jueves 13 de junio de 2024 - Edición Nº2017

Gremiales | 28 may 2024

SEGURIDAD SOCIAL

En medio de la crisis asistencial, la oposición quiere darle autonomía al IOMA

Un proyecto busca una reforma de la obra social provincial, que asiste a los trabajadores estatales y municipales. La entidad quedó en medio de la disputa política y hay alarma por el cumplimiento de las prestaciones. Los gremios alertan sobre los problemas para acceder a los servicios.


Por: Diego Lanese

En una reciente visita a la Legislatura, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, intentó convencer a diputados de la oposición de apoyar la propuesta de crear un laboratorio estatal, que permita producir medicamentos para el sistema sanitario provincial. La negativa en darle respaldo al proyecto de ley se fundamentó en la necesidad de “solucionar los problemas actuales” en materia de atención y le apuntaron a la situación del IOMA. La obra social viene siendo cuestionada por los problemas prestacionales, y se volvió botín en disputa entre la gestión de Axel Kicillof y la oposición. En campaña muchos intendentes del PRO trataron de salir de la cobertura obligatoria de sus empleados, una forma de presionar por mejoras en la atención. Si bien el tema no avanzó demasiado –incluso la comuna de San Nicolás volvió a firmar un acuerdo para que la entidad siga atendiendo a sus municipales –la disputa continúa. En este contexto, se presentó un proyecto para reformar la estructura del organismo, y hacerlo “autárquico y autónomo”. Para eso, se busca modificar la actual ley que establece que las inversiones de las reservas técnicas del IOMA se realicen a través del Banco Provincia y cuenten con supervisión del Ministerio de Economía. De esta forma, se busca fomentar cierta libertad de la entidad, que incluiría la posibilidad de que los empleados –municipales y de la administración pública provincial –elijan otra cobertura

 

El nuevo proyecto para atender la realidad del IOMA busca generar una reforma de su estructura, para darle autonomía del gobierno de turno. Así lo explican desde el grupo de diputados de los bloques de la UCR y el GEN, que buscan “garantizar la autonomía de la entidad y que los ingresos por los aportes de los afiliados queden en el IOMA para cubrir los gastos de las prestaciones, evitando que sean utilizados por los gobiernos para otros fines”. El mencionado