Por: Diego Lanese

Con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado nacional aprobó la semana pasada la llamada Ley de Financiamiento Universitario, que mejora los recursos que la Nación debe girar a la educación superior. La propuesta unificó a la oposición, y logró torcerle el brazo al oficialismo, que mantiene un fuerte ajuste sobre las casas de estudio, en el marco de su plan motosierra.

En este sentido, una vez que se convirtió en ley el propio presidente Javier Milei adelantó que habrá “veto total” a la normativa, como se hizo con la nueva fórmula jubilatoria. La decisión, que se justifica con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, fue rechazada por gremios docentes y nodocoentes, que comenzaron contactos informales para acordar cómo seguirá el plan de lucha contra el ajuste libertario.

La dirigencia aseguró que ante esta decisión presidencial, se preparará una nueva “marcha masiva”, como la de abril pasado, cuando cerca de un millón de personas salieron a defenderla educación universitaria. El día de la aprobación la docencia se movilizó, y marcó su rechazo al “desfinanciamiento” de la universidad pública.

La norma denominada Ley de Financiamiento Universitario, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14 por ciento del PBI, equivalente a 738.595 millones pesos, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del PRO Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.

De acuerdo a la norma, “el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales”. Asimismo, se encomienda al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.

También indica que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC. Otro de los artículos busca garantizar “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”.

¡Conseguimos la aprobación de la LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO!

Cómo veníamos diciendo: Sin salarios dignos, no hay Universidad de calidad pic.twitter.com/HXkMRa3x7e

— Fedun (@FEDUNArgentina) September 13, 2024

El proyecto fue motorizado por la oposición unida, habiendo recibido media sanción hace un mes atrás en la cámara baja. Tal como pasó con el tema de jubilaciones, el Gobierno anticipó que vetará cualquier medida que considere atenta contra el equilibrio fiscal o no tiene determinado de dónde saldrán los recursos para su implementación.

Es por eso que se la flamante ley podría correr en manos del presidente Javier Milei la misma suerte que la Movilidad Previsional. Viene el oficialismo de una victoria en este sentido, al haber logrado sostener el veto en Diputados. “Veto total”, dijo en redes sociales Milei, contestando a las dudas sobre lo que se hará con la normativa.

“Casi el 90 por ciento de la cámara de Senadores aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que viene a dar una respuesta tanto al tema del presupuesto como de los salarios docentes y nodocentes de todo el país”, recalcó Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN). En diálogo con Política del Sur, el dirigente recalcó que el Congreso se hizo cargo de un tema “que abandonó el gobierno libertario”.

“Vemos con mucha preocupación que el presidente vaya a vetar la norma, lo repudiamos, porque nos parece que el presidente debería aceptar lo que resolvieron los representantes del Pueblo argentino”, agregó Ricci.

En la previa a la votación, la dirigencia de FEDUN realizó varias reuniones con senadores para reclamar que apoyen la normativa, la última de ellas con legisladores de Río Negro. Para el dirigente, la ley es “un reflejo de lo que se expresó en la marcha del 23 de abril, donde más de un millón de argentinos salimos a la calle a defender las universidades públicas”. En este sentido, Ricci sentencio que “si el presidente tiene que respetar a los argentinos y a la educación pública, valorada y apoyada por todos los ciudadanos del país”.

#UniversidadesNacionales #PresupuestoUniversitario
🔵SI HAY VETO, HAY MARCHA

Vamos a defender la democracia.

✔️NO AL VETO DE LA LEY JUBILATORIA
✔️NO AL VETO DE LA LEY DE PRESUPUESTO UNIVERSITARIO#SomosLaUniversidadPublica pic.twitter.com/Ev29IT7xa0

— CONADU (@PrensaCONADU) September 13, 2024

Durante las varias medidas que se vienen realizado para rechazar el mecanismo de paritarias que lleva adelante el gobierno nacional, dando aumentos arbitrarios por debajo de la inflación, se habló que la baja de ingresos “es histórica”, y se ubica entre el 50 y el 60 por ciento según los gremios.

Varios informes apoyan esta decisión. En su último reporte, el Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo (CETyD) destacó que los salarios de los trabajadores de las universidades nacionales “están atravesando un proceso acelerado de pérdida de poder adquisitivo ya que mientras que entre noviembre de 2023 y julio de 2024 la inflación fue del 136 por ciento, los salarios de docentes y no docentes universitarios crecieron 80 por ciento”.

El trabajo de esta entidad de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) se hizo para contestar a una publicación del Ministerio de Capital Humano, que habló de “una recuperación en su poder de compra por arriba del 70 por ciento”.

El trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, detalló que “al comparar con otros colectivos se observa que, mientras que entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario promedio de los trabajadores formales del sector privado perdió 2 por ciento de su poder adquisitivo y el de los empleados de la administración pública nacional se redujo 10 por ciento, en el mismo período la contracción fue del 24 por ciento para docentes y no docentes de las universidades”.

Como consecuencia de esta realidad, “el 92 por ciento de las y los docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza, al tiempo que el 87 por ciento con 10 años de antigüedad está en dicha situación”. En el caso de nodocentes, “el 79 por ciento sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza y el 63 por ciento con 10 años de antigüedad tiene un salario debajo de lo mínimo para subsistir”.