jueves 12 de diciembre de 2024 - Edición Nº2199

Gremiales | 30 jul 2024

PLAN MOTOSIERRA

Estatales se preparan para resistir el cierre de organismos que planea Sturzenegger

El flamante ministro deslizó que seguirán con el ajuste iniciado por la gestión libertaria, y podría cerrar 60 oficinas y empresas públicas, generando nuevos despidos. Además, reformará aquellas que no puede cerrar, como el CONICET o el INCAA. Para los gremios, todo el Estado está “en situación de remate”.


Por: Diego Lanese

Hace unos meses, cuando el ajuste fiscal comenzaba a hacerse sentir, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que “la motosierra será constante”, en relación a las revisiones que se hacen de los gastos y la estructura del estado por parte del gobierno nacional.

A más de siete meses de gestión, las palabras del funcionario fueron premonitorias, ya que durante junio el achicamiento de los organismos públicos tuvo uno de los meses más importantes, con la revisión de miles de contratos y el cierre o transformación de varias dependencias.

La llegada de Federico Sturzenegger al gabinete nacional potencia esta mirada, ya que su misión es literalmente la desregulación, que se suele nombrar como normalización pero se pronuncia achicamiento. En este camino, las versiones indican que el ministro buscará cerrar en el corto plazo unas 60 entidades estatales, que quedaron afuera de la Ley Bases, que protege algunas dependencias, como el CONICET o el INCAA.

El proyecto es parte del nuevo esquema estatal que tiene en la cabeza el presidente Javier Milei, que puede traer otra ola de despidos y una serie de reformas profundas en el funcionamiento del Estado, que según los gremios “está en situación de remate”. Por eso, preparan la resistencia a la segunda etapa del plan motosierra.

Según las versiones que circularon en los últimos días, la idea de Sturzenegger es transformar, achicar o incluso cerrar unos 60 organismos públicos. La idea de cerrar, fusionar o absorber cerca de 60 entidades y organismos públicos, según dejaron trascender desde la Casa Rosada.

Para eso, trabaja en conjunto con su vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, para dar con el mecanismo respecto de la forma en que se cerrarán estas entidades, si se cumple la segunda parte del plan motosierra.

Según se supo, para terminar con los organismos se utilizarán las facultades extraordinarias que la Ley Bases le otorga al presidente Javier Milei, que entre otras cosas permite “eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente”.

Puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten, otra alternativa que se maneja en la mesa del flamante funcionario. “Queremos eliminar alrededor de 60 organismos que regulen áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones”, explicaron las fuentes cercanas al Ministerio.

Para los gremios, esta situación que comenzó con la llegada de Milei a la Casa Rosada se profundizará con el nuevo ministro, cuya cartera tiene la misión de dejar al Estado “en su mínima expresión”.

“Después de la aprobación de la Ley Bases y las facultades delegadas, todo el Estado nacional queda en una situación de degradación y descomposición, fundamentalmente por las políticas que establece gestión de Javier Milei”, sostuvo un dirigente estatal de la administración pública nacional, ante la consulta de Política del Sur.

Si bien no hay información precisa de esa lista de entidades a cerrar, ni la forma de hacerlo, la sospecha es que se buscará “evitar cualquier desguace”.

“Estamos en un estado de alerta y movilización permanente, en especial para responder a cada una de las acciones que vaya planteando el gobierno libertario”, agregó el mismo dirigente. Para los gremios, el déficit fiscal se “mantiene gracias a la fuga, y ajustando a los sectores más vulnerables de la sociedad”, a lo que se suma “la designación de Sturzenegger, un personaje hartamente conocido por los estatales”.

El cierre de estos organismos aumentará los despidos del estado, cuya última ola iniciada en julio con la no renovación de los contratos de miles de trabajadores in estabilidad dejó un saldo de más de 6 mil cesantías.

Esta maniobra de Sturzenegger engrosará esta lista, dicen los gremios. Ante esto, el gobierno tiene dos medidas para evitar el impacto: una que los empleados podrán “ser cedidos de Nación a provincias y municipios y se contempla una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”, tomando como base la mayor remuneración del último año. Otra, crear un régimen de subsidios de hasta 12 meses para que las empresas privadas contraten a aquellos empleados sin funciones a partir de la eliminación o fusión de unos 60 organismos.

El Ejecutivo incluyó un articulado de la Ley Bases que lo habilita a no pagar indemnizaciones en caso de encontrar irregularidades, como inasistencias injustificadas, el abandono de tareas o el incumplimiento de horario. Un dato clave es que muchas entidades públicas claves fueron excluidas de la capacidad presidencial de cerrarlas. Estas son el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.

Pertenecer a este listado de organismos no quiere decir que se esté a salvo de la motosierra de Milei, que limite atribuciones, se cambien estructuras o hasta se trasladen sus funciones.

Así quedó demostrado con la reforma planteada en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que a través del decreto 662/2024 publicado esta semana en el Boletín Oficial aprobó la nueva reglamentación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741) “con el objeto de dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a la aplicación del régimen establecido y sus modificatorias” para la optimización de los procesos y la racionalización de los recursos.

Desde el Poder Ejecutivo destacaron la reducción de los recursos y argumentaron el recorte en el personal al plantear que “en el año 2000, en el mencionado Instituto revistaba una planta de empleados de aproximadamente 90 personas, mientras que al momento de asumir la presente administración, la planta, con diferentes formas de contratación, ascendía a más de 900 agentes”.

“Sobre el cierre de 60 organismos estatales no tengo información”, dijeron a Política del Sur desde la Junta Interna del organismo.

La noticia, recalcaron, “es que Sturzenegger avanza en un decreto con esa intención para unificar y reducir atribuciones de reparticiones. Eso saldría por decreto presidencial”.

Los cambios confirmados por los trabajadores del INCAA incluyen la creación de órganos de cogobireno ad honorem; fin de la cuota de pantalla nacional, cambios en las condiciones de acceso y de inhabilitación en la otorgación de subsidios, que en todos los casos no puede superar el 50 por ciento del costo de producción total del proyecto.  

En el gobierno consideran que el sistema de entrega de subsidios “ha demostrado ser obsoleto y alejado de los modelos exitosos existentes en otros países" por lo que debe ser "modificado, modernizado y dotado de eficiencia”. De esta forma, entienden que debe priorizarse el fomento a la industria en base a la calidad y posibilidades de exhibición, audiencia y recuperación de los fondos otorgados, “por sobre preferencias ideológicas”.

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