El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, reclamó que "el tratado de la hidrovía tiene que revisarse rápidamente porque es un tratado que está basado en la reciprocidad entre los países miembros, y acá dejó de existir la reciprocidad, debido a que  Argentina, Uruguay y Brasil no tienen el desarrollo de la hidrovía que tiene la bandera paraguaya".

En comunicación radial con Política del Sur, el dirigente gremial marcó que "Argentina tiene tres escuelas de formación de personal embarcado mientras que Paraguay, la tercera flota del mundo, no tiene ninguna". "Nosotros necesitamos entre 5 a 27 certificados complementarios para poder subirnos a los buques, ya sean petroleros o carga seca o portacontenedores y eso también genera un costo más elevado del personal argentino y tenemos condiciones laborales que son mucho más beneficiosas", explicó.

Sin embargo, entendió que con las empresas "a la hora de impuestos, de gravamenes impositivo del costo del combustible, el interlocutor que se tiene que sentar es el Estado, que muchas veces no se sienta o no está dispuesto a hacer el esfuerzo que se le pide también a los trabajadores". A lo que sostuvo que la situación "es difícil de resolver contra países que tiene una carga mínima impositiva".

También recalcó que  "hoy con el mínimo imponible, prácticamente todos los trabajadores del área fluvial marítimo van a estar entrando en el impuesto a las ganancias, que es confiscatorio y que este gobierno ha logrado reimponer con el acompañamiento de sectores políticos que supuestamente eran oposición y con un presidente que tres meses antes había votado su eliminación". "Repercute sobre el bolsillo de los trabajadores cada vez está más más dañado y más golpeado", aseveró.

"En el caso del trabajador de abordo es diferente a otros; uno se sube a un barco 40 días y no tiene la posibilidad de decir 'listo, me voy a mi casa y no hago horas extras.' Uno está permanentemente en el barco a disposición. Es lo mismo que pasa con el trabajador de boca de pozo, justamente por no tener accesibilidad a ir a su domicilio. Entonces creemos que debería ser exceptuado", afirmó

En tanto agregó: "Estamos trabajando en la confección de un recurso de amparo y vamos a incorporar este expediente en la justicia para intentar demostrar lo absurdo de este impuesto y además lo inconstitucional, ya que de la forma que fue votado en el Congreso Nacional del Senado deja más dudas que certezas. Son temas que en algunos casos trascienden a lo monetario. Van a suceder problemas graves con esto; va a traer inconvenientes graves cuando había habido una situación de alivio para los trabajadores".