El secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Aníbal Aristizábal, se refirió al ofrecimiento del Ejecutivo provincial de un aumento de 8,5% en dos tramos a lo que indicó que se “va a analizar en el congreso del 23 y de ahí surgirá qué es lo que se va a hacer como gremio con respecto a eso”. Aunque remarcó: “Me parece que es una propuesta más que atendible en el contexto que estamos viviendo”.

En comunicación con Política del Sur, el referente sindical recató que el el gobierno bonaerense es “la única administración pública que está teniendo paritarias y recibiendo a los trabajadores para hacer una oferta salarial”. “Es una oferta que está muy cercana a la inflación que estamos viviendo y hay una ofrecimiento de un 4% y de 4,5%, cuando la inflación fue de 4% (en julio) y 4,6% (en junio). No es una mala oferta paritaria en el contexto que estamos atravesando”, resaltó..

Por otro lado, se refirió al impacto del regreso del impuesto a las ganancias en el sector, a lo que marcó que “tendrá una consecuencia negativa en la capacidad del Estado provincial, nacional y en los municipales, así como en los efectores privados para conseguir profesionales que quieran tomar reemplazo de guardia” y afirmó que “la razón es que si se pasan, pueden ganar más o ganar menos trabajando más horas. 

“Hemos presentado ante la justicia diferentes argumentos, considerando que la aprobación del impuesto a la cuarta categoría está en un marco de inconstitucionalidad y afecta el derecho de progresividad, porque nos quita algo que ya nos habían otorgado. Ahora estamos esperando que la justicia falle. Tenemos un antecedente positivo, que es el de los docentes que se dio la semana pasada, así que estamos esperanzados”, aseveró.

Cuando se le consultó por la posibilidad del cobro de salud a extranjeros, Aristizabal entendió que “afecta al derecho de universalidad del acceso, y eso es contrario a los principios que establecen a la salud en la República Argentina como un derecho y no como una mercancía”. “La realidad es que la salud está muy mercantilizada, y hay una diferencia abismal entre el que posee dinero para acceder a un sistema de salud y aquel que no. Esto profundizaría las inequidades, haciendo de la salud en la República Argentina un privilegio y no un derecho absoluto”, sostuvo.

“Me parece que no va a traer solución al problema principal de la salud, ya sea en las esferas públicas o en el privado. El problema tiene que ver con el financiamiento. Si piensan que pueden financiar la salud con lo que le puedan sacar a los desposeídos, se están equivocando. Si quieren financiar la salud, tiene que salir de otro lado. Las obras sociales, en este contexto de inflación, con pérdida de puestos de trabajo y paritarias que quedan por debajo de la inflación, están todas cayendo en una situación de incapacidad para solventar los gastos. Están a un paso de la quiebra”, cerró.