Por: Federico Cedarri

Aflora un debate subterráneo en el ámbito de la Legislatura bonaerense respecto a una normativa que incomoda y cuya posible nulidad podría generar una polémica  de la que nadie quiere pagar el costo político: La ley que impide las reelecciones tanto de los intendentes como de los legisladores desvela a las principales espadas de Unión por la Patria  y también despierta el interés de la UCR y del sector que responde a los alcaldes del PRO.

Las conversaciones han comenzado por el momento de manera informal y hasta algunos aventuran que ya habría circulando un borrador con los principales lineamiento que tendría la propuesta.

Los intendentes peronistas no disimulan que son los más interesados en que la normativa pierda efecto ya que la mayoría de los alcaldes del populoso conurbado bonaerense no tienen la chance de poder renovar su mandato lo que generaría un efecto nocivo en Unión por la Patria: muchos de los actúales jefes comunales buscarían migrar hacia las listas de candidatos a legisladores provinciales y nacionales el año próximo complicando de sobremanera un cierre de listas que ya asoma tumultuoso por la guerra entre el kicllofismo y La Cámpora.

La siguiente preocupación que aflige a los jefes comunales que no podrán repetir es la trabajosa construcción de una sucesión leal en el pago chico que les garantice no perder influencia política.

En el mapa oficialista es una incógnita la posición que adoptará La Cámpora que socarronamente ya se frota las manos y comenzará a promover candidatos en los distritos donde los alcaldes no podrán presentarse aunque la continuidad de la vigencia de la ley también afectaría a una de las principales espadas del espacio como la quilmeña Mayra Mendoza.

“Por ahora no estamos discutiendo eso y nos parece que es un desatino cuando la sociedad esta pasándola mal por la situación económica, nosotros seguiremos construyendo territorialidad con militancia”, explica a PDS una espada parlamentaria camporista que se desentiende de la cuestión de la derogación de la ley.

También se especula que sería complejo para el peronismo acelerar por la eliminación de la ley sin el apoyo camporista, a lo que suma el rechazo tajante que ya esbozó el Frente Renovador que fue junto con el vidalismo un entusiasta impulsor de la normativa.

Hay sectores pronunciados de la oposición que no se hacen los distraídos y manifiestan de manera privada su interés en que la ley se caiga, hay que contemplar que entre el PRO y el radicalismo juntan 29 intendentes que no podrían renovar su mandato.

“Seguramente daremos la discusión aunque creemos que por ahora debemos abocarnos a sacar leyes para nuestra gente”, señaló a este portal una espada centenaria que dejó en claro que los correligionarios no le escaparán al debate.

En el PRO son más cautos aunque dejan trascender que podrían sentarse a discutir una supuesta derogación de la normativa sobre todo preocupados por el pacman libertario que según las encuestas les está comiendo progresivamente la base electoral: “Si nos arrastran los libertarios con una boleta fuerte para diputados nacionales perdemos las intendencias, por eso es que debemos tratar de que vuelvan a presentarse los actúales intendentes lo que nos podría garantizar preservar los distritos”, suelta con indisimulable preocupación ante PDS un legislador amarillo que responde a un alcalde.

Lo que genera inquietud es el momento en el cuál avanzar con la derogación definitiva de la norma ante una opinión púbica que cuestiona este tipo de prácticas: “Podría ser como fue en el 2021 metida solapadamente en el paquete de Presupuesto y Ley Fiscal sobre el filo del año”, pronostica un referente parlamentario ante este portal.

Kicillof al margen de la movida

En la gobernación bonaerense prefieren correrse de la escena de la discusión sobre la posible caída en desgracia de esta ley.

Kicillof plantea ante los interlocutores que lo consultan sobre el tema que no tendría inconvenientes que se avance en la Legislatura con un proyecto que dé coto definitivo a la normativa aunque les aclara de manera específica que no llevará adelante  ninguna acción concreta en ese sentido: “No haremos nada ni a favor ni en contra”, señala a PDS una fuente cercana  a la calle 6.

Entre las especulaciones que se tejen también cobra protagonismo la posibilidad de avanzar en alguna presentación judicial que pueda generar un fallo favorable que impulse la necesidad de avanzar en la derogación de la ley vigente.

“Es una posibilidad que la justicia se pronuncie y la Legislatura tenga que dar una respuesta, aunque creo que en este momento esa discusión va a contramano de la opinión pública que se encuentra enfrascada por temas conyunturales que la afligen como la compleja situación económica”, analiza ante PDS un analista de opinión que toma el pulso constante de la sociedad bonaerense.