Por: Diego Lanese

Luego de realizar paros por turno y actividades de protesta en establecimiento de todo el país, el gremio de la Sanidad alcanzó un acuerdo salarial para el personal de clínicas y sanatorios privados.

La mejora de los ingresos fue anunciada la semana pasada por la dirigencia de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera el cotitular de la CGT Héctor Daer, uno de las entidades más importantes por número de afiliados del momento. La crisis en el sector entorpeció las negociaciones, ya que las cámaras que reúnen a los prestadores argumentaron que no pueden hacer frente al aumento pretendido, y que muchas empresas estaban “al borde del colapso”.

La devaluación y la suba de los insumos importados, los retrasos en los pagos de la seguridad social y la situación general de la economía golpean a la salud privada, que asegura que de seguir así muchos establecimientos cerrarán o despedirán personal.

Además, denuncian el cierre de un programa nacional que garantizaba recursos de Nación a las provincias para fortalecer la atención, y garantizar sueldos de los trabajadores sanitarios. Se trata del Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (FESCAS), que dejó de funcionar en abril pasado, en el marco del “plan motosierra” del gobierno de Javier Milei.

Según un informe, con la baja de este elemento, el sector dejó de recibir unos 88 mil millones de pesos, que ahora deben ser absorbidos por los gobiernos provinciales o las clínicas y sanatorios afectados.

La baja del FESCAS ocurrió hace casi dos meses, pero pasó desapercibida hasta que estalló el conflicto de los trabajadores de la sanidad, que protestaron en clínicas y sanatorios privados por la falta de aumento salarial.

Allí, salió como argumento de las empresas esa ayuda que se desafectó, y que complicaba aún más el panorama. Creado en 2022, era un plan de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, por el cual se reconocía “una suma dineraria individual a abonada por el Estado nacional directamente a los trabajadores del sector, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores adheridos al programa. Clausurado en abril de este año, profundizó la crisis que vive el sector.

“La medida fue anunciada por el ministro de salud y el vocero presidencial como un enorme ahorro para el Estado argentino. Sin embargo, este supuesto ahorro a las arcas del tesoro nacional esconde un aumento en las erogaciones de los presupuestos provinciales gracias a la ampliación de la demanda de atención a los servicios públicos de salud, financiados directamente por las jurisdicciones”, explicó al respecto la Fundación Soberanía Sanitaria, en un informe sobre el sector al que tuvo acceso Política del Sur.  

📝Informe #75 Fundación Soberanía Sanitaria - Prestadores Privados en crisis: Menos clínicas y salarios a la baja

⚠️Clínicas desfinanciadas y reclamos por salarios que no se actualizan. El impacto del cierre del FESCAS

🔗https://t.co/sfYaEzczwe pic.twitter.com/lOyJkXUYI1

— Soberanía Sanitaria (@SoberaniaSalud) May 28, 2024

En el trabajo se alertó que “el desfinanciamiento de programas como el FESCAS en conjunto con la desregulación de la economía afectó directamente a la salud privada provocando el cierre y la restricción de la atención en clínicas, así como dificultades salariales para sus trabajadores”.

“Esto generó un aumento en la demanda de la atención en efectores públicos al mismo tiempo que se decidió desfinanciarlos”, rescató. Para este año se estima que el presupuesto del programa “hubiera sido de 88 mil millones de pesos”.

“Si analizamos el impacto directo en las clínicas en términos presupuestarios, son aproximadamente 64 millones de pesos menos al año para el funcionamiento de cada una de ellas”, resaltó el reporte de Soberanía Sanitaria. La discontinuidad del programa FESCAS “ha generado preocupaciones sobre el impacto en la calidad y seguridad de la atención médica, así como en la sustentabilidad financiera de los efectores de salud privados en el contexto de la actual crisis económica y social que atraviesa la Argentina”.

En este sentido, el cierre de programas “en un país donde cerca del 60 por ciento de su población utiliza servicios privados de salud, atenta contra la mejora de la calidad de atención, pudiendo afectar directamente a los/as usuarios/as del sistema de salud”. Además, “el desfinanciamiento del sector, producto de las distintas crisis enfrentadas en los últimos años, genera una demanda abrupta de atención en el subsector público sin la necesaria ampliación presupuestaria que permita hacer frente a este escenario”.

Pese a estas dificultades, la semana pasada la dirigencia de sanidad logró acordar un aumento salarial para el personal del sector. Luego de intensas negociaciones, y de un plan de lucha que incluyó paros por turnos y marchas frente a establecimiento de todo el país, se firmó el convenio entre FATSA y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), luego de una audiencia realizada vía Zoom. El pedido del gremio que lidera Héctor Daer era de un 12 por ciento para este mes y 8 por ciento para junio.

“Hemos logrado firmar un nuevo acuerdo paritario para el CCT 122/75 para el primer tramo del 2024, recomponiendo las escalas salariales de los próximos tres meses (mayo, junio y julio)”, informó el gremio al finalizar la nueva audiencia. “Con la unidad de todos y todas, la fuerza de las asambleas y la dedicación de los compañeros y compañeras comprometidos con el plan de lucha, pudimos vencer la irresponsable resistencia de los empresarios”, agregó el comunicado de FATSA.

En el marco del plan de lucha, la dirigencia destacó “la fuerza de la unidad, la solidaridad y la militancia como pilares esenciales para alcanzar nuestros objetivos. La intransigencia empresaria solo cede frente a la fuerza de la organización”. De esta forma, se actualizó el salario de los trabajadores del CCT 122/75.

Acuerdo salarial firmado - CCT 122/75

Con la unidad de todos y todas, la fuerza de las asambleas y la dedicación de los compañeros y compañeras comprometidos con el plan de lucha, pudimos vencer la irresponsable resistencia de los empresarios.

Hemos logrado firmar un nuevo… pic.twitter.com/OLKt8hT0sE

— A.T.S.A. Bs.As (@AtsaBsAs) May 29, 2024

La crisis del sistema sanitaria es alertada por diversas entidades, tanto públicas y privadas, que afirman que el “plan motosierra” del presidente Javier Milei, con el recorte brutal a las transferencias provinciales, no hizo más que agravar, como marca la desaparición del FESCAS. Esos recursos deben ahora ser girados por los gobernadores, o los propios establecimientos, que vienen hablando de una situación de “colapso inminente”.

“Hoy en día existen 30 clínicas en todo el país con serio riesgo de cierre si no se revén los valores que los financiadores pagan a los prestadores”, advirtió CAPRESS, la cámara que agrupa a los prestadores de salud de la seguridad social. mediante un comunicado reciente, la entidad explicó que “venimos con un atraso de años, suba de servicios públicos que llega al 400 por ciento, suba de insumos que en algunos casos llega al 300 por ciento en lo que va del año y los ajustes por prestación no pasan el 40 por ciento”.

“El sistema de salud está colapsado hace años. Los médicos no pueden cobrar lo que cobran y las clínicas tampoco. Entendemos y apoyamos el reclamo salarial, pero si los financiadores como PAMI y IOMA, por ejemplo, no ajustan, el sistema va a la quiebra total”, denunció la entidad. “PAMI solamente otorgo un 35 por ciento de aumento durante 2024 que ni siquiera lo hemos cobrado en su totalidad. Tuvimos paritarias por un 45 por ciento que ya hemos pagado. Consideramos justo y necesaria la recomposición salarial a los trabajadores de la salud, pero no podemos dar aumentos si nuestro principal financiador no ajusta a la par”, concluyó CAPRESS.