Los intendentes de Lanús y de Quilmes, Julián Álvarez y Mayra Mendoza, presentaron ante la Justicia un pedido de informe acerca de la actividad económica del Consorcio del Puerto de Dock Sud, con el objetivo de determinar la real incidencia de la logística del Puerto en ambos municipios. 

Ambos jefes comunales difundieron la presentación judicial a través de las redes sociales con un video en el que explican los daños que sienten que vienen sufriendo a partir de la logística del Puerto.

La solicitud de informe se da en el marco del conflicto abierto que La Cámpora, la agrupación a la que pertenecen ambos funcionarios, tienen con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Incluso, en el video que exponen las razones del reclamo, solicitan la intervención del Gobernador Axel Kicillof “para poder tener la compensación necesaria”.

 

 

 

 

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En su exposición, los intendentes le solicitaron a la Justicia la intervención de un perito contador que verifique los asientos contables y proporcione información sobre la actividad de las empresas, mercaderías, tasas y vehículos, entre otras cosas; y un perito informático que extraiga datos del sistema de las empresas y del Consorcio, incluyendo detalles de carga, descarga, distribución, control logístico, y rastreo satelital de vehículos.

"Comprendemos que es fundamental recopilar información detallada sobre las operaciones del Puerto a través de la documentación fiscal y logística que nos provean, a fin de evaluar  el perjuicio actual y futuro que produce la actividad del Puerto de Dock Sud sobre las calles de nuestros distritos", expresó Álvarez, quien además es el director regional del Consorcio. 

"Quilmes y Lanús son parte de la zona portuaria, por eso desde febrero de este año tenemos a Julián Álvarez como Director representante de ambos municipios. Nuestro reclamo es que se  considere el daño que hacen a nuestras calles, cableados, obras hidráulicas y hasta viviendas el paso de los camiones de toneladas mayores a las permitidas. Tenemos el acompañamiento de los vecinos y el compromiso del gobernador para intervenir y asegurar que no existan ciudadanos de primera y de segunda", destacó, por su parte, Mendoza. 

Y agregó: "Este no es un problema entre particulares, y mucho menos en contra de los vecinos de Avellaneda. Lo que buscamos es una reparación por los años de funcionamiento y ningún beneficio para la comunidad de Quilmes y de Lanús, de quienes transportan mercadería para la importación y exportación, tienen grandes ganancias y no cumplen con sus obligaciones básicas respecto a nuestros municipios. Queremos lo que nos corresponde, como lo tiene Avellaneda, y consideramos que el Gobierno provincial tiene que velar por la distribución de las ganancias del puerto en toda la zona portuaria, es decir, en Avellaneda, Lanús y Quilmes".