Por: Federico Cedarri

La instalación de una planta de Petronas en concordancia con YPF por la que se disputan Bahía Blanca y Punta Colorada de Río Negro genera controversias dentro de la Legislatura bonaerense.

En rigor, se cuela en el escenario una cuestión sensible en la batalla ideológica que libran hace meses el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei.

Es que si bien el mandatario bonaerense se opone con tenacidad a los principales lineamientos de la Ley Bases, el rechazo preferentemente del RIGI  (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) que contempla beneficios impositivos durante 30 años a quiénes  lleven adelante inversiones por más de 200 millones de dólares pude traerle complicaciones adicionales.

Es que desde YPF están pidiéndole a la provincia el gesto político de adherir a ese régimen para que la inversión de capitales malayos de cerca de 50 mil millones de dólares finalmente desembarque en el puerto del sur bonaerense.

El nudo gordiano radica en que el gobernador es renuente a comerse ese sapo que operaría contradictoriamente con el rol opositor que elucubró durante los primeros seis meses del gobierno de Milei.

Cualquier adhesión a regímenes impositivos nacionales debe contar indispensablemente con la aprobación por mayoría simple de la Legislatura bonaerense y es en este punto donde la oposición encuentra la chance de incomodar a Kicillof.

En rigor, el gobierno bonaerense logró hace un tiempo que los bloques legislativos, menos La Libertad Avanza 1, actuaran monolíticamente en el Senado bonaerense a través de una declaración conjunta que solicitaba a la petrolera estatal que laude a favor de Bahía Blanca para ejecutar la inversión de Petronas, debido a que objetivamente presenta las mejores condiciones de logística e infraestructura además de generar de manera directa casi 20 mil empleos y otros tantos de manera indirecta.

Pero esta jugada del oficialismo provincial podría volvérsele en contra debido a que los bloques de la UCR y el PRO comenzarían a ejercer pressing para que el mandatario se vea forzado a recular sobre sus pasos y adherir sin más al régimen preferencial: algo que Kicillof desea evitar a toda costa tomando en consideración que lesionaría la construcción de su perfil político como contraparte del  modelo de país del presidente libertario.

“Nosotros tomamos el compromiso de acompañar al oficialismo en el pedido para que inversión se radique en Bahía Blanca para dar la imagen de institucionalidad pero tampoco aceptaremos que por un capricho ideológico se pierda esa inversión”, desliza a PDS una fuente amarilla enojada con las actitudes del gobernador.

Desde el radicalismo también dejaron trascender que podrían acompañar la presentación de una iniciativa en conjunto de los bloques opositores pidiendo que la provincia adhiera al RIGI.

De hecho, en la Legislatura bonaerense los bloques del PRO y el radicalismo en sus distintas vertientes acompañados por los violetas oficialistas podrían generar lograr una mayoría especial que dejaría preso de  una encerrona a Kicillof y al peronismo legislativo.

La única forma que tendría eventualmente el peronismo de contrarrestar una jugada de ese calibre sería contando con el favor de los tres legisladores libertarios disidentes en  el Senado y sus 9 émulos  en Diputados.

Hay una dificultad que asoma en la Cámara Alta: dos de los legisladores discordantes con la Rosada son bahienses, Sergio Vargas y Silvana Ventura, por lo que no asomaría la chance de que pudiesen eventualmente votar contra los intereses de su ciudad de origen.

 La Libertad Avanza acelera

A partir de la presión del titular de YPF Horacio Marín para que la provincia adhiera al RIGI como contraparte ineludible para que la millonaria inversión malaya desembarque en Bahía Blanca, los bloques violetas que reportan a la Casa Rosada pusieron primera y se muestran como punta de lanza para desgastar a Kicillof.

Tanto el bloque que conduce  Carlos Curestis en el Senado bonaerense como el de Nahuel Sotelo en la Cámara Baja se adelantaron con la presentación de iniciativas para que la provincia adhiera al RIGI a sabiendas de que la presión de los alcaldes de la zona sur bonaerense podría hacerse insostenible para el gobernador.

Esta movida se complementaría con la presentación de otras propuestas en consenso con los sectores del PRO y el radicalismo: trascendió que estarían preparando proyectos proponiendo que el Ejecutivo no cobre impuestos provinciales a la inversión malaya por el término de 3 años para inclinar la balanza a favor de Bahía Blanca.

Ante este escenario complejo, Kicillof deberá acentuar la inventiva para no aparecer cediendo ante la presión mileísta pero a la vez buscar la forma de adherir a un régimen que le reportaría a la provincia una inversión millonaria.