Por: Diego Lanese

El escándalo por la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género le dio una ventana de oportunidad al gobierno, que en medio de la conmoción busca silenciar algunos problemas vinculados a la economía.

La situación golpea directo al peronismo, que sintió el golpe no sólo por las graves acusaciones a su último jefe de Estado, sino porque además todo el Frente de Todos quedó salpicados, ante las sospechas de complicidad de algunos referentes.

Para peor, algunas voces salieron a saldar la disputa interna a partir de esta crisis, lo que genera un panorama desolador. En este contexto, la oposición no peronista aprovechó para avanzar en una discusión clave para el futuro del mundo del trabajo: una serie de reformas contra las principales leyes que constituyen el modelo sindical argentino. Se trata de propuestas que bajo el argumento de “democratizar” los sindicatos, no hace más que limitar su accionar.

La primera prueba favorable se dio con la media sanción a la norma que declara la educación “servicio esencial”, limitando el derecho a paro de los docentes, algo que es duramente criticado.

La ofensiva de los libertarios y sus aliados de la llamada “posición amigable” comenzaron su plan para intentar limitar el accionar gremial.

Con el peronismo envuelto en una interna fratricida y con la denuncia a Alberto Fernández como una mancha que crece y amenaza a todos, los distintos bloques pusieron primera en una serie de leyes que intentarán caminar la matriz del modelo sindical argentino.

Lo hacen con la excusa de la libertad y transparencia sindical, buscan reformar algunas leyes claves, como la de Asociaciones Sindical, que es el “corazón” del movimiento obrero organizado en la Argentina.

Para esto, esta semana la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara de Diputados abrió el debate de una treintena de proyectos que entre otras cosas quiere limitar la reelección indefinida y establecer la ficha limpia para los gremialistas, entre otras cuestiones.

Fuentes de la primera reunión le dijeron a Política del Sur que “quedó claro que es una maniobra del no peronismo contra los gremios, porque todos coincidieron en avanzar, menos Unión por la Patria y la izquierda”.

Acabamos de terminar la primera reunión informativa de la comisión de Legislación del Trabajo, con la presentación de los 28 proyectos sobre “Democracia Sindical”. Lamentablemente el kirchnerismo se retiró cuando vio el enorme consenso del resto del arco político para avanzar en:… pic.twitter.com/bpJZq0K7Sk

— Martin Tetaz (@martintetaz) August 13, 2024

En esa reunión hubo controversia cuando los diputados peronistas de extracción sindical comenzaron a cuestionar el tratamiento de las iniciativas presentadas por legisladores radicales, del PRO y Encuentro Federal sobre democratización sindical, además de objetar la conducción del debate por parte del presidente de la comisión, Martín Tetaz (UCR). 

El radical es clave, ya que todos coinciden que busca recuperar un viejo anhelo del radicalismo, que en la presidencia de Raúl Alfonsín puso casi como primera medida relevante reformar las leyes laborales.

Así nació la famosa “ley Mucci”, la norma que creó su ministro de Trabajo Antonio Mucci –un gráfico opositor al gobierno de Juan Domingo Perón–que fue enviada de inmediato al Congreso.

La conocida “ley Mucci” buscaba una reforma que, entre otras cosas, limitara las reelecciones en los gremios, diera representación a las minorías y transparentara los estatutos. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la dirigencia de esos días. Incluso, logró unir a la CGT, que estaba dividida en dos grupos: Azopardo, al mando de Jorge Triaca, y Brasil, con el liderazgo de Saúl Ubaldini, enemigo principal del presidente radical en el tramo final de su gestión. “No deberían despertar a la bestia”, dicen las fuentes.

Pese a esto, los bloques están decididos a avanzar en los límites a la actividad gremial. Muestra de eso, los mismos espacios apoyaron la iniciativa del ex ministro macrista Alejandro Finocchiario que declara la educación como “servicio público esencial”.

La norma impulsada por Finocchiaro estipula un mínimo de personal del 30 por ciento en medidas de fuerza que duren uno o dos días, mientras que el porcentaje se elevará al 50 por ciento cuando superen los tres días.

Esto significa que un tercio de los trabajadores docentes y no docentes estarían imposibilitados arbitrariamente de ejercer el derecho a huelga, estipulado por la Constitución Nacional y reconocido como un derecho fundamental.

Sin derecho a huelga, se cercena la posibilidad de que los trabajadores obtengan nuevos derechos, no sólo económicos (salario, condiciones de trabajo) sino también democráticos y políticos.

En ese marco, una gran diversidad de sindicatos, federaciones y seccionales sindicales docentes convocan a una jornada nacional de lucha en todo el país con paros, actos y movilizaciones.

#AHORA
JORNADA NACIONAL DE LUCHA DE CTERA.
Acto frente al Congreso de la Nación.
📌 URGENTE AUMENTO SALARIAL.
📌 AUMENTO DEL FONID.
📌 RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS PROVINCIALES.
📌 CONTRA EL AJUSTE EN EDUCACIÓN.
📌 CONTRA LA PROHIBICIÓN DEL DERECHO A HUELGA.#CTERA pic.twitter.com/EzRQcgguJd

— CTERA (@cteracta) August 14, 2024

“Lo más grave que implica declarar a la educación esencial es que hay que sostener una guardia abierta en las escuelas, cuando haya alguna causal para que no se realicen las clases, lo que deja abierto a la interpretación, porque si un colegio no tiene luz se tendría que sostener esa guardia”, explicó Andrea Lanzette, dirigente de SUTEBA Lanús de la lista multicolor.

Ante la consulta de Política del Sur, rechazó “de manera enfática esto, porque no solo es un avance contra el derecho a huelga, sino que además precariza aún más la escuela pública”. “Esta ley no resuelve los problemas de la educación, que es un derecho y no un servicio, que necesita más recursos, mejores sueldos”, dijo Lanzette.

Los gremios y agrupaciones clasistas se movilizaron al Congreso el día del tratamiento de la norma, y le reclaman a la CTERA, la CGT y CTA que convoquen a “un paro nacional y a un plan de lucha sostenido”. “CTERA y las centrales sindicales CGT y las CTA, deben convocar al paro nacional, al plan de lucha y movilizar al Congreso y en todas las provincias”, expresaron.

“Con una guardia mínima no se garantiza que los chicos aprendan, porque se hace en malas condiciones, quieren garantizar que haya todos los días una guardería que cuide a los chicos, nada más”, agregó la dirigente.

Por esta cuestión, los sindicatos que conforman el Frente Gremial Docente de la CGT (AMET, CEA, SADOP y UDA) informaron que se declaró al diputado Finocchiaro como “persona no grata en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras docentes”.

Por su parte, la CTERA se movilizó y también rechazó la iniciativa. “La educación es un derecho, no es un servicio”. “De manera engañosa plantean la idea de la esencialidad de la educación, pero el verdadero y único objetivo del proyecto que impulsa el bloque de Cambiemos, con el apoyo del oficialismo y la UCR, es cercenar el derecho a la protesta social y abrir las puertas para la definitiva privatización de la educación en la Argentina”, dijo la entidad que lidera Sonia Alesso.

“A los legisladores que quieren convertir a la educación en un servicio, no les importa realmente la educación, el verdadero objetivo es atacar directamente a la docencia vulnerando nuestros derechos laborales, para ajustar cada vez, y disciplinar a nuestro sector para que no podamos reclamar por salarios y condiciones laborales dignas”, concluyó CTERA.