Esta semana se volverá a reunir el Consejo Directivo de la CGT. Así lo dispuso la reunión de mesa chica realizada el pasado 11 de julio en la que en forma mayoritaria se definió adoptar el camino del diálogo con el gobierno. Allí, el sector liderado por Héctor Daer, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez descartó la realización de un nuevo paro nacional y definió gestionar una reunión con el Secretario de Trabajo Julio Cordero, según las versiones. El plenario escueto plantea el análisis de la realidad política y sindical, y se espera que participen los integrantes del sector combativo, que lidera Pablo Moyano.

La estrategia tuvo un comienzo auspicioso en tanto, a las pocas horas se confirmó una cita con el funcionario que se produjo días después. Allí la CGT presentó lo que considera son los principales reclamos de los trabajadores que representa. El Secretario de Trabajo calificó de “cordial” la reunión e incluso de “razonables” los reclamos de los dirigentes sindicales.

En concreto, la cúpula cegetista exigió al gobierno la indexación del mínimo no imponible desde los 1.800.000 de pesos que figura en la norma redactada en enero hasta el valor equivalente a la evolución de los precios hasta la fecha. En concreto, elevarlo hasta los $3,2 millones y establecer un mecanismo de indexación automática. Además, solicitaron participar de la mesa técnica que elabora el decreto de reglamentación de la ley Bases en lo que al capítulo laboral se refiere. Allí aspiraban a morigerar la legislación anti sindical contenida en la norma y que habilita el despido con causa por “grave injuria laboral” a quien tomara medidas de acción directa como los bloqueos u ocupaciones de fábricas. En el mismo sentido, la nueva norma deroga la prohibición de los despidos discriminatorios reemplazándola por una indemnización especial. Dentro de la categoría revisten, junto a la orientación sexual y la raza, las opiniones políticas y sindicales. De este modo, desde la central sindical creen que se habilita el despido de delegados y activistas con el mero pago de una indemnización especial y se orada el reclamo judicial de reinstalación por vulneración de fueros.

En este punto el gobierno aceptó integrar a una mesa tripartita a representantes gremiales luego de que se produjera una reunión del mismo tenor que la mantenida con ellos pero con los representantes del G6 que agrupa a la UIA, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la de la Construcción, la Bolsa y la asociación de bancos que se producirá hoy miércoles.

A pesar de la supuesta razonabilidad de los pedidos esgrimida por el secretario de Trabajo, lo cierto es que la reunión de Consejo Directivo del jueves se realizará sin que el sector dialoguista pueda exhibir algún logro en la negociación con el gobierno. Es que el mismo lunes el ejecutivo publicó en Boletín Oficial el decreto 652/24 mediante el cual se reglamenta la ley de paquete fiscal en lo que se refiere al impuesto a las ganancias ignorando los reclamos de la CGT.

En un reportaje con El Tribuno de Jujuy, Pablo Moyano secretario general de @cgtoficialok señaló ayer que "el 25 de julio habrá reunión del Consejo Directivo de la #CGT donde seguramente se va a ratificar el plan de lucha que se acordó en enero". https://t.co/LhVKoUfUEv pic.twitter.com/s7IyHoFYdo

— infocamioneros (@cgt_camioneros) July 12, 2024

Allí se dispone un mecanismo de actualización semestral a partir del 1° de enero de 2025 conforme a la inflación del semestre inmediato anterior y una actualización por única vez en el mes de septiembre con la inflación que se acumule entre junio, julio y agosto. De este modo, el valor quedará fijo durante nueve meses desde la redacción de la ley, período durante el cual se irán sumando nuevos trabajadores a su alcance. El “empalme” además, pasará por alto la inflación de un semestre completo.

Además, la ley no exime las sumas no remunerativas, horas extras y otros adicionales para el cómputo del haber como reclamó la CGT. Tampoco estipula una alícuota especial para los trabajadores de zonas desfavorables como regía previo a la nueva ley de septiembre de 2023. La única excepción resultó la de los trabajadores petroleros “de pozo”. Pero el gobierno tampoco parece ofrecer algún margen para morigerar las normas antisindicales de la ley Bases. Es que, no solo no se dio los medios para avanzar en la reunión tripartita previa a la reunión de Consejo Directivo, sino que dejó trascender su voluntad de profundizar la reforma laboral.

En lo que se refiere a los despidos “con causa” por acciones gremiales el gobierno podría disponer una instancia de mediación previa al despido y nada más. En la reunión con los empresarios el ejecutivo pondrá sobre la mesa su voluntad de retomar iniciativas presentes en el DNU 70/23 como el banco de horas (flexibilización de la semana laboral según productividad de la empresa), derogar la irrenunciabilidad de derechos (la imposibilidad de que el trabajador acepte condiciones laborales inferiores a las del convenio) e incluso la ampliación de la jornada laboral legal hasta las 12 horas. Además, buscan reinstalar el pago de sumas no remunerativas a través de tickets de comida.

Dentro de la CGT no existe homogeneidad sobre la relación que corresponde tener con el gobierno. La ausencia de resultados augura una reunión de Consejo Directivo caliente e incluso con fuertes y crecientes rumores de fractura. La intención del sector moderado era llegar a la reunión con algunos puntos resueltos que al menos habilitaran el debate sobre la participación de la central en el Consejo de Mayo. Así será difícil siquiera considerar el punto. “Como en los noventa, hace falta armar de nuevo un MTA” señaló a este medio un dirigente no alineado con ninguna fracción aunque más cercano al moyanismo. El mismo Pablo Moyano había rechazado la estrategia de la mesa chica y, por eso, decidió no participar del cónclave con Julio Cordero. El lunes, conocida la decisión del gobierno, el dirigente camionero recordó a sus compañeros de la conducción de la CGT: “les dije que los iban a cagar” e insistió en que “no sirve de nada buscar acuerdos con este gobierno, hay que confrontarlo”.