Por: Diego Lanese

Una vez que se dio media sanción a la llamada Ley de Financiamiento Universitario, que busca evitar el colapso de la educación pública por el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, los docentes y nodocentes adelantaron que si hay veto a la norma, como se insinuaba en esos días, se realizará una nueva versión de la gran marcha que a fines de abril congregó a casi un millón de personas en defensa de las casas de estudio.

Esta semana, cuando se trate la iniciativa en el Senado, los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales decidieron marchar, adelantando la propuesta, para respaldar la aprobación, que por ahora está en discusión.

A la movida se sumarán los rectores de todo el país reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y buscarán meterle presión a la Casa Rosada, que parece decidida a vetar la propuesta legislativa si se convierte en ley.

La movida será este jueves, para lo cual los gremios del espacio realizarán paros para aumentar la visibilidad del reclamo. Los sindicatos respaldaron el accionar del frente, y movilizan a la central obrera a un conflicto que tiene mucha penetración en la clase media argentina, generalmente alejada del accionar gremial.

El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que ya obtuvo media sanción en la cámara de Diputados, será tratado este jueves en el Senado y las proyecciones hablan de que podría ser sancionado.

Pero como pasó con la norma que mejora las jubilaciones, el presidente Javier Milei está decidido a vetarlo, en nombre del equilibrio fiscal. “Si la ley se aprueba y se veta, vamos a movilizar con toda la comunidad educativa como hicimos en abril pasado, copando la Ciudad de Buenos Aires”, ratificó una fuente del Frente Sindical de Universidades Nacionales ante la consulta de Política del Sur.

Antes que esto, habrá una movilización al Congreso, que será acompañada por otros espacios gremiales, estudiantes y toda la comunidad educativa. En ese marco, emitieron un comunicado donde se explicó que el espacio “realizó una evaluación de las medidas de protesta –con paros y jornadas de visibilización– realizadas en las últimas dos semanas y considera que las mismas tuvieron un altísimo nivel de adhesión y de impacto en la comunidad universitaria y en la esfera pública. Esto evidencia que hay una base fuerte para defender la universidad pública con salarios dignos”.

Hoy, junto a compañeros y compañeras de distintas expresiones gremiales e integrantes de la comunidad Universitaria nos reunimos en el @SenadoArgentina con @marianorecalde para conversar sobre el Conflicto Universitario y solicitar el acompañamiento a la Ley de Financiamiento… pic.twitter.com/RAFbvdfzdi

— Daniel Ricci (@riccifedun) September 3, 2024

Sobre los números, la misma fuente adelantó que “están finitos”, pero sostienen que la cámara alta “terminará aprobando la propuesta”.

Por eso, en estos días los gremios de base de CONADU; CONADU Histórica; FEDUN; CTERA; FAGDUT; UDA y FATUN se reunieron con legisladores en todo el país para remarcar la importancia de esta norma. Según confirmó el Frente Sindical, el tratamiento de la media sanción será el próximo jueves 5 de septiembre. Ante esto, Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, se remarcó que “es consecuencia directa de la gran Marcha Federal Universitaria que hemos protagonizado el 23 de abril y del enorme plan de acción gremial desplegado en el primer cuatrimestre”.

“El Frente Sindical de Universidades Nacionales convoca al pueblo argentino a defender una universidad pública con salarios dignos”, completaron.

Por su parte, el titular de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), Daniel Ricci, remarcó que el proyecto de ley contempla, no solo el financiamiento de las universidades, sino también, “el ajuste por inflación para este año de los salarios de los docentes y no docentes”, explicó.

Ricci, remarcó que la aprobación del proyecto terminará con el conflicto salarial de los trabajadores del sector, que arrastran un atraso salarial “de más del 50 por ciento” desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, “se resolvería nuestro conflicto y daría respuesta a lo que no soluciona el Poder Ejecutivo”, subrayó el dirigente gremial.

En tanto, un reciente plenario de CONADU Histórica ratificó el paro nacional de 24 horas para el respaldar movilización al Congreso de la Nación para exigir que el Senado apruebe la Ley de Financiamiento Universitario.

Asimismo, la medida de fuerza será también en repudio al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Asimismo, en caso de que la ley no se apruebe el 5 de septiembre, el gremio definió “llevar al Frente Sindical de Universidades Nacionales la propuesta de coordinar un paro nacional de 72 horas para la semana del 9 septiembre con acciones visibilización”.

El proyecto de Ley plantea que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias de las universidades al 1° de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 destinada a gastos de funcionamiento, de forma bimestral y en función del IPC.

Y también establece la recomposición salarial de docentes y nodocentes a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma mensual y conforme a la inflación acumulada informada por el INDEC. Desde CONADU Histórica ya le pusieron fecha a la posible segunda gran marcha universitaria: Propondrá que sea la semana del 16 de septiembre.

::05/09: PARO NACIONAL EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES::
➡️ Aprobación y promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario
➡️ Repudio al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria https://t.co/VD3Kx1Q8AJ pic.twitter.com/ovX91SAiXX

— CONADU Histórica (@CONADUHistorica) September 2, 2024

Por último, el Frente Sindical de Universidades Nacionales repudió el cierre de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UnMa), decidido por el interventor.

Este lunes el “rector normalizador” Eduardo Maurizzio, con un desmedido despliegue policial, decidió cerrar la sede universitaria, medida que luego de una importante movilización de la comunidad educativa, gremios y organizaciones políticas finalmente fue revertida.

En horas de la mañana del lunes, Maurizzio ordenó a la Policía prohibir el ingreso del personal a la sede de la UnMa ubicada en la calle Defensa 119 de la Ciudad de Buenos Aires (un edificio del Ministerio de Justicia en dos de cuyos pisos funciona desde 2023 la Universidad fundada por Hebe de Bonafini). El insólito argumento oficial fue que la decisión se tomó por “razones de seguridad e higiene”.

“Esto constituye una violación a la autonomía universitaria, valor consensuado en la sociedad argentina. Va en contra del desarrollo de las y los estudiantes que ven cortadas sus trayectorias educativas. Es una clara intención de menospreciar a trabajadores docentes y no docentes, mostrando insensibilidad social al dejarlos sin sus ingresos mensuales, con los que sostienen a sus familias. Y es una muestra más de que no hay respeto e importancia por la educación superior en la Argentina por parte de esta gestión nacional”, concluyeron.