domingo 21 de julio de 2024 - Edición Nº2055

Gremiales | 21 jun 2024

ANALISIS

La CGT y una nueva interna abierta por la forma de enfrentar la actual crisis

La falta de una convocatoria formal por parte de la conducción cegetista enfureció a Pablo Moyano, que sigue traccionando con otros sectores combativos la resistencia al modelo libertario.


Por: Diego Lanese

Cerca del mediodía del miércoles pasado, cuando la Plaza de los dos Congresos comenzaba a llenarse de manifestantes que rechazaban la aprobación de la Ley bases, la columna de camioneros comenzó a bordear el ingreso al Congreso.

De repente, efectivos de la Policía Federal enfrentaron a los trabajadores, que estaban encabezados por Pablo Moyano. Quedaron de frente por varios minutos, en momentos de suma tensión. Al final, el dirigente de la CGT retrocedió, para evitar el enfrentamiento

. “Nos dejaron solos”, fue la reflexión del dirigente, que no ocultó su enojo por la falta de compromiso del resto de la central obrera para movilizar ese día, y luego repudiar la violencia represiva. 

Esta es una de las cuestiones que quedaron al descubierto de la interna cegetista, que sigue creciendo mientras se diferencias las estrategias de los dos grupos principales que forman el mapa interno de la entidad: dialoguistas y combativos.

Ni el documento conjunto rechazando la violencia y la persecución del gobierno a los manifestantes sirvió para limar asperezas, y hay clima de ruptura en Azopardo. Voceros de ambos grupos redoblaron la apuesta, lo que parece confirmar esto: mientras el “ministro de Interior” dela conducción, el estatal Andrés Rodríguez, justificó la falta de convocatoria formal a la marcha, el camionero adelantó que volverá a movilizar cuando la norma se debata en Diputados. Viejos aires de ruptura crecen en una central que se enfrenta al dilema de relacionarse a gobierno absolutamente “anti obrero”.

La falta de convocatoria a la jornada dejó sin “paraguas institucional” a la manifestación de la semana pasada, que terminó con la violenta represión que dejó como saldo heridos, detenidos y mucha tensión.

Según el Monitor de Respuestas Represivas, que forman varias entidades gremiales y sociales, la jornada de violencia tuvo como balance al menos “36 detenidos (23 varones y 13 mujeres) y por lo menos 200 heridos y heridas, respecto de lo cual se destaca el uso permanente de gases pimienta directo a los ojos de manifestantes, periodistas y diputados, también el uso de balas de goma hacia el rostro de los manifestantes, en especial un periodista con heridas en el entrecejo, y gases lacrimógenos vencidos”.

De acuerdo al informe, al que tuvo acceso Política del Sur, “la represión fue a manos de las cuatro fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de la Ciudad, y las armas utilizadas fueron: gas lacrimógeno, gas pimienta, bastones, escudos, camiones hidrantes, y balas de goma”.

Esta información “es resultado del trabajo del Monitor en articulación con la Dirección de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, los datos publicados por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y el seguimiento e intervención que realiza la Red Federal por la defensa de los DDHH y la Democracia”.

De las 33 personas detenidas originalmente en la represión policial, en la mayoría de los casos “al voleo”, como lo prueban numerosas imágenes y videos de los hechos, la jueza María Romilda Servini decidió conceder la excarcelación a 16 el viernes pasado. Pero incluso para estos casos, el fiscal Carlos Stornelli apeló y pidió que se les cancele el beneficio y vuelvan a cumplir prisión efectiva mientras se realiza la investigación, sobre lo que la jueza aún no se pronunció. Al cierre de esta edición los detenidos estaban casi todos liberados.

Ante los cuestionamientos que se hicieron a la conducción de la CGT, la mesa chica decidió sacar un comunicado donde repudió la situación de violencia. “La CGT manifiesta preocupación por los hechos acontecidos durante y después de la concentración del miércoles pasado en el Congreso Nacional y reivindica el derecho a la protesta que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos” expresó el comunicado sindical.

