Por: Federico Cedarri

Tiempo de descuento es el que transcurre para el gobernador bonaerense Axel Kicillof en lo que tiene que ver con la definición sobre el destino de la inversión de Petronas, en sociedad con YPF, que por estas horas discierne su suerte entre Bahía Blanca y Punta Colorada en la provincia de Río Negro.

Honda preocupación causaron en calle 6 las declaraciones explosivas de Javier Milei que pareció dar por tierra con la chande de que los capitales malayos desembarquen en Buenos Aires: tildó al gobernador de comunista y aseguró que la inversión casi con seguridad rehuirá de la órbita bonaerense.

Está claro que la presión sobre el mandatario provincial se hace gigantesca luego de la andanada de cuestionamientos del presidente: nadie quiere pagar el costo político de perder una inversión de cerca de 50 mil millones de dólares que generaría 20 mil puestos de trabajo de manera directa y otros tantos indirectos.

En rigor, la Casa Rosada le exige al mandatario bonaerense que adhiera sin condicionamientos al RIGI nacional como única alternativa viable para que la inversión malaya se radique en Buenos Aires.

Cabe consignar que los estudios de factibilidad que viene realizando la empresa sobre los dos lugares a elegir le dan ventajas preferenciales al puerto bahiense que ya está provisto de la logística necesaria: “En Rio Negro está todo por hacerse, sería un papelón si la inversión va para allá y el caradura de Milei le va a tener que explicar a los bonaerenses los fundamentos de tal decisión”, suelta a PDS con fastidio un legislador provincial oficialista.

Vale consignar que Kicillof prometió que en los primeros días posteriores al receso invernal mandará a la Legislatura bonaerense un RIGI con impronta bonaerense que según trascendió ofrecerá una rebaja sustancial de los impuestos bonaerense por un período de gracia importante hasta que la inversión promedie su desarrollo.

Al parecer, en la Casa Rosada entienden que esta jugada del mandatario provincial asoma insuficiente porque no estaría recubierta del amparo nacional para zanjar cualquier litigio judicial.

Mientras se demora el desembarco en la Legislatura del proyecto que anunció Kicillof, el gobernador rionegrino Alberto Weretilnek ya tiene bajo el brazo la sanción de su Parlamento de adhesión al RIGI nacional.

El oficialismo legislativo desespera  y busca los consensos para aprobar con rapidez el RIGI de Kicillof, aunque la incertidumbre los envuelve luego de escuchar al presidente con sus altisonantes advertencias.

Kicillof no va a retroceder sobre sus pasos y no adherirá al RIGI nacional bajo presión, aunque también despunta temor político por el costo adicional que podría tener que pagar si la inversión finalmente decide, por influencia de la Rosada e YPF, trasladarse a Punta Colorada en la provincia patagónica.

El gobernador bonaerense no quiere líos y cruces dialécticos con su par de Rio Negro a quién considera un virtual aliado en la composición política que prohíja con aspiraciones presidenciales, aunque saben en el Palacio de calle 6 que el mandatario patagónico llevó adelante negociaciones con el mileísmo para la aprobación de la Ley Bases lo que podría proveerle de una ventaja comparativa.

El debate se traslada a la Legislatura

El Parlamento bonaerense rebasa de proyectos presentados por la oposición libertaría ortodoxa  y las distintas variantes del PRO solicitando la adhesión de la provincia a RIGI nacional.

El radicalismo abadista ha adoptado una postura más prudente aunque también empuja para la adhesión a la normativa nacional se ha manifestado condescendiente con el Ejecutivo  y estarían dispuestos a aprobar la propuesta que enviará Kicillof: “Nadie nos va a poder acusar de nada si la inversión se va a Rio Negro, no quedaremos expuestos”, deslizan por lo bajo a este portal un legislador boina blanca.

El senador monzonista Marcelo Daletto fue un paso adelante y junto al violeta disidente Carlos Kikuchi presentaron una propuesta que funciona como una suerte de régimen de inversión con rebajas impositivas del orden del 100 por ciento durante 15 años a las inversiones millonarias que se radiquen en la provincia.

El inconveniente que despunta es el mismo que también podría caberle al proyecto kicillofista: no habilitaría un litigio en el ámbito internacional por tratarse de una normativa de carácter provincial.

La premura se abate sobre los legisladores del sur bonaerense, se comienzan a bosquejar distintas alternativas para evitar perder la inversión, la senadora radical Nerina Neumann y el ex libertario Sergio Vargas efectuaron una presentación conjunta de un régimen de incentivos fiscales focalizados en la planta de GNL de Bahía Blanca.

También podría darse la paradoja de que se termine votando una adhesión al RIGI nacional desde la Legislatura con apoyo unánime de la oposición.

El Parlamento bonaerense no se queda de brazos cruzados, busca resquicios para no perder la inversión y de cierta manera evitarle al gobernador bonaerense el trago amargo de tener que desandar sus pasos y ceder a la presión del gobierno nacional.

Agosto promete el último capítulo de este culebrón que se ha desatado entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei,  que más allá de las posturas políticas divergentes engloba la suerte de una inversión que redundaría en beneficios cuantiosos para el sureste bonaerense