Por: Diego Lanese

“Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Con esa frase, Roberto Dromi, ex ministro de Obras y Servicios de Carlos Menem presentaba el “decálogo menemista”, que daba inicio al proceso de privatizaciones más grande visto por la historia argentina. A partir de allí, bajo el paraguas de la Ley de Reforma del Estado 23 696 que se inmortalizó como “ley Dromi”, el gobierno argentino se desprendió de casi todas empresas de servicios públicos, de transporte y de otras actividades. Muchas volvieron a la órbita pública, como YPF o Aerolínea Argentinas, pero la matriz del país cambio para siempre.

Más de 30 años después, el gobierno de Javier Milei quiere transformar la Ley Bases en su “ley Dromi”, y en los últimos tiempos aceleró con el desguace del entramado de organismos estatales. En este caso hay tres posibilidades según el “decálogo libertario”: las empresas se venden, se transforman en Sociedades Anónimas o se cierra.

Los ejemplos de estas posibilidades sobran: la empresa de bandera aérea acaba de ser declarada “sujeta a privatización” pese a la falta de acuerdo del Congreso, el Banco Nación contrató una consultora para dejar de ser Sociedad del Estado, y esta semana se anunció el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano y la Casa de la Moneda. En todos los casos, los gremios resisten.

En medio el conflicto con los gremios aeronáuticos, el gobierno piso el acelerador para privatizar Aerolíneas Argentinos. Ante el fracaso de la discusión en el Congreso, mediante un decreto se declaró la empresa “sujeta a privatización”, primer paso a su venta. Esto despertó el rechazo de los trabajadores, que junto a la oposición había logrado sacar a la firma de la lista de autorizadas a pasar a manos privadas.

En la Ley Bases, se incluyó finalmente en la nómina de privatizadas o sujetas a concesión a Enarsa, Nucleoelétrica Argentina, Yacimientos Carboniferos de Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

La reglamentación dispone que el organismo en cuya jurisdicción se encuentre la empresa sujeta a privatización “deberá presentar un informe con una propuesta concreta de la modalidad más adecuada para hacer efectivo el procedimiento”. En el informe se deberá consignar “si la privatización es total o parcial; el procedimiento propuesto para la privatización; los plazos de convocatoria para interesados y su publicidad”. También se reglamentó el proceso de tasación de las empresas a privatizar y el inventariado de sus bienes.

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Con la reciente publicación del Decreto 873/2024, se inicia un nuevo capítulo en la historia… pic.twitter.com/TGQq6UbFdc

— APLA (@aplapilotos) October 2, 2024

La presión sacó a varias empresas claves, como el Banco Nación. Pero el gobierno de Javier Milei decidió buscar un artilugio legal para poder avanzar con su plan: transformar en Sociedades Anónimas las Sociedades del Estado, y así habilitar la participación de privados.

En el caso de la banca pública, se contrató a dos consultoras que comenzaron a asesorar a los directores para dar ese paso. La medida fue resistida por los gremios, que iniciaron una campaña de firmas para repudiar la posibilidad de sumar capitales privados al banco, que según explican cumple “un rol social” que no está entre los objetivos de la banca comercial.

En medio de la pelea, un fallo del Juzgado Federal N° 2 de La Plata, bajo la subrogancia del juez Alejo Ramos Padilla, puso un freno a este mecanismo con el cual el oficialismo pensaba avanzar con la venta del Banco Nación. El magistrado estableció que “ni el DNU ni la resolución 348 del Banco Nación facultan al Poder Ejecutivo a modificar la situación jurídica, un cambio que solo puede efectuarse mediante la sanción de una ley formal por el Congreso de la Nación”.

Esta aclaración se basó en la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, que en su versión original incluía “la posibilidad de privatizar la entidad bancaria, pero que finalmente fue modificada para excluir al BNA de dicha medida”. En el fallo, el magistrado destacó que “la voluntad del Congreso, reflejada en el debate legislativo, fue clara al decidir que el Banco Nación no debía ser sujeto de privatización”.

“El fallo es trascendental para el cumplimiento de las leyes en este país”, sostuvo Arturo Quiñoa, titular de la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), una vez conocida la decisión judicial. El dirigente marcó ante la consulta de Política del Sur que “el Directorio del Banco Nación estaba vulnerando la legalidad”, y coincidió con el juez del fallo: “Para poder modificar el status jurídico del banco sólo puede ser modificado por el Poder Legislativo”.

Luego de aprobación de la Ley Bases en la cámara de Diputados, hubo versiones encontradas sobre la inclusión o no del Nación en la lista de empresas a privatizar. Por eso, la APJBO alertó dela maniobra respecto del cambio de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima.

Otra empresa que podría avanzar en este proceso de cambio es Fabricaciones Militares, cuyos directivos ya avisaron a los trabajadores la transformación. Esta empresa, con plantas en varios puntos del país capaz de producir pólvora, municiones y otras formas de armamento, es una de las más avanzadas en su venta.

Es que desde ATE Córdoba, donde está una de las instalaciones principales, aseguran que hace unas semanas “funcionarios del Departamento de Estados de Estados Unidos visitaron la planta de Río Tercero, junto a empresarios interesados en invertir en la firma”.

En el día de hoy la Justicia Federal de La Plata resolvió que el Directorio del BNA no puede avanzar ni en transformar en S.A., ni en ningún intento privatizador, porque solo podrá ser tratado en el ámbito del Congreso.
Gracias a los compañeros y abogados que llevaron adelante la… pic.twitter.com/DUJ1KEunAy

— Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) September 25, 2024

Fuentes del gremio estatales le confirmaron a Política del Sur que no sólo está avanzada la transformación en Sociedad Anónima, sino que ya hay una empresa interesada en sumarse a la estructura.

“Se trata de una firma de la República Checa, que según sabemos, es proveedora de armas a Ucrania a través de la OTAN”. El dato es alarmante para la dirigencia de ATE, ya que “ubica al país en una mirada geopolítica unipolar, bien alineado con Estados Unidos, rompiendo la postura de neutralidad histórica de la Argentina”.

En todos los casos, hay incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores, otro aspecto que el gobierno de Milei desprecia. Según la información que circula, hay unos 100 mil trabajadores públicos en las empresas que el gobierno buscará desprenderse a través de estos tres mecanismos. Como en los 90 con la “ley Dromi”, para ellos la principal oferta es el retiro voluntario.

Según un informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentado ante la Cámara de Diputados, los retiros voluntarios y prejubilaciones en empresas estatales suman 6.280, con un costo total de 215 mil millones de pesos para el Estado (más de 200 millones de dólares). El Correo Argentino lidera el ranking de retiros voluntarios, con 2.986 empleados que se acogieron al plan.

Esto representa una reducción del 18,8 por ciento en su dotación, pasando de 16.775 empleados a 12.800. El costo total para el Estado es de 99.880 millones de pesos.