El abogado Javier Garín se refirió a la detención de un hombre por abusar de un indigente, a lo que recordó que este mismo victimario se hacía pasar por hijo de personas desaparecidas durante la última dictadura, hecho que él denunció en 2016: “Pedí que lo detuvieran, pero no me hicieron lugar. Tuve que apelar y llegué hasta la Corte con este reclamo para que lo metan preso, porque sabíamos que seguía cometiendo delitos”. 

“El jueves me enteré de que, en otra causa, la Cámara de Casación de la Justicia Penal Ordinaria había ordenado detenerlo. La detención se llevó a cabo el viernes, acusado de haber abusado de una persona en situación de vulnerabilidad, amenazándola con un cuchillo, haciéndole tajos y cortes, privándola de libertad y violándola”, relató el letrado en contacto radial con Política del Sur.

Garín recordó que el individuo forma parte de una banda y se hacía llamar Adrián Martínez Moreira, “dejando de lado su verdadero nombre que es Matías Ezequiel López”, y “pretendía hacerse pasar por hijo de desaparecidos e iniciar una serie de acciones ante la justicia para lograr que el Estado lo indemnizara”.

“Denuncié a esta banda. Como contrapartida, me hicieron decenas de denuncias en mi contra, con hostigamiento y amenazas por haber desenmascarado una asociación ilícita que se dedicaba a estos negocios, una verdadera mafia. La causa cayó en el Juzgado Federal de Capucchetti que tardó bastante en investigar; tuve que hacerle tres denuncias ante la cámara para obligarla a tomar medidas. Ella delegó la investigación en la fiscal Paloma Ochoa, quien llevó adelante una investigación sobresaliente y se logró el procesamiento de toda esta banda o de una parte importante”, contó.

Asimismo expresó: “Me sorprende cómo la denuncia mía tardó 8 años y no se logró que los jueces lo detuvieran antes. La inicié junto a una hija de desaparecidos que también se vio damnificada y se presentó como querellante. La Fiscalía también ordenó la detención. Voy a insistir para que le bajen otra preventiva, además de la que dispusieron en la causa por violación, porque estos delitos no los habría cometido si lo hubieran detenido antes”.

En esa línea, el abogado entendió que “este sujeto fue protegido por los servicios de inteligencia porque su función era perjudicar a las causas de lesa humanidad presentando testimonios falsos” y que por eso “no se explica que no lo hayan detenido antes”. “Esto empezó a pasar en la misma época en que Macri decía que los derechos humanos eran un curro. Parece que fue una organización funcional a ese discurso. Una de las personas que trabajaba con él fue funcionaria del ex intendente de Lanús Néstor Grindetti, pero eso no significa necesariamente que Grindetti estuviera al tanto”, marcó.

Recalcó que en esta asociación delictiva “hay alrededor de 10 personas involucradas, de las cuales cinco ya están procesadas”. “También sabemos que cometieron otros delitos para quedarse con casas, ya que tenían un estudio jurídico trucho, consiguieron que un abogado jubilado le prestara la firma, y se pidió la detención de ese abogado”, afirmó.

Es sorprendente cómo el abogado que le prestó la firma tiene pedidos para que le suspendan la matrícula desde hace al menos cinco años y nunca hicieron nada. Me pregunto qué motivo tiene el presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal para protegerlo. ¿Qué favor le hicieron durante la campaña electoral?