domingo 03 de noviembre de 2024 - Edición Nº2160

Gremiales | 9 oct 2024

SEGURIDAD SOCIAL

El Gobierno rompe la tregua con la CGT y desfinancia a sus obras sociales

La decisión de dar de baja la triangulación de aportes deja a muchas entidades sin cuantiosos recursos, que ahora pasarán al sector privado. Esto puede dejar “un tendal de entidades quebradas”. A esto se le suma las medidas que afectan a monotributistas. Alto perfil del ministro Lugones en sus primeros días de gestión.


Por: Diego Lanese

La cumbre que tuvieron los dialoguistas de la CGT con Guillermo Francos, jefe de Gabinete y encargado de las negociaciones políticas del gobierno, funcionó como una especie de tregua, ya que a partir de la reunión hubo cierta alma entre los gremios.

La promesa de una mesa que discuta los aspectos más filosos de la reforma laboral fue la concreción de ese impase, que hizo incluso pensar a los integrantes de la Mesa Nacional del Transporte, flamante nucleamiento de ocho organizaciones hasta ahora separadas, en levantar la protesta para el próximo 17 de octubre. Pero la paz duró poco.

Sorpresivamente el gobierno tomó una serie de medidas en el marco de la seguridad social que afecta a las obras sociales sindicales, que ya no podrán triangular aportes a las prepagas, lo que genera millones en recursos que ahora irán al sector privado sin escala. Esto, afirman algunos analistas, puede dejar “un tendal de quiebras” entre las entidades de salud.

A esto se le suman otras medidas polémicas del flamante ministro de Salud Mario Lugones, que levanta el perfil y llama la atención de la dirigencia gremial.

Desde que comenzó la gestión libertaria se toman medidas para desregular la salud, que trajo entre otras cosas una suba de las cuotas de las prepagas descontrolada, lo mismo que pasó con los medicamentos. ahora, otra resolución pone en jaque a la seguridad social: El gobierno nacional puso fin “a las intermediaciones de obras sociales fantasma a empresas de medicina prepaga”.

Esto permitirá que los beneficiarios puedan derivar sus aportes y contribuciones a una obra social o prepaga, “en forma directa y evitando las triangulaciones”, según establece la resolución 3284/2024, publicada en el Boletín Oficial.

La Superintendencia de Servicios de Salud determinó que, a partir del 1° de diciembre, todas las entidades comprendidas en el artículo 1 de la Ley 26.682, es decir las prepagas que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos de la seguridad social, deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS)”, explicó la cartera sanitaria.

Esto se suma a la decisión de crear el llamado Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), por la cual las prepagas “podían anotarse para recibir los aportes de manera directa”.

La triangulación era una forma que muchas obras sociales se mantuvieran abiertas sin ofrecer servicios. Muchas entidades decidieron hacer ese “pasamanos” y hacer que sus afiliados se atiendan con las prepagas directamente, pero quedándose con una parte de los fondos.

El gobierno quiere evitar esto, para lo cual impedirá la comercialización de los planes y aplicará las sanciones previstas en la Ley 26.682. “Muchas entidades son ‘sellos de goma’ que no ofrecen más que la intermediación, y se quedan con una parte de los recursos delos trabajadores”, le dijo a Política del Sur una fuente del sector, que admitió que muchas entidades “ganan millones con esta maniobra”. El problema es que las grandes empresas privadas se podrán quedar con esos afiliados, haciendo quebrar a las entidades sindicales.

“Los trabajadores quedarán al margen de esas empresas, porque nadie sabe quién pagará cuando las cuotas superen los descuentos”, agregaron las fuentes consultadas.

Esta medida se complementa con otra vinculada a la intervención de muchas obras sociales, que comenzaron a ser auditadas por las distintas entidades de control.  

El gobierno de Javier Milei intervino las obras sociales de Vareadores y del Personal Mosaísta, tras advertir diferentes irregularidades a través de auditorías. Además, se designaron administradores provisorios, hasta que el Poder Ejecutivo haga efectiva la intervención.

La Superintendencia de Servicios de Salud denunció desde falta de documentación obligatoria hasta ausencia de equipos interdisciplinarios para atender a los pacientes. Alberto José Curci Castro como administrador provisorio de la Obra Social de Vareadores, mientras que Martín Esteban Gutiérrez fue designado para la del Personal Mosaísta.

En tanto, con estas medidas el ministro Lugano, que lleva poco más de dos semanas en su cargo, eleva el perfil y se diferencia de su antecesor, Mario Russo, quien tenía gestión acusada de su bajo nivel operativo.

Esta semana, por ejemplo, se firmó un convenio con el PAMI para la compra y entrega de medicamentos oncológicos con el PAMI, un tema que generó mucha polémica. A comienzos de este año, bajo el argumento de la detección de irregularidades se suspendió la actividad de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que entrega tratamientos para personas en situación de vulnerabilidad.

Esto generó varias denuncias, en especial por la muerte de pacientes que dejaron de recibir sus fármacos. A partir de este convenio, “PAMI se convierte en un actor estratégico en la provisión de medicamentos de alto precio, no solo para sus afiliados sino también para todas las personas en situación de vulnerabilidad que lo necesiten”, según informaron.

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