados con dispositivos cortaseñales, y vehículos destinados a vigilancia y seguimiento de objetivos.

Las pérdidas para el sector superan los 400 millones de pesos, según las cámaras empresariales, y ponen en jaque tanto a la seguridad de los trabajadores como a la confianza del consumidor en la trazabilidad y salubridad de los productos.

Sin embargo, lo más alarmante no es solo la gravedad de estos delitos, sino la total falta de respuesta y coordinación entre las autoridades responsables.

Tanto el Gobernador, como el ministro de Seguridad, el intendente y el secretario de Seguridad de Lanús han eludido responsabilidades, recurriendo a un constante "tirar la pelota" entre las distintas esferas de gobierno.

Mientras tanto, las pérdidas económicas, el miedo en la comunidad, y el riesgo para la vida de los trabajadores siguen aumentando.

Lanús cuenta con 1080 cámaras de seguridad, 80 móviles de Seguridad Ciudadana, y una Fuerza Barrial de Aproximación enviada por el Gobernador. No obstante, estos recursos brillan por su ausencia en la prevención y resolución de estos delitos.

 Los vecinos ven diariamente cómo robos de esta magnitud ocurren sin que estas herramientas tecnológicas o el despliegue policial hagan alguna diferencia significativa.

Además, resulta preocupante que estos hechos no trasciendan al conocimiento público debido a que son investigados por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), bajo protocolos de discreción que dejan a los vecinos en la incertidumbre.

 Esta falta de transparencia no solo genera mayor desconfianza, sino que también impide que la comunidad se organice para exigir soluciones a una problemática que afecta directamente su seguridad y su calidad de vida.

Desde la Fundación Argentina Segura y La Libertad Avanza Lanús, proponemos dos enfoques de solución:

- De manera local, es imprescindible que las autoridades municipales implementen un sistema de control efectivo y transparente sobre los recursos existentes, como las cámaras de seguridad y los móviles de Seguridad Ciudadana.

Esto debe ir acompañado de la conformación de un comité de crisis que trabaje en coordinación con las fuerzas policiales y con representación vecinal para garantizar la vigilancia activa en las zonas más críticas. Además, se debe mejorar la logística de la Fuerza Barrial de Aproximación para que su presencia sea disuasoria y efectiva.

- A nivel federal, consideramos necesaria la intervención de fuerzas federales, como Gendarmería y Prefectura, en operaciones conjuntas con las fuerzas locales. Esto permitiría reforzar las tareas de patrullaje y control en rutas y puntos estratégicos del municipio, así como desarticular las organizaciones delictivas responsables de estos hechos.

La presencia de fuerzas federales debe estar orientada a investigar y neutralizar las redes de piratería del asfalto, atacando su estructura logística y financiera.

La seguridad de los ciudadanos no puede seguir siendo víctima de disputas políticas, burocráticas y secretismos injustificados.

No venimos a prometer, venimos a cumplir donde ellos fallaron a exigir acciones concretas que restituyan la tranquilidad en nuestra comunidad, combatan estas organizaciones delictivas, y eviten que continúen generando pérdidas monetarias y humanas irreparables.