Por Fernando Cabrera (Presidente de Fundación Argentina Segura y referente de Seguridad de La Libertad Avanza en Lanús) /// La política de seguridad en Lanús está en ruinas, y los hechos recientes lo demuestran con dolorosa claridad. Hace apenas unos días, un agente de seguridad ciudadana fue víctima de un abuso sexual mientras se encontraba en plena vía pública, exponiendo las profundas fallas de un sistema que envía a civiles desarmados e indefensos a realizar tareas propias de las fuerzas policiales.

Esta tragedia no es un hecho aislado. Es el resultado predecible de una gestión irresponsable que pone en riesgo la vida y la dignidad de los trabajadores en su intento por ofrecer una “apariencia” de seguridad. ¿Qué esperan las autoridades municipales que puedan lograr una persona sin formación, armamento ni respaldo, frente a un entorno dominado por el delito y la violencia?

El precio de la improvisación: vidas arruinadas

La agente agredida no solo fue abandonada por un sistema que debería protegerla, sino que su caso revela una cruda realidad: estos trabajadores son enviados a la calle como carnada, sin las herramientas ni la preparación necesaria para enfrentar el peligro. Este hecho se suma al ataque brutal que sufrió otro agente en el barrio Acuba, golpeado por delincuentes mientras patrullaba. Ambos casos son el resultado directo de un modelo de seguridad pública que prioriza el espectáculo sobre la eficacia.

Un sistema diseñado para fallar

En Lanús, los llamados agentes de seguridad ciudadana trabajan bajo condiciones deplorables. Contratados con sueldos bajos y contados derechos laborales básicos, estos civiles son obligados a asumir tareas que exceden sus capacidades.