Por: Diego Lanese

La semana pasada, la Cámara de Diputados dio luz verde a un viejo anhelo del macrismo, y le dio media sanción a la propuesta de declarar “actividad esencial” la educación en todos sus niveles. La propuesta del ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro contó con el aval del oficialismo y varios bloques aliados, que entre otras cuestiones limita el derecho a huelga de los docentes y otros trabajadores educativos.

Pese al rechazo de los gremios del sector, se avanzó con esta propuesta, que podría convertirse en ley en el Senado, dependiendo de la voluntad de los gobernadores de apoyar una iniciativa que puede ponerles límites a los dirigentes provinciales, que ante la falta de una paritaria nacional ponen la presión por la recomposición salarial en las gestiones locales.

En Buenos Aires, el tema se trató en el marco de la aprobación de la última oferta del gobernador Axel Kicillof, que tuvo el visto bueno de los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que de esta manera cierra filas con el mandatario. En este punto, la dirigencia inició contactos para saber si la ley aprobada será de cumplimiento efectivo, o si cada jurisdicción podrá rechazarla, como pasa con otras propuestas libertarias.

La última oferta salarial el gobierno de la provincia de Buenos Aires logró cerrar un acuerdo para los salarios de agosto y septiembre, con una suba global del 8,5 por ciento. Los gremios del FUDB aprobaron en sus asambleas la oferta, en discusiones que además tuvieron dos temas centrales: el rechazo a la propuesta de esencialidad y destacar el esfuerzo de la gestión bonaerense en medio de un contexto de ajuste que aplica el gobierno nacional.

De esta manera, los maestros recibirán un incremento del 4,5 por ciento de incremento por agosto y otro 4 por ciento por septiembre, con el compromiso de realizar un monitoreo en el noveno mes del año y reabrir la paritaria en octubre. Así un maestro de grado que recién se inicia cobrará 500 milpesos en agosto y 514.312 pesos en septiembre; mientras que los preceptores iniciales percibirán 417 mil pesos el mes que viene y un profesor con 20 módulos sin antigüedad alcanzaría los 664 mil pesos.

EL PLENARIO DE SECRETARIXS GENERALES APROBÓ LA PROPUESTA SALARIAL PROVINCIAL Y REPUDIÓ EL ATAQUE DEL GOBIERNO NACIONAL A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

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— SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) August 19, 2024

“Si bien la suba está lejos de compensar la pérdida de poder adquisitivo, los sindicatos ponderan la buena sintonía con Kicillof en el marco del ajuste sobre las cuentas provinciales que lleva adelante Nación”, le dijo a Política del Sur una fuente del FUDB.

El tema central en la discusión sobre el proyecto de esencialidad es saber si Kicillof podrá ponerle un freno., al respecto, la misma fuente consultada “No tenemos claro cómo se implementará esta ley en cada jurisdicción”, dijo.

Según los primeros sondeos, se cree que la norma “será de aplicación obligatoria, por la Ley 23.551, pero hay dudas al respecto”. La fuente hace referencia a la Ley de Asociaciones Sindicales, que rige la actividad de los gremios en todo el país los límites en las huelgas que plantea la normativa del PRO se podría imponer mediante esta ley.

El proyecto aprobado por la cámara de Diputados establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30 por ciento de docentes y nodocentes. También dispone que si la huelga se prolongó por más de tres días esa guardia “deberá contemplar un 50 por ciento de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades educativas.

En la Argentina, el manejo de la educación está en manos de las provincias, que establecen bajo la tutela de la secretaría de Educación los planes de estudio y los distintos aspectos de la docencia inicial y media. Nación interviene de forma vertical, como en el sistema de salud, a través de planes y programas, como el FONID que el gobierno de Javier Milei elimino, generando una baja en los salarios.

Además, existe la Paritaria Nacional Docente, que permite generar un piso de ingresos en todo el país, también debilitada por la gestión libertaria.

¡LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO!
Desde la CTERA rechazamos la decisión de las diputadas y diputados nacionales que dieron media sanción al tratamiento de Ley que declara a la educación como "servicio esencial".
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— CTERA (@cteracta) August 15, 2024

Con estos antecedentes, es difícil pensar en cómo se implementará una ley nacional en las provincias, sobre todo cuando se trata de una iniciativa no promovida por el oficialismo. Esa pulseada a nivel nacional tiene réplicas en los distritos.

En Buenos Aires, los gremios declararon su “repudio al proyecto de ley que declara a la educación como servicio esencial”, aduciendo que “viola el artículo 14 de la Constitución, la Ley Nacional de Educación y la legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que plantean que la educación es un derecho y no puede considerarse un servicio”.

En el país, quien establece la esencialidad de una actividad es un comité nacional, que se rige por la ley 25.877. En su artículo 24 establece los servicios esenciales que deben sostenerse más allá de una huelga, que incluye en este momento a “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y la distribución de agua potable, la energía eléctrica y el gas, y el control del tráfico aéreo”.

En el mundo, la discusión sobre la posibilidad de declarar servicio esencial la educación está de alguna manera saldada. Según los convenios 87 y 98 de la OIT, a los que la Argentina adhirió y por lo tanto tienen rango constitucional, el dictado de clases no está dentro del grupo que pueden catalogarse como esenciales y que por lo tanto deben limitar la posibilidad de paralizar las actividades.