Por: Diego Lanese

En una de sus conferencias matutinas, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno pretende realizar antes de fin de año un “examen de idoneidad”, para definir la continuidad laboral de unos 40 mil empleados del Estado nacional.

Se trata de contratados que en diciembre deben renovar su vínculo, y que antes deberán realizar esta prueba, que se hará de manera virtual y que definirá si se mantiene el puesto. Con el correr de los días se conocieron detalles de la propuesta, que fue rechazada por ATE y otros gremios de la administración pública nacional, que consideran que ya existen mecanismos para realizar este tipo de evaluaciones.

En el fondo, advierten, se trata de “otro atropello”, que podría abrirle la puerta a una nueva ola de despidos, como las que se dieron en abril y octubre, cuando se desvincularon cientos de contratados.

Un reciente informe confirmó que en lo que va del año, ya son más de 33 mil los trabajadores públicos que fueron cesanteados, ya sea por despidos directos, por planes de retiros voluntarios o por el cierre de los organismos, otra de las acciones que pueden traer más salidas de los organismos estatales.

Según se informó desde la Casa Rosada, este examen será parte de la rutina para todos aquellos que ingresen a partir de enero 2025. “La iniciativa forma parte de la política de racionalización del Estado”, subrayó Adorni, cuando anunció la propuesta, que sería online para evitar “cualquier tipo de subjetividad”, y su aprobación será un requisito para renovar los contratos en diciembre.

Según los que se informó en estos días, los criterios de idoneidad aún no han fueron definidos. Sin embargo, se espera que la evaluación incluya “aspectos esenciales relacionados con las tareas específicas que cada empleado desempeña”. Las distintas áreas del gobierno “trabajarán en conjunto para formular el test”.

En cuanto a la logística, el gobierno tiene previsto llevar a cabo unos 2 mil exámenes por día durante todo diciembre para evitar un colapso en el sistema de pruebas. Así, para fin de año, se habrá evaluado a los 40 mil trabajadores estatales que son alcanzados por la medida. Adorni anticipó también que la evaluación no solo aplicará a los empleados que se encuentran bajo contrato en la actualidad.

Un nuevo capítulo en el hostigamiento a los y las estatales. @madorni, el funcionario que más gente contrató en su superestructura de comunicación, anuncia un "examen de idoneidad."
No inventan nada nuevo, ya existían evaluaciones de desempeño en el Estado. Hablando de… pic.twitter.com/xLfXPSwtYE

— Daniel "Tano" Catalano (@DanielCatalano_) October 10, 2024

Para los sindicatos estatales, se trata de “un nuevo atropello”. “En el Estado ya hay mecanismo de ingreso y de promoción, que son los concursos de los trabajadores de planta, por lo que un nuevo examen para ver si se continúa en su cargo vulnera la constitucional estabilidad en el cargo en el empleo público”, le dijo a Política del Sur una fuente del Frente de Gremios Estatales, formado a comienzo de la gestión de Javier Milei para enfrentar su política de desguace del Estado nacional.

 Para este espacio, lo que se busca es “justificar nuevos despidos”, ya que son muchos los empleados que durante este año renovaron su vínculo laboral cada tres meses. “Quieren dejar a muchas personas en la calle”, insistieron desde el frente.

El gobierno ya había puesto en duda la continuidad laboral de los estatales, incluso aquellos con estabilidad, a partir de la creación del llamado Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad, que a partir de un decreto presidencial establece una escala para asignar un período de disponibilidad del personal que se pretende evaluar o que es parte de un organismo que se cierra o privatiza. Estas personas podrían ser despedidos incluso si son parte de la planta permanente del Estado.

En estos meses, a partir de los despidos o el desmantelamiento de diversos organismos del Estado, muchos estatales se quedaron sin trabajo. En este sentido, Política del Sur tuvo acceso a un recuento realizado por el Centro de Estudios de Política Económica (CEPA) que muestra el impacto de los despidos en el Estado nacional, que comenzaron desde el inicio del gobierno libertario.

El propio presidente Milei dijo que es un “topo” que viene a “destruir el Estado”, lo que se explica con los números. En los primeros nueve meses de gobierno libertario, afirmó el trabajo, “se observa una reducción de 33.504 puestos de trabajo de la administración pública nacional y de las empresas y sociedades del Estado. Esto es equivalente a una reducción de 9,8 por ciento”. Esto hace que los 309.849 trabajadores registrados por el gobierno nacional es el punto más bajo de la serie que se comenzó a analizar en noviembre del 2023, cuando se realizó la segunda vuelta electoral. En todo este tiempo la curva fue descendente.

En los primeros 9 meses de gobierno de Milei se observa una reducción de 33.504 puestos de trabajo de la administración pública nacional y de las empresas y sociedades del Estado. Esto es equivalente a una reducción de 9,8%. pic.twitter.com/KuRqekTHa1

— Centro CEPA (@ctroCEPA) October 9, 2024

Además de los datos duros, el centro CEPA especificó los organismos y dependencias que más sufrieron la sangría de empleados, ya sea por despidos, fin de contrato o retiros voluntarios, otra de los instrumentos utilizado por el gobierno para achicar la planta de empelados.

“Correo Oficial es, con diferencia, el sector más afectado, con una pérdida de 4.159 puestos de trabajo entre noviembre del 2023 y agosto del 2024”, dijo el reporte. Otras entidades “muy impactadas incluyen ANSES (1.370 empleos perdidos), AySA (1.325) y CONICET (1.084)”. En términos relativos, “el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el sector más afectado: -61,6 por ciento de personal”.

Otros sectores con fuertes reducciones son la Agencia de Publicidad del Estado (-48,8 por ciento) y el INCAA (-39 por ciento).

El examen de idoneidad puede profundizar esta situación. Además, muchos organismos todavía corren peligro de cierre o privatización. Como ejemplo de esto, esta semana renunció a la presidencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Juan Cruz Molina Hafford, que según trascendió se debió a las presiones desde el Ministerio de Economía para llevar adelante “un ajuste profundo en el organismo”. En el INTA se busca reducir en 900 puestos su plantilla de 6.700 empleados.