lunes 22 de julio de 2024 - Edición Nº2056

Gremiales | 2 jul 2024

PLAN MOTOSIERRA

Denuncian que por los despidos se desmanteló toda la política de género e igualdad

Gremios estatales aseguraron que el impacto más fuerte de las cesantías masivas se da en el ex Ministerio de Mujeres, donde se terminaron de cerrar muchos servicios y programas, como la línea de atención 114. Además, desde ATE se confirmó que muchos programas están paralizados por la falta de personal.


Gremios estatales denuncian que el Gobierno nacional del presidente Javier Milei lleva a cabo un “desguace” de los servicios que prestaban los organismos y reparticiones que integraban el disuelto Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, luego que el Ejecutivo anunciara el despido del 85 por ciento de los trabajadoras y trabajadores que cumplían funciones en esa cartera. En ese sentido, las entidades sindicales señalaron que línea 144, que recibía denuncias por violencia familiar, quedó prácticamente “desmantelada” con las desvinculaciones que se produjeron en las últimas horas.           

 

El propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció estos despidos en un mensaje publicado esta semana en las redes sociales. “Hemos despedido al 85 por ciento de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a todos los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, consignó el funcionario a través de su cuenta en X.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consignaron que, con estos despidos, “resulta imposible garantizar” la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485 de protección integral. Se trata de una normativa que busca “prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres”, y que contaba con equipos interdisciplinarios especializados en esta problemática.

 

“En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras haciendo imposible el cumplimiento de esta Ley”, explicó el gremio en un comunicado.  Además, aseguraron que el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad Sexual también redujo su planta a tan solo dos trabajadoras.

 

“Existen actualmente más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya fueron registrados como de Altísimo Riesgo/Emergencia, y se encuentran a la espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar”, detallaron las especialistas que trabajaban en este ex ministerio. Y en ese sentido, se indicó que “los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya había sufrido despidos en diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50 por ciento”.

 

Con estas medidas, el Programa Acercar Derechos también quedó desmantelado en algunas provincias, y en otras, cuenta con guardias mínimas según indicaron. Lo propio sucedió con el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que, a partir de los despidos, funciona con una sola trabajadora.

“Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cuneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, plantearon desde ATE, que anticipó su predisposición de avanzar por la vía judicial.  “Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80 por ciento de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos”, remarcaron.

 

“De esta forma, se incumplirán los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”, subrayaron. Asimismo, especificaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la ‘atención a personas en situación de violencia y riesgo’, desconociendo las especificidades reconocidas por la Ley 26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de género”.

 

A los despidos anunciados el viernes pasado en las áreas que dependían del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, se produjeron también numerosas desvinculaciones en la Secretaría de Derechos Humanos que afectaron el funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria, según indicaron los gremios estatales.  

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