Por: Diego Lanese

Al comienzo de esta semana, se publicó en el Boletín Oficial parte de la reglamentación de la Ley Bases, lo que puso formalmente en funcionamiento a la misma.

Luego de meses de debate, el gobierno logró poner en plena vigencia la principal hoja de ruta de la gestión libertaria. En especial, en este caso se puso énfasis en el capítulo dedicado al empleo público, uno de los blancos de la política de ajuste del presidente Javier Milei, que se vio potenciada con la llegada al gabinete de Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El decreto 695/2024 se centran en la implementación de un “nuevo sistema de ingreso y la reestructuración y reubicación del personal estatal”, que fue rechazado por los gremios de la administración pública, porque consideran que esconde “más ajuste” en el sector.

Además, se termina de habilitar al mandatario a fusionar o eliminar algunas dependencias, en especial organismos descentralizados, como sucedió esta misma semana con el INADI o el INCAA, que quedó reducido a su mínima expresión.

En el marco del paro nacional que tuvo lugar ayer miércoles llamado por ATE para acompañar la marcha de San Cayetano, la dirigencia ratificó el rechazo, y fueron por más: “Este gobierno nos tiene que devolver los puestos de trabajo que nos quitó”.

El decreto fue publicado durante la madrugada de esta lunes en el Boletín Oficial y reglamenta el Título II de la normativa vigente. En su parte final, el anexo del decreto incorpora el capítulo IV que denomina “Empleo Público”, en el cual, a través de 15 artículos, introduce diversas modificaciones en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

Entre los cambios más importante genera un examen de ingreso para nuevos empleados, denominado “Evaluación general”, que establecerá “los conocimientos y competencias para la acreditación de la idoneidad de los postulantes”.

“En principio, lo más llamativo de esta reglamentación del empleo público tiene que ver con los exámenes de ingreso, que hasta ahora no existían”, sostuvo Leonardo Rando, delegado de ATE en el ex Ministerio de Cultura.

En diálogo con Política del Sur, remarcó que lo más importante en esto es “cómo son estas evaluaciones, que tiene que ver no sólo con mostrar la idoneidad para el puesto que se postulan, y seguir evaluaciones luego de ser contratado que hoy existen para pasar a planta permanente por ejemplo, sino que van a pedir un informe psicotécnico que hasta el momento no se pedía”. Hasta ahora, si había exigencia de un examen psicofísico.

Pueden leer la norma completa en nuestro blog. https://t.co/qF80TzsMvJ pic.twitter.com/CZY0L8FMNY

— Diego Petitto (@diegopetitto1) August 5, 2024

Para Rando, “lo más llamativo y hasta gracioso es que quien lleva adelante esta implementación es un tipo como Sturzenegger, que si hubiese una especie de examen para ingresar a al Estado sería el primero que no lo pasa, ya estuvo dos veces en la función pública y fracasó.

Lo mismo pasa con muchos diputados y funcionarios públicos, claramente no tiene idoneidad para ser funcionarios públicos”, ratificó el delegado sindical. Por eso, Rando recalcó que esto en realidad esta reglamentación “tiene como finalidad acotar el empleo público, dicen que quieren cortar el supuesto ‘empleo militante’, pero seguramente van a meter a su propia tropa en el Estado, o el famoso Gordon Dan o los twitteros que ingresaron al Estado para formar el aparato de propaganda pasaron por algún examen”.

De igual forma, Raúl Llaneza, delegado de ATE en el INDEC, recalcó que este mecanismo “no genera transparencia en el ingreso”. “La única forma de ingresar al Estado nacional es a través del concurso, que se genera cuando un organismo, entidad o institución detecta la falta de personal, y determina las características del perfil del candidato a cubrirse.

Ahí tenés un filtro, una cuestión que desmiente lo que dice el gobierno que entra cualquier al Estado”, explicó el dirigente, en diálogo con Política del Sur. Para el dirigente, “sumarle un examen de ingreso no beneficia, es para quedar bien con el electorado del oficialismo, trata de decirle a la opinión pública que están tratando de achicar el Estado, cuando en definitiva el problema de déficit y la economía es otro, vinculado a la macroeconomía”.

Otro de los temas que se incorpora en la reglamentación de la Ley Bases es la disponibilidad de los empleados estatales, ya sea de oficinas que se cierran, se fusionan o se achican.

Se trata del régimen de disponibilidad “aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad y afectado por medidas de reestructuración o de reducción de dotación óptima necesaria”.

Sobre esta cuestión, Llaneza lo consideró de “una extrema gravedad”, ya que habilitaría “a través de organismos que se fusionan, achiquen o desaparezcan esos trabajadores se pierdan, cuando el Estado invirtió tiempo y recursos en formarlos”.

“Es injustificado, incluso sin poner en duda el país que ellos quieren, poniendo en disponibilidad a los trabajadores que supuestamente no se capacitan no están cuidando el erario público, es algo grave que terminará en la reducción de los servicios que el Estado debe garantizar”, agregó el delegado de la junta interna del INDEC.

Ministro @fedesturze tenga cuidado, no acelere tanto la MOTOSIERRA que le puede terminar cortando la cabeza a usted.
Le recuerdo que para combatir a los ÑOQUIS, primero hay que encontrarlos. Ya pasaron 7 meses y no mostraron uno. Le sugiero que busque en las designaciones del… https://t.co/wpEF2FcH6n

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) August 5, 2024

Por su parte, Rando también criticó esta iniciativa, que ya comenzó a usarse para transformar varias dependencias. “Lo que va a empezar a preocupar es cómo pueden disponer de ciertos organismos, lo que están haciendo en el INCAA es un globo de ensayo, dispensando a la gente de acuerdo a la edad o el tiempo que tienen en el organismo”, dijo el delegado.

Hace unos días, se publicó un decreto por el cual se confirmó la reducción de los recursos de la entidad audiovisual, incluyendo un importante recorte en el personal, al plantear que “en el año 2000, en el mencionado Instituto revistaba una planta de empleados de aproximadamente 90 personas, mientras que al momento de asumir la presente administración, la planta, con diferentes formas de contratación, ascendía a más de 900 agentes”.

“La Ley Bases permite alterar las tareas el trabajador, la jornada laboral, trasladarlo a otra dependencia sin ningún tipo de problemas, pueden hacer lo que quieran con organismos descentralizados y sus empleados, incluso cerrarlos”, alertó Rando, que aseguró que esto “esto es avanza sobre las condiciones de trabajo y sobre las políticas públicas que hacen los organismos, que se están eliminando”. “Hay que iniciar un plan de lucha conjunta contra estas atrocidades”, concluyó.