Por: Diego Lanese

En silencio y sin mayores estridencias, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri comenzó su gestión con varias medidas similares a las nacionales. El titular de la gestión de CABA comenzó achicando el gasto, y de alguna manera apoyó como el PRO el plan motosierra de Javier Milei, que se lleva “la marca” con sus formas radicales y sin miramientos y deja que el ex intendente de Vicente López avance en su programa.

Ejemplo de eso fue el intento de imponer una versión local del protocolo “anti piquetes”, con una cláusula judicial que castiga la reincidencia penal, abriendo la puerta a la detención de dirigentes sociales y sindicales.

A esto se le suma un proyecto de trasladar los tribunales del Trabajo a la jurisdicción porteña, y así tener una fuerte incidencia en las decisiones del ámbito laboral. esto es un viejo anhelo del PRO, que desde que asumió Mauricio Macro coquetea con esta idea, pero sigue sin lograr los consensos para ese paso.

Para los gremios, la propuesta busca tener mayor injerencia en los fallos laborales, y es “inconstitucional”, porque la Ciudad de Buenos Aires no está reconocida como una provincia más.

Con la presencia del ministro de Justicia Gabino Tapia, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires discutió la semana pasada el proyecto del oficialismo que busca trasladar el fuero laboral a jurisdicción porteña. La iniciativa es un viejo anhelo del PRO desde que llegó al gobierno de CABA, y tuvo algunos límites por parte de la Corte Suprema de Justicia.

En campaña, Jorge Macri insistió que buscaría el traslado, y con el tratamiento de este proyecto aceleró esta propuesta, que desde siempre cuenta con el atraso de los distintos sectores sindicales.

Pablo Kleiman, coordinador del Espacio Jurídico de la CTA Autónoma de Capital Federal, confirmó la postura contraria de la central obrera, y recordó que “la Constitución Nacional es muy clara en su artículo 75 en cuanto expresa que le corresponde al Congreso dictar los códigos de fondo y que solo pueden aplicarlos los tribunales federales o las provincias”. “CABA no es una provincia, por eso cada vez que la Constitución la nombra dice ‘las provincias y la Ciudad de Buenos Aires’, si CABA fuera una provincia, no habría necesidad de aclararlo”, le explicó a Política del Sur.

🔵 LA CGT SE EXPRESA NUEVAMENTE EN CONTRA DEL TRASPASO DEL FUERO LABORAL pic.twitter.com/PeI7UindQD

— CGT (@cgtoficialok) October 10, 2024

Kleiman insistió en este argumento: “CABA podría convertirse en provincia si el Congreso dicta una ley, pero no es el caso. Cada vez que se creó una provincia se hizo por ley del Congreso”.

Así, recordó, “en 1951 por la ley 14.037, se provincializó el Chaco y La Pampa.  En 1953, por ley 14.294 se provincializó Misiones.  En 1955, por ley 14.408 se provincializaron los territorios nacionales de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En 1990, por Ley 23.775, la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

En tanto, la CGT mediante un documento reciente, marcó que “esta agilidad podría favorecer a los empleadores en detrimento de los trabajadores”, al afirmar que el cambio propuesto “solo busca satisfacer las necesidades del patrón” y no proteger a la “parte más débil del eslabón”.

“El fuero laboral es un pilar histórico en la defensa de los derechos laborales y sociales, un sistema establecido por Juan Domingo Perón para resguardar las conquistas de los trabajadores”, agregaron, y apuntaron a los grandes capitales y empresarios, quienes “verían en esta reforma una vía para operar sin las limitaciones que, actualmente, les impone la Justicia laboral”.

En la Ciudad de Buenos Aires creen que el proyecto será aprobado por los legisladores, aunque asumen que habrá resistencia de Nación para firmar un convenio de transferencia. Lo mismo pasa con los gremios, que asumen que se opondrán, no importa su orientación.

La clave, dicen diversas versiones, será como en otras cuestiones la Corte Suprema de Justicia. “La pretensión de la CABA de tener un fuero laboral no es nueva. Desde hace muchos años intenta o bien vía de traspaso, o bien como ahora, con la creación de juzgados laborales propios”, recordó Kleiman.

Para el especialista de la CTA Autónoma, con la misma lógica que piden esto “podría reclamar que se debata en su ámbito materias civiles, comerciales, penales o de seguridad social”. Sin embargo, aclaró, “nunca ha demostrado interés por tramitar divorcios, accidentes, sucesiones, o delitos, solo por nombrar algunos ejemplos. Cabría preguntarse el motivo de su obsesión solo con relación a la justicia laboral”.

NO AL TRASPASO DE LA JUSTICIA LABORAL A LA CABA. LOS TRABAJADORES LE DECIMOS NO A UN NUEVO INTENTO DE VULNERAR NUESTROS DERECHOS pic.twitter.com/Rb9sNuImRW

— Mara Fernandez (@FernandezM61023) October 11, 2024

Por último, Kleiman consideró oportuno mencionar que “si se llegase a aprobar el proyecto de ley para la creación de dichos juzgados laborales, va a producir dos efectos negativos e indeseados: Por un lado, habrá una lluvia de planteos de inconstitucionalidad –lo que hará que se demoren aún más los juicios laborales ya que se perderán años discutiendo el fuero-; y por el otro habrá un dispendio innecesario de dineros públicos”.

En el primero de los casos es clave el tema de la equiparación a las provincias. “En la constitución nacional surge evidente y en forma reiterada en nuestra Carta Magna que la Ciudad no es una provincia”, insistió.

De la misma forma, la CGT reafirmó su compromiso de “proteger los derechos laborales y advirtiendo que no permitirá que se avasallen las garantías de los trabajadores. No vamos a permitir que se nos quite lo que tanto nos ha costado lograr”. Este no es el primer intento de trasladar el fuero, que fue establecido hace 80 años por Juan Domingo Perón. Iniciativas similares se habían presentado durante los años 90 bajo el gobierno de Carlos Menem y en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri.