Por: Diego Lanese

Las dos marchas de la comunidad universitaria de las postales más importantes de la resistencia colectiva contra el plan motosierra, como se simboliza el brutal ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei, que en su discurso en cadena nacional defendió fervientemente.

Pero para docentes, trabajadores, rectores y estudiantes este plan es un intento “de terminar con la educación pública y gratuita”, y primer paso para avanzar en su privatización. Por eso salieron por miles a la calle, para frenar el plan y lograr los recursos necesarios para terminar el año.

Pero el conflicto además tuvo otros condimentos, como la pelea por las auditorías y los aumentos salariales a la baja, que hicieron que se produzca la pérdida del poder de compra más importante en las últimas décadas. Por eso, además de las masivas movilizaciones, hubo tomas en casi todas las facultades, y los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales llevaron adelante cerca de una docena de paros, además de acciones de visibilización respecto de la crisis generada por las políticas libertarias.

Lejos de solucionarse, la tensión sigue vigente, y podría crecen en 2025, porque el gobierno está dispuesto a seguir con su ajuste. Además, hubo críticas por la idea de arancelar a estudiantes extranjeros.

El reclamo de las universidades, sus gremios, autoridades y estudiantes se llevó a cabo bajo el lema “Sin salarios, ni presupuesto no hay educación”, con el acompañamiento todos los sectores sociales y políticos.

El 23 de abril se realizó la primera marcha universitaria del país, la más masiva de la era Milei. Según los organizadores, participaron más de 800 mil personas, que reclamaron por el presupuesto correspondiente "para que las luces de las aulas no se apaguen y el hijo de obrero pueda concluir su trayecto profesional".

El gobierno nacional respondió la realización de auditorías en todas las casas de estudio para revisar las cuentas y gastos. Luego, con el correr de los meses continuaron los reclamos y se convocó a una movilización el 2 de octubre, en la emblemática Plaza del Congreso.

Esta manifestación se enmarcó dentro de un contexto nacional en el que los estudiantes y docentes de diversas universidades públicas se congregaron para exigir la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.

Este evento no solo se limitó a la Ciudad de Buenos Aires, sino que también tuvo movilizaciones en las principales ciudades de Argentina, evidenciando la magnitud del descontento y la necesidad de hacer escuchar sus reclamos. Por dos semanas mantuvieron paros y tomas hasta que levantaron el reclamo, debido a que se alcanzó una suba presupuestaria del 6,8 por ciento.

La Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires. Enormes columnas llegan al Congreso #UniversidadPúblicaSiempre pic.twitter.com/GLlSO4KVW3

— CONADU Histórica (@CONADUHistorica) October 2, 2024

“El primer año de gobierno de Milei es el año del ajuste más grande sobre la educación pública y la universidad en particular en los últimos 30 años”, sostuvo Luis Tiscornia, referente de CONADU Histórica, gremio que integra el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

En este contexto, recordó, muchas casas de estudio “estuvieron a punto de cerrar porque en abril no se podían pagar los servicios, por un ajuste totalmente irracional que puso en peligro el funcionamiento del sector”.

Ante esto, destacó Tiscornia en diálogo con Política del Sur, “los gremios, autoridades y estudiantes nos pusimos de pie, y ese famoso 23 de abril nos movilizamos en todo el país y logramos que el gobierno tenga que abrir la mano por lo menos para mantener las universidades abiertas”.

Durante el año el frente tuvo que estar movilizado ante el avance de los recortes, y con la segunda marcha “le pusimos límites de alguna manera para su plan privatizador”. Para Tiscornia, “un gobierno fanático del mercado quiere que la educación sea una mercancía que se compra y se vende. Ese es su modelo que pretenden”.

En la cuestión salarial, “tenemos unos 60 puntos nuestros sueldos por debajo de la inflación, la pérdida es inédita, lo que hace que muchos profesores y docentes estén hoy por debajo de la línea de pobreza”.

“Son las políticas de ajuste tradicional, que benefician a muy poquitos y perjudican a las mayorías, lo tiene que ir viendo la sociedad, esperemos haber aportado con nuestras movilizaciones, hemos aprendido que mientras esté este gobierno tenemos que estar alerta”, agregó Tiscornia.

En este tiempo, el propio Milei tuvo que prometer que no iba a arancelar la universidad pública, pese a esos intentos. Pero en ese camino, en diciembre se anunciaron cambios en el régimen migratorio que suponen la posibilidad del cobro de aranceles a extranjeros para el acceso a universidades nacionales y a los hospitales públicos, además del endurecimiento de las condiciones para el ingreso y los motivos de expulsión de los inmigrantes.

“En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa, al tiempo que aseguró que representará “una fuente de financiamiento para las casas de estudio”.

En la misma línea, aseguró que dispondrán del fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso, como mejor consideren.

Por otro lado, el funcionario anunció que incorporarán “más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia”.

📻@PabloPerazzi para @Radio_Eme sobre la decisión del gobierno de arancelar los estudios universitarios para extranjerxs.

"La medida contradice las leyes vigentes y desconoce que la incidencia de los estudiantes extranjeros sobre el total del alumnado es prácticamente nula" pic.twitter.com/QrPc3ypHiX

— Feduba (@feduba) December 4, 2024

En el caso de las universidades, la reacción inmediata fue de rechazo, pro la inconstitucionalidad del cobro, y por la acción “discriminatoria” de la propuesta. “Como todas las cosas a las que nos tiene acostumbrados Manuel Adorni, se trata de otra de sus mentiras”, criticó Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).

En diálogo con Política del Sur, el dirigente dijo que “la decisión de arancelar el ingreso a los extranjeros que quieran cursar las universidades públicas argentinas es una falsedad”.

“Como hasta al día de hoy, los extranjeros no van a pagar absolutamente nada, porque para cursar en una universidad pública argentina es requisito tener el DNI argentino y ser residente en la Argentina”, recordó Ricci.

En el mismo camino, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUBA) expresó su rechazo a este cambio, y advirtió sobre la “inconstitucionalidad de la medida”.

El gremio centró su rechazo en “lo discriminatoria que sería una medida de esta naturaleza, que además consideraron ilegal”. FEDUBA calificó la iniciativa como “una estrategia política que busca dividir a la sociedad, fomentando enfrentamientos y promoviendo un discurso individualista”.

“Se pretende instalar un sentido común del ‘sálvese quien pueda’, contrario a los valores de igualdad y solidaridad que caracterizan a las instituciones públicas argentinas”, señalaron.