Por: Diego Lanese

“Dejen de tirar a la cara”. Los gritos de la mujer se escucharon en medio de los estruendos de balas de gomas. La Policía de Córdoba avanza sobre los manifestantes, luego de golpear ferozmente a una jubilada, que cartel en mano intentó acercarse al cabildo de la capital de esa provincia, en momentos que el presidente Javier Milei realizaba el acto por el 25 de Mayo. El accionar policial fue duramente cuestionado por la dirigencia sindical que se movilizó para protestar contra el ajuste libertario y que venía de otra marcha también violentamente reprimida, en ese caso por Gendarmería Nacional en los alrededores del aeropuerto local. La jornada marcó la ferocidad con la que se piensa manejar los conflictos en la calle, ya sean sociales o sindicales. “Este modelo no pasa sin palos”, suelen reflexionar los dirigentes a los que se les consulta por la escalada represiva, que se ve claramente en todo el país. A esto se le suma una importante judicialización de los reclamos, una forma de amedrentar a las organizaciones. Solo esta semana, se allanó la casa de un secretario General de ATE por su participación en estas protestas y se prohibió a docentes misioneros acercarse a la Legislatura, una forma de frenar los pedidos de mejoras salariales, que desataron una verdadera crisis institucional en esa provincia. Este crecimiento de la conflictividad puede verse en los números: sólo en el primer trimestre del año los reclamos se dispararon más de un 200 por ciento respecto a igual período de 2023.

A medida que crecen los conflictos por despidos y pérdida salarial, el clima social y sindical se tensa, y la única respuesta del gobierno de Milei es hasta ahora la represión. Con el protocolo “anti piquetes” bajo el brazo, el Ministerio de Seguridad difunde su política de manejo de la protesta social, que se ve imitada por las policías locales, como pasó en Córdoba durante las manifestaciones por la llegada del presidente Milei. También se dio esta semana con la Policía de la Ciudad, que violentó una protesta de trabajadores del neumático. “No nos dejaron llegar a la Secretaría de Trabajo que, teóricamente, es la casa de los trabajadores. Cuando nos retiramos, después de manifestarnos, sufrimos una represión innecesaria en la Plaza de los Dos Congresos”, relató el secretario General del SUTNA, Alejandro Crespo. El dirigente contó que la movilización de trabajadores del sector contó con apoyo de otros sindicatos. “Vinieron a solidarizarse, desocupados, jubilados y cuando nos acercábamos a Callao al 100, a la Secretaría, hubo una feroz represión. Gasearon a compañeros, dispararon balas de goma, empujaron y golpearon con sus escudos”, describió Crespo. En estos meses ya hubo muchos eventos donde la respuesta a la protesta fueron los “palos” policiales. Pasó en Catamarca, con la firma Texilcom, en varios reclamos de estatales, y en general en casi toda manifestación popular.

“Fue una jornada tremenda, primeros fuimos reprimidos por la Gendarmería y después por la policía local, fue una locura lo que se vivió”, contó sobre los hechos sucedidos en Córdoba el titular de ATE en esa provincia, Federico Giuliani. El dirigente le confirmó a Política del Sur que fue herido por balas de goma, como dos dirigentes estatales más, de un total de 10 heridos, uno que estuvo unos días internados por los golpes recibidos. Según explicó, por ahora están juntando pruebas de la represión “para realizar una denuncia judicial”, que buscará llegar a los responsables del accionar de las fuerzas de seguridad. En la previa, el propio Giuliani había anticipado que podrían producirse incidentes más allá de las acciones de los gremios. En ese marco, el dirigente sindical destacó: “Misiones demuestra que si los dirigentes no están en la calle la gente va a salir igual”. Así se refirió a la protesta que se inició por parte de policías retirados y se volvió una rebelión a la que se sumaron estatales, docentes y el personal de la salud. Pero sorpresivamente, antes de que pudieran accionar ante la Justicia, un fiscal ordenó allanar la casa de Giuliani y la sede de ATE Río Cuarto. Así entró la etapa de judicialización de la protesta, que junto a la represión compone en combo que el modelo actual tiene de sostener las medidas de ajuste.

En este sentido, el dirigente viene sufriendo una fuerte represión judicial, con varias causas que buscan criminalizar el accionar sindical. “Es acuso judicial”. La definición del secretario General de ATE Córdoba sobre el allanamiento a su domicilio, ocurrido el martes pasado, deja en claro que la causa iniciada en su contra poco tiene que ver con una investigación. Giuliani está en la mira de la Justicia, no sólo por las protestas realizadas por los estatales el sábado pasado, en el marco de la visita del presidente Javier Milei a esa provincia. Antes, ya tenía una causa por diversas protestas, que son consideradas un intento de criminalizar la protesta social y sindical. En este caso, la entidad sindical denunció que el fiscal Ernesto De Aragón, que ya había acusado al dirigente por el delito de “obstrucción al transporte”, ordenó el allanamiento de la sede gremial de ATE Río Cuarto y también el domicilio particular de Giuliani. El dirigente marcó que viene “sufriendo el caso de la justicia”, y marcó que “luchar y protestar no es delito”. En este sentido, fuentes judiciales apuntaron a De Aragón, que según dijeron “tiene un perfil anti sindical muy marcado”. En este punto, recordaron que fue el que ordenó la represión en diciembre pasado a un cacerolazo y procesó a varios dirigentes sociales que encabezaron reclamos de alimentos. “Es el brazo judicial del gobernador Martín Llaryora”, le dijeron las mismas fuentes consultadas por Política del Sur.

Desde su inicio, la gestión libertaria tuvo la represión y judicialización como respuesta al crecimiento de la conflictividad, que un informe alerta creció notablemente este año. se trata del Índice de Conflictividad Laboral, que hace la Universidad Torcuato di Tella, que aseguró los conflictos “en el primer trimestre de 2024 ha aumentado un 201,4 por ciento respecto del mismo período del año 2023”. Anteriormente, “el ICL para el periodo diciembre 2019-noviembre 2023, es decir, el período presidencial anterior, incluida la pandemia de Covid-19, se destacó por una relativamente baja incidencia de la conflictividad laboral en promedio”. “A pesar de una considerable caída de la capacidad adquisitiva del salario promedio durante 2023, la conflictividad laboral estuvo contenida”, analizó la casa de estudios. Aun así, agregó el reporte, “si bien hubo un cierto crecimiento del ICL a mediados de 2023, su valor promedio no tuvo un movimiento significativo. El primer trimestre de 2024 muestra un cambio de tendencia, con un notable crecimiento del ICL”. “El pico se dio en enero de 2024, y el crecimiento interanual entre primer trimestre de 2024 y primer trimestre de 2023 fue del 201,4 por ciento, es decir, el triple de incidencia del conflicto laboral”. Para encontrar el nivel del ICL de enero de 2024 en la serie histórica “tenemos que retroceder al período entre septiembre y octubre de 2018. A su vez, el pico de ICL registrado en enero de 2024 es 309,7 por ciento mayor que el promedio del periodo diciembre de 2019 a noviembre de 2023”. “Los valores de los próximos trimestres indicarán si se está generando un cambio de nivel promedio de la conflictividad laboral o si se trata de un pico con regreso a nivel promedio anterior”, concluyó el reporte.