

Con el desgaste de la administración de Carlos Saúl Menem y el quiebre de egos políticos, en 1999 asumió la presidencia Fernando de la Rúa tras crearse La Alianza, un acuerdo entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario (Frepaso).
La Alianza, que desde sus primeros pasos demostró su incapacidad de gobernar, enfrentó un clima enrarecido por las dificultades sociales y económicas, que funcionaban como una olla a presión. En este contexto, el vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez renunció a su cargo en octubre de 2000, profundizando la crisis política del país. Este hecho destacó un momento vergonzoso dentro de un clima conflictivo: el supuesto pago de coimas para la aprobación de propuestas, entre ellas la reforma laboral de 2000, que desreguló el mercado de trabajo. Aquella norma, conocida como "Ley Banelco", marcó el principio del fin de la Alianza por el escándalo de sobornos en el Senado y la mencionada renuncia de Álvarez.
En diciembre de 2001, durante el gobierno nuestro pais vivió uno de los episodios más críticos y violentos de su historia reciente. A pesar de las alarmas que habían sonado años antes, los intereses económicos, políticos y mediáticos fingieron no oírlas.
La crisis económica, social y política, gestada durante años, culminó en un estallido social que dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del país.
Esta cadena de desaciertos comenzó con una sucesión de ministros de Economía: José Luis Machinea (10 de diciembre de 1999 al 5 de marzo de 2001) y Ricardo López Murphy (5 de marzo al 20 de marzo de 2001). Luego, Domingo Cavallo asumió el 20 de marzo del mismo año tras el breve paso de López Murphy, quien estuvo solo 15 días en el cargo quien es desplazado de manera bochornoso.
Una de las medidas más controversiales implementadas por Cavallo fue el tristemente célebre "corralito", que el 2 de diciembre de 2001 restringió la extracción de dinero en efectivo de los bancos. Esta decisión golpeó severamente a las clases media y baja, afectó la cadena de pagos y fue el detonante inmediato del estallido social. Durante este periodo, se estima que cerraron unas 140 PYMEs y micropymes, lo que generó la pérdida de aproximadamente 1.5 millones de puestos de trabajo.
La crisis económica se caracterizó por una recesión prolongada, altas tasas de desempleo y una caída drástica en la demanda interna. Las PYMEs, fundamentales para la economía argentina por su capacidad para generar empleo, se vieron gravemente afectadas, mientras miles de personas comenzaron a manifestarse en distintos puntos del país.
El estallido social comenzó el 19 de diciembre de 2001, cuando el presidente Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio en un intento por controlar la situación. Sin embargo, esta medida solo exacerbó la ira de la población. Miles de personas salieron a las calles en todo el país, especialmente en Buenos Aires, para manifestar su descontento bajo el lema:
El 20 de diciembre, las protestas se intensificaron y se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La represión fue brutal, con un saldo de al menos 39 muertos y cientos de heridos. Los saqueos a supermercados y comercios se multiplicaron, reflejando la desesperación de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La presión social y la violencia en las calles llevaron a la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, quien abandonó la Casa Rosada en helicóptero el 20 de diciembre. Este suceso marcó el inicio de un período de inestabilidad política, durante el cual cinco presidentes se sucedieron en menos de dos semanas.
Por estos hechos, con distintos grados de responsabilidad, la justicia procesó a 17 personas, entre ellas funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad como Enrique Mathov, Rubén Santos, Raúl Andreozzi, Norberto Gaudiero, Carlos José López, Roberto Juárez, Gonzalo Firpo Castro, Víctor Belloni, Omar Bellante y Eugenio Figueroa. Este proceso judicial, inicialmente conocido como la "Masacre de Plaza de Mayo", con el tiempo se transformó en el "juicio olvidado".
Los acontecimientos de diciembre de 2001 dejaron una profunda huella en la sociedad argentina. La crisis evidenció las fallas estructurales del sistema económico y político del país, pero también subrayó la capacidad de movilización y resistencia de la población. A más de dos décadas de aquellos hechos, las consecuencias de esa tragedia aún resuenan en la memoria colectiva.
En las políticas públicas actuales persisten las mismas incertidumbres y vicios que, de manera pendular, destruyen sistemáticamente a generaciones enteras.
Estos son los nombres y lugares de fallecimiento de las víctimas:
Buenos Aires: José Vega (19 años), Carlos Manuel Spinelli (25 años), Damián Vicente Ramírez (14 años), Ariel Salas (30 años), Pablo Marcelo Guías (23 años), Roberto Gramajo (19 años), Víctor Ariel Enríquez (21 años), Cristian Eduardo Legembre (20 años), Diego Ávila (24 años), Mariela Rosales (28 años), Julio Hernán Flores (15 años), Maximiliano Tasca (25 años), Cristián Gómez (25 años), Daniel Matassa (23 años).
Ciudad de Buenos Aires: Jorge Cárdenas (52 años), Rubén Aredes (24 años), Carlos "Petete" Almirón (23 años), Gastón Marcelo Riva (30 años), Diego Lamagna (26 años), Gustavo Ariel Benedetto (23 años), Alberto Márquez (57 años).
Córdoba: David Ernesto Moreno (13 años), Sergio Miguel Ferreyra (20 años), Sergio Pedernera (16 años).
Corrientes: Ramón Alberto Arapi (22 años).
Entre Ríos: Rosa Eloísa Paniagua (13 años), Romina Iturain (15 años), José Daniel Rodríguez (25 años).
Río Negro: Elvira Avaca (46 años).
Santa Fe: Graciela Acosta (35 años), Graciela Machado (41 años), Rubén Pereyra (20 años), Miguel Pacini (15 años), Yanina García (18 años), Ricardo Villalba (16 años), Walter Campos (17 años), Juan Alberto Delgado (17 años), Claudio "Pocho" Lepratti (35 años).
Tucumán: Luis Alberto Fernández (27 años).
Mis cariños y respetos a todos los familiares y amigos de las víctimas.