La Secretaria adjunta de SUTEBA y directiva de CTERA, María Laura Torre, destacó que la Justicia haya ratificado la inconstitucionalidad del DNU que declaraba la educación como servicio esencial: “La Cámara Nacional del Trabajo ya nos da la razón y esto también habilita al resto de las organizaciones sindicales porque es una razón que está fundado en la legitimidad de lo que es la Constitución de la República Argentina. Es anticonstitucional, dice el fallo”.

“Queremos seguir profundizando en el debate que no se da, porque en realidad nadie piensa por qué paramos los docentes. Si hay una huelga es porque hay un derecho que está conculcado. No es un deporte nacional. Lo hacemos porque nos acaban de quitar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que es una parte muy importante de los salarios de los docentes de todo el país”, señaló la dirigente gremial docente en comunicación radial con Política del Sur.

Sostuvo que “todos los gobiernos, de cualquier color, pagaron el FONID” y que se cortó con la gestión de Javier Milei. “Es la primera vez que un gobierno no solo no nos da aumento, sino que nos baja el salario porque el FONID representa en algunos casos en el país hasta un 30% del sueldo. No es que no hay plata, porque si un gobierno empieza degradando el Ministerio de Educación a Secretaría plantea cuál es su mirada con respecto a la educación”, marcó.

Asimismo, consideró que “la infraestructura escolar hoy enfrenta una dificultad inmensa al frenarse la obra pública” y recalcó que esto afectó la terminación de edificios educativos. “Es gravísimo porque una obra paralizada es una escuela secundaria o un jardín de infantes que no se terminó. Los desfinanciamiento educativos tienen consecuencias que impactan fuertemente. Recordemos la explosión de la Escuela 49 de Moreno, que llevó al cierre de casi el 80% de las escuelas en Moreno y más de 1.500 escuelas debido a pérdidas graves de gas y electricidad. Esto no fue producto del azar, sino de un desfinanciamiento muy grave”, rememoró.

“La educación no puede ser un servicio esencial, tal como lo han resuelto la OIT y la justicia, basándose en la Constitución y en tratados internacionales. Es un derecho indelegable del Estado, no como servicio que tiene media sanción. Y no se la piensa desde que es lo esencial en términos de derecho que es lo que el Estado debe garantizar, se la piensa solamente con el sentido de cercenar el derecho a huelga de los docentes”, expresó.

Aseveró que “cuando hay paro las escuelas están abiertas” y claró que “la esencialidad en un servicio es cuando se debe garantizar una guardia mínima en función de no poner en riesgo, la salud o la vida de las personas”, a lo que entendió que “en educación esto sería el 30% de ese personal se tiene que quedar en la escuela atendiendo al total de la matrícula, y sería inviable”

“Estamos trabajando la unidad para poder concluir en una marcha federal educativa para decirle que no a las políticas de ajuste, que no solo estará compuesta por docentes, sino que también contará con la mayor unidad posible de los sectores de los movimientos sociales y el resto de los trabajadores. Estamos trabajando en eso para fines de septiembre o principios de octubre. Esperamos que en el Poder Legislativo no tengan tantos cómplices como hasta ahora para poder avanzar. A veces hay que pensar en la patria”, cerró.