La Mesa Nacional del Transporte resolvió este jueves realizar un paro nacional de 24 horas el 17 de octubre, aunque la aprobación de la medida de fuerza se adoptará formalmente el 8 de octubre durante un plenario de comisiones directivas y delegados de los gremios del sector. La decisión se tomó en un encuentro realizado en la sede de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), presidido por el anfitrión, Juan Pablo Brey, y con la presencia de Pablo Moyano (Camioneros), Pablo Biró (pilotos), Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Caligari (UTA), Juan Carlos Schmid (Fempinra) y Raúl Durdos (SOMU).

El plenario previo al paro se trata de una formalidad, pero a los dirigentes de la Mesa Nacional del Transporte les permitirá “sondear a otros sindicatos del sector para que adhieran a la protesta”. Algunos eran partidarios de hacer asambleas de 4 o 5 horas, que provocarían demoras en el transporte, como una forma de comenzar con acciones graduales, finalmente ganó la posición más dura.

LA MESA NACIONAL DEL TRANSPORTE convocó a un plenario para el 8 de octubre, donde se pondrá a consideración un paro nacional para el 17 de octubre. pic.twitter.com/8Emd6Zr0ui

— La Fraternidad (@FraternidadArg) September 26, 2024

Se trataría de la primera acción conjunta que implementarán los gremios del transporte nucleados en la mesa nacional conformada días atrás y que reconfigura el esquema sindical del sector. De confirmarse la medida, podría convertirse derivar en la adhesión de una importante cantidad de sindicatos de otros ámbitos del escenario laboral.

“Los ejes de nuestros reclamos son tres: la falta de recomposición salarial; la libertad sindical y la defensa de la soberanía nacional sobre los distintos modos de transporte. La mesa se pronunció por la recuperación del salario de los gremios del transporte que perdieron en forma general el poder adquisitivo desde que asumió Milei”, señalaron en un comunicado.

Los gremios coincidieron en el diagnóstico sobre un incremento en la persecución dirigentes sindicales por parte del gobierno de Javier Milei, que “busca criminalizar la protesta social, que está amparada en la Constitución Nacional y en convenios de las máximas organizaciones Internacionales que regulan el trabajo”.