domingo 14 de julio de 2024 - Edición Nº2048

Gremiales | 25 jun 2024

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

ATE Capital denunció al gobierno argentino ante la ONU por la grave situación de la niñez en el país

El gremio presentó un informe sobre la dramática situación de niños, niñas y adolescentes, que se ven afectados por los recortes presupuestarios, el cierre de programas y la situación de indefección. Además, marcaron que siete de cada 10 chicos están bajo la línea de la pobreza.


Por: Diego Lanese

El ajuste en el gasto público que está realizando el gobierno nacional afecta a diversos sectores del Estado, y tuvo en el cierre de algunos programas sensibles, como el de entrega de medicamentos oncológicos, como los casos más polémicos. Además, hubo un brutal ajuste en planes vinculados a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad.

El cierre del plan para proteger los embarazos no deseados, por ejemplo, despertó muchas críticas, y generó alarma entre especialistas. En este punto, desde ATE Capital realizaron un relevamiento sobre esta realidad, y la presentaron ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

En el mismo se denuncia “la gravísima situación de la niñez y adolescencia en nuestro país, donde siete de cada 10 niños son pobres y el gobierno se preocupa más en reprimir que en trabajar para garantizar sus derechos”. En este punto, la entidad que lidera Daniel Catalano explicó que “la actual gestión de gobierno ha tomado decisiones que son contrarias al deber de garantía y cumplimiento en el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina.

El trabajo resume como se dejaron de atender cuestiones esenciales, como las leyes que promueven la atención de la niñez en diversos aspectos, que comenzó con la degradación del rango institucional del organismo rector de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, que pasó de ser una secretaría de Estado a una subsecretaría.

El informe de ATE Capital ante la ONU es un lapidario resumen del ajuste que sufrieron los organismos vinculados a la protección de los derechos de niños y adolescentes.

Al mismo tiempo que realizan una drástica reducción del presupuesto destinado a las políticas públicas de niñez y adolescencia (- 75 por ciento) en términos reales, existe una eliminación y/o puesta en pausa de la ejecución de programas ya existentes, aun cuando algunos de ellos fueron creados por leyes nacionales”, recordó el gremio en su informe, al que tuvo acceso Política del Sur.

Además, una de las denuncias apunta a “los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras del organismo rector de políticas públicas de niñez y adolescencia; en su gran mayoría profesionales con muchos años de experiencia en la temática”. Como si fuera poco, agregó ATE, “proponen un nuevo régimen penal juvenil contrario a los principios de la Convención de los Derechos del Niño y a la Ley 26.061; que pretende bajar la edad de punibilidad a los doce años de edad”.

“Las políticas represivas para la niñez y la adolescencia son la contracara de la disminución presupuestaria de las políticas de promoción y protección de derechos y el cierre de programas ya funcionantes; lo que concluye inevitablemente en un debilitamiento de todo el Sistema de Protección de Derechos de manera global”, insistió el gremio.

Uno de los ejemplos usados por ATE Capital para denunciar la situación de la niñez en el país es el ajuste sobre el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia o Plan ENIA20, un programa nacional interministerial que tiene como objetivo “general prevenir y reducir el embarazo no intencional en la adolescencia”.

Comenzó a implementarse con una prueba piloto en 2017, para luego extenderse desde 2018 hacia las denominadas “provincias y regiones prioritarias”, como son el NOA y NEABuenos Aires y Entre Ríos; debido a que son las localizaciones en las que “se registraban mayores tasas de embarazos adolescentes”.

En 2021, recordaron desde ATE, “descendió por séptimo año consecutivo la fecundidad adolescente en la Argentina”. La última publicación del Ministerio de Salud de la Nación reflejó una tasa de 13,7 por mil mujeres de 10 a 19 años. Es decir que, cada mil jóvenes de entre 10 y 19 años, 14 dieron a luz.

Esto representa un descenso de 57 por ciento desde 2005, año en el que comienza la serie oficial publicada. “No obstante los resultados positivos registrados a partir de esta política pública, la nueva gestión de gobierno no ha ratificado aún la continuidad de la participación del organismo dentro del plan nacional. Tampoco está confirmada la continuidad del plan nacional”, recalcó el reporte.

Además, la denuncia ante la ONU apuntó a la situación que están atravesando los comedores comunitarios, que el ex Ministerio de Desarrollo Social –ahora Ministerio de Capital Humano – tiene dentro de su organigrama una línea de trabajo vinculada al sostenimiento de comedores comunitarios, con el fin de garantizar “el acceso a la alimentación de los sectores más vulnerables de la sociedad”, alcanzando en 2023 la cifra de 1.200 comedores comunitarios asistidos con alimentos secos y frescos.

En enero de 2024, las autoridades “suspendieron la entrega de alimentos, lo que profundizó aún más la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes al acceso a la alimentación”.

Esta situación “se vio agravada cuando a partir de denuncias judiciales realizadas por organizaciones sociales, se reveló que el Ministerio de Capital Humano tenía en dos depósitos del organismo (uno situado en la localidad de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires; y otro en la localidad de Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán) más de 5 mil toneladas de alimentos almacenados, y que había negado a distribuir, a pesar de la emergencia alimentaria provocada tanto por la crisis económica como por la falta de asistencia a los comedores comunitarios”. Asimismo, pudo comprobarse que “muchos de esos alimentos se encontraban próximos a su vencimiento”.

“La intervención judicial emplazó al Ministerio de Capital Humano a distribuir “de manera inmediata dichos alimentos. La misma desencadenó la salida de la gestión del secretario nacional de niñez, adolescencia y familia, Pablo de la Torre”. No obstante, “el ministerio aún no ha presentado una nueva política de asistencia alimentaria que garantice el acceso a la alimentación de niños, niñas y adolescentes”.

En este contexto, la dirigencia de ATE Capital se reunió hace unos días con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, a quienes le plantearon la necesidad de la renovación de todos los contratos de trabajadores el 30 de junio, que se estima que profundizarán la situación agravante de la niñez en particular y del Estado en general.

En ese punto, se solicitó “la urgente apertura de una mesa de negociación para discutir las reincorporaciones de los despedidos desde la asunción de este gobierno”.

Asimismo, se le manifestó al funcionario “nuestra preocupación por el ataque a diversos organismos y sus funciones, es por eso que ratificamos desde esta Asociación gremial la defensa del rol del Estado y las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de la población”. El funcionario se comprometió a brindar respuesta a los planteos efectuados.

En el reporte ante la ONU, se marcó que “es notable destacar cómo la intención del agravamiento de las políticas represivas para la niñez y la adolescencia se configura como la contracara de la disminución presupuestaria de las políticas de promoción y protección de derechos y el cierre de programas ya funcionantes; lo que concluye inevitablemente en un debilitamiento de todo el Sistema de Protección de Derechos de manera global”. 

Es por todo esto que los estatales le solicitaron al Comité de los Derechos del Niño que pueda “pronunciarse en favor de los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina; y exigir a las autoridades que tomen las medidas necesarias que garanticen el acceso y cumplimiento a cada uno de sus derechos”.

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