Por: Diego Lanese

Cuando comenzaron los despidos masivos en el Estado nacional, en los primeros meses de gestión de Javier Milei, en el ANSES se colocaron carteles en los escritorios vacíos, que antes ocupaban alguno de los cesanteados. “Acá falta un compañero”, recordaban los trabajadores, tratando de concientizar los efectos que genera la salida de un empleado estatal.

A casi un año de gestión libertaria, las sillas sin ocupar se siguen multiplicando, y se espera que hasta fin de año la ofensiva contra los organismos públicos se mantenga. “Lo peor está por venir”, suelen anticipar en los pasillos de la administración pública nacional, respecto al ajuste que se aplica.

La motosierra no solo apela a los despidos, sino además a otros instrumentos que están generando una fuga de trabajadores altamente calificados que cumplen funciones claves en áreas sensibles del sector público, como los planes de retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas y las privatizaciones, que obligan al personal a reubicarse de forma arbitraria.

El plan de achicamiento brutal del estado se completa con un importante atrasa salarial, que hace que para sostener a sus familias muchos estatales deban emigrar al sector privado, dejando a los organismo y oficinas públicas diezmadas, sin capacidad de atender las necesidades de la población.

La última medida que potencia la motosierra del presidente en el Estado es la idea de jubilar a unos 10 mil trabajadores con edad de sumarse al beneficio.

Para esto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado instruyó a las entidades del sector público a “intimar a los empleados que cumplan con las condiciones legales para iniciar los trámites de jubilación en un plazo no mayor a 30 días”.

De esta forma, se espera achicar aún más la plantilla de empleados, que según un informe en los primeros 9 meses de la gestión libertaria ya expulsó por estos mecanismos a más de 33 mil trabajadores. Ante esto, los gremios criticaron la medida, y relativizaron el impacto.

“Primero este gobierno tira números que son de difícil comprobación, no sabemos de dónde sacó esta cifra”, le dijo a Política del Sur un dirigente de ATE de un organismo público, que afirmó que “es difícil saber cuántos estatales están en edad de jubilarse”.

La ley obliga al estado como empleador a notificar al trabajador de esta situación, pero no está claro si puede obligarlo a jubilarse. “Ya hicieron algo similar a fines de marzo, pero no hubo casi repercusión, así que no vemos que esta vez sea distinto, a menos que saquen alguna resolución complementaria”, agregó. 

📢Esta medida, como el 99% de los anuncios del Gobierno, ya existía con anterioridad. Es una estrategia de anuncios efectistas que cada vez les funciona menos”, señaló Rodolfo Aguiar.

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— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) October 23, 2024

Desde que llegó Milei a la Casa Rosada, se pusieron en marcha planes de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, que fueron escasamente aceptados. Pero en organismos donde circulan muertes versiones de privatización o cierre, algunos trabajadores prefieren salirse antes de quedar en medio de esa puja.

“Estamos perdiendo empelados con años de experiencias, capacitados para resolver tareas importantes en sectores como discapacidad, desarrollo social o salud, que deciden buscar mejor suerte en otros sectores”, dijo otro dirigente estatal, que comparó el éxodo de los empleados públicos con “la fuga de cerebros que se vive en la ciencia o las universidades por el ajuste presupuestario y el hostigamiento libertario”.

La jubilación masiva de empleados públicos se produce pocos días después de que el gobierno anunciara la disolución de la AFIP, el despido de más de 3 mil empleados y la creación de un organismo más pequeño, con trabajadores que recibirán sueldos más bajos.

De este modo, Federico Sturzenegger, responsable del área de desregulación, implementa lo que denomina “deep motosierra”, un enfoque que implica más recortes y ajustes en la planta pública. Por esta realidad, sumado a las privatizaciones que comenzarán a darse en breve según anticipan en los pasillos estatales, hay organismos que están seriamente dañados en su capacidad de gestión.

Muchos recuerdan los despidos masivos en las líneas de atención a víctimas de violencia de género, o el cierre de programas de salud por falta de recursos. A esto se le puede sumar el traspaso de hospitales nacionales a las provincias, que mermaría su capacidad.

Otro factor que alimenta el ataque al Estado es el atraso salarial, que hace que muchos empelados piensen en dejar sus cargos, incluso luego de años de experiencia.

En su reciente informe mensual sobre salarios y canastas de consumo, los trabajadores del INDEC afirmaron que “en un contexto donde el gobierno nacional sigue ajustando brutalmente, a través del despido de trabajadores y del congelamiento de sus salarios, el desfinanciamiento de la educación y salud pública, el desguace del Estado y un discurso oficial que genera un clima de violencia, se dieron a conocer las nuevas variaciones del IPC y las canastas a septiembre de este año”.

“Frente al 3,5 por ciento de variación del IPC, seguimos sosteniendo que el gobierno no tiene nada que festejar. Por el contrario, la caída del consumo de la sociedad es producto del declive del poder de compra de nuestros ingresos y de que, debido a esto, gran parte de la población se encuentra por debajo la línea de la pobreza. Lo cual nos interpela y debería poner en alerta a quienes hoy conducen los gremios y las centrales obreras”, afirmaron.

Según los datos del recorte, al que tuvo acceso Política del Sur, la perdida salarial de los estatales es del 48 por ciento, desde noviembre de 2015 a septiembre de este año. “El panorama para los trabajadores estatales es complicado si tenemos en cuenta que el salario de referencia de diciembre del 2015 (10.191 pesos), actualizado a septiembre 2024 debió ser de 1.051.088 pesos y no los insuficientes 538.487 pesos (sin incluir las sumas fijas de 4 mil pesos), según la grilla salarial del SINEP de septiembre del 2024”, denunció ATE-INDEC.

Comunicado del Frente de Gremios Estatales. Reunión en la Sede Central de UPCN.#UPCNBA#FabiolaMosqueraSecretariaGeneral pic.twitter.com/EFHcXXeAIh

— UPCN BA (@upcn_ba) October 23, 2024

Ante este panorama, hasta la dialoguista CGT reclamó el fin de los “ataques sistemáticos” a los estatales. Esta semana, el Frente de Gremios Estatales decretó el "estado de alerta y movilización" con una medida de acción directa ante las "sistemáticas agresiones" contra el sector público, y alertó sobre los riesgos de un "modelo especulativo" que "favorece a las grandes corporaciones financieras".

Así lo dispuso el frente sindical de los estatales en un encuentro que se realizó en la sede de UPCN para "generar acciones como consecuencia de la profundización de un escenario político, económico y social que agrede sistemáticamente la existencia del Estado", manifestó el sector en un comunicado.

Y alertó por "un escenario en el que se expresan dos modelos de país: uno especulativo que favorece claramente a las grandes corporaciones financieras y otro que propone producción, desarrollo y trabajo".

Además, el frente gremial denunció que los "ataques permanentes tanto al Estado como a las organizaciones sindicales, se deben a que esas instituciones son la última barrera contra la implementación de un capitalismo salvaje sin límites".

"Desde este Frente instamos a las demás organizaciones sindicales hermanas, a los movimientos sociales y a la dirigencia política y sus legisladores en particular, a efender los derechos laborales y sindicales", sostuvieron, al tiempo que afirmaron que "sin Estado no hay Nación".