Por: Diego Lanese

Luego que en agosto pasado las autoridades del IOMA dieran de baja el convenio en 11 distritos con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), se intensificó una fuerte disputa entre la obra social provincial y la entidad profesional, que durante septiembre realizó dos cortes de servicios de 48 horas en rechazo a la iniciativa. 

Además, la dirigencia reclama “una deuda millonaria”, y acusa a la conducción encabezada por Homero Giles de “mentir” respecto de las negociaciones en este último tiempo, que consideraron “inexistente”.

La tensión promete seguir aumentando, por lo que FEMEBA pidió formalmente la intervención del gobernador Axel Kicillof, a través de un pedido de audiencia.

Desde IOMA desmienten las acusaciones, y hablan de un “negocio millonario” detrás del uso de fondos, además de otras irregularidades, como el aumento del llamado cobro indebido. Los sindicatos estatales, nucleados en el Consejo Consultivo Gremial, respaldan la postura oficial, y se reunirán hoy martes para hacer público esta posición. “Tienen a los trabajadores de rehenes”, dijeron desde el espacio, que aseguraron que quieren que se avance es la “política de contrataciones libres”.

La baja de los convenios del IOMA en 11 distritos del interior bonaerense disparó el nuevo conflicto. Junín, Rojas, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado dejaron de tener relación con FEMEBA, y se habilitó la posibilidad de nuevos acuerdos, lo que generó la protesta de la entidad, que esta semana pidió una audiencia con Kicillof.

“Señor gobernador, no escapa a su buen criterio que la mejor solución para resolver los conflictos es el diálogo, y es por eso que solicitamos a usted una audiencia a la brevedad, con el propósito de solucionar estas diferencias en beneficio de la salud de los afiliados bonaerenses de IOMA”, afirmó la carta presentada en mesa de entrada de la gobernación, a la que tuvo acceso Política del Sur.

“Entendemos que es su responsabilidad llevar tranquilidad a la población afectada por la medida antes mencionada”, destacaron en el pedido formal de audiencia. En el documento recordaron que el convenio de IOMA “tiene 60 años de vigencia”, y en ese tiempo “han existido etapas de armonía y diferencias que fueron solucionadas con la capacidad de diálogo de dirigentes de FEMEBA y funcionarios del gobierno provincial de distintos colores políticos”.

En septiembre hubo dos cortes de servicio de 48 horas para pedir por la deuda que mantiene el gobierno con el sector, y por la baja de los convenios. De esta forma, criticaron a Homero Giles, titular del IOMA, con quien se vienen cruzando públicamente por la falta de soluciones a los reclamos.

El titular de la obra social acusa a FEMEBA de defender “un negocio millonario” detrás del inicio del conflicto. Luego de la medida de fuerza, Giles publicó en sus redes sociales una serie de datos para acompañar esta idea.

“FEMEBA cortó servicios a IOMA. Motivo: defensa de negocio. Quizás estos números ayudan a entender su enojo. Es un negocio que en el primer semestre de este año les rindió más de 8 mil millones de pesos, dinero que no pagó a los médicos y por eso tenemos mal servicio en la provincia de Buenos Aires”, dijo el funcionario, que fundamentó esto en el siguiente razonamiento: “Alta rentabilidad por pagar menos, bicicletear pagos y mucho poder de presión por posición monopólica.

De manual, 70 años haciendo lo mismo. Pero fíjense que no somos los únicos que rechazamos ese modelo. Una prepaga top también les cortó convenio este año”.  Desde FEMEBA rechazaron esto y afirmaron que “hoy existe una profunda preocupación de los más de 80 mil afiliados de IOMA y de todos los trabajadores de la salud, quienes ven con incertidumbre el futuro de su atención y de su fuente de trabajo en los 11 partidos bonaerenses afectados”.

Ante esto, el Consejo Consultivo Gremial, espacio que reúne a los sindicatos de trabajadores estatales bonaerenses y que formula recomendaciones sobre el accionar de la obra social, anunció que tendrá hoy martes una reunión para analizar la situación y tomar postura al respecto.

En este sentido, fuentes consultadas por Política del Sur adelantaron que existe “mucho malestar” con la dirigencia médica, a quien acusa de poner a los trabajadores “de rehenes”. “Ojalá que no se renueve nunca más nada con FEMEBA, precarizó toda la vida, nos trató como trabajadores de cuarta y nos utilizó de rehenes para este conflicto que es un negocio que ellos tienen”, dijo uno de los integrantes de este consejo sobre el sentimiento que recorre a los integrantes del consejo.

Por eso, una de las posturas será apoyar “la política de contrataciones libres, con policonsultorios sin coseguros, ojalá se pueda ampliar”. Uno de los temas que rechazan los sindicatos estatales el cobro de coseguros y otras formas de los llamados cobros indebidos, reiteradamente denunciados por los afiliados.

Ayer y hoy FEMEBA cortó servicios a IOMA. Motivo: defensa de negocio. Quizás estos números ayudan a entender su enojo. Es un negocio que en el 1er semestre de este año les rindió más de $8 mil millones. Dinero que no pagó a los médicos y por eso tenemos mal servicio en la Pba. pic.twitter.com/jkubndXRHP

— Homero Giles (@homerogiles) September 13, 2024

Ante la magnitud de la crisis, legisladores de la oposición presentaron hace un tiempo un proyecto para declarar el “estado de emergencia” de la obra social, y una iniciativa para transformar la estructura de la entidad y darle mayor autonomía.

La misma medirá “los contratos con empresas proveedoras de insumos y materiales, convenios con profesionales y clínicas, gastos incurridos en los convenios suscriptos con la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados IOMA, y montos ingresados al instituto por la utilización de la marca identitaria”.

Además, se busca saber si los fondos que deberían girarse por los aportes de los trabajadores se hicieron “en tiempo y forma”. “La situación actual de la obra social es de una crisis sin precedentes”, dijeron los legisladores en los fundamentos del proyecto, que apunta a las autoridades nombradas por la gestión provincial, a quienes acusan de estar “absolutamente ideologizadas”.