En esa línea, desde la CGT, destacaron “la esencialidad de este derecho para el funcionamiento de la democracia” y repudiaron la “criminalización de las medidas de fuerza”. Pese a esto, la conducción dialoguista sostuvo su postura, anticipando que no se movilizará cuando se termine de aprobar la Ley Bases. “Así como hemos movilizado y hasta hicimos un paro nacional, en esta oportunidad considerábamos que había que respetar la decisión del Congreso que es una entidad democrática”, afirmó en declaraciones periodísticas Andrés Rodríguez, titular de UPCN y “ministro del interior” de la central obrera.

Tras remarcar que la CGT es “muy consciente en su estrategia de defender los intereses de los trabajadores”, insistió que “no teníamos por qué movilizar y menos mezclándonos con otros sectores que nada tienen que ver con nosotros”. “Terminó en la calle con violencia, si bien hubo una represión policial también hubo grupos que provocaron y en esa nosotros no nos prendemos”, comentó.

Ante esta postura, Pablo Moyano redobló la apuesta, y dijo que su gremio y sus aliados combativos movilizarán cuando los Diputados traten la Ley Bases. Pese a esto, negó las diferencias, y apuntó a lo que sucede en el peronismo.

“La CGT no está dividida, estamos acostumbrados a las operaciones. La resistencia la está llevando la CGT, desde el primer día. Por esa falta de conducción en el peronismo pasó lo que pasó en el Senado, no se pudo contener a dos traidores como el de Corrientes y Entre Ríos y pasó lo que pasó. La tranquilidad que tienen que tener los laburantes es que la CGT no se va a partir y vamos a seguir confrontando contra este gobierno que lleva adelante una política que ya todos vemos. Contra los laburantes, los jubilados, los barrios populares, a favor de privatizar las empresas”, afirmó el dirigente en declaraciones radiales.

“Ojalá que lo que pasó el otro día en el Senado sirva para que nos dejamos de joder, nos sentemos, elijamos una conducción del peronismo y nos sentemos a hablar la posibilidad de una propuesta para que el año que viene el peronismo tenga mayoría en ambas cámaras, para que deje de pasar lo que está pasando ahora: la entrega total de la soberanía nacional a través del RIGI, que los laburantes vuelvan a pagar Ganancias, que se paguen su indemnización. Todo lo que se votó el otro día puede volver a ocurrir el año que viene”, advirtió.

En medio de las peleas, quedó establecido que la Ley bases tenga una reforma laboral, que la justicia paró en el DNU 70, pero que se terminó colando en la normativa. La CGT insiste que no negoció nada, para no ampliar la grieta. La cámara baja deberá resolver si refrenda los cambios o si insiste con la redacción de la norma tal como salió de ese recinto.

Pese a los dichos, la ley consolida buena parte de las propuestas del gobierno de Javier Milei para el mercado de trabajo -como la condonación de multas a empresarios por empleo no registrado y el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral-, pero fue podada en varios aspectos a partir de planteos de la CGT.

La penalización de las protestas es uno de los artículos que puede volver a cambiar. En el Senado, se incorporó el artículo 91 bis, que contempla como causal de despido sin derecho a indemnización la participación en "bloqueos o tomas de establecimientos; la afectación de la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; la obstrucción total o parcial del ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; la provocación de daños en personas o en cosas situadas en el establecimiento o su retención indebida”.

El artículo generó la reacción de los gremios y en Diputados fue eliminado, junto con otros puntos también rechazados por la CGT como la eliminación de las "cuotas solidarias", pero fue reincorporado en el Senado. Ahora, tiene final abierto.

Hay otro aspecto de la reforma laboral que fue incorporado en el Senado y que ahora, con la ley de vuelta en Diputados, podría volver a modificarse: la disposición que excluye de la ley de contratos de trabajo a los contratos de obra, servicios y de agencia, que ya no podrán presentarse como prueba de una relación de dependencia. Algo similar ocurrirá con los con los casos de prestación de servicio y facturación periódica, que ya no significará la prueba de vínculo laboral.

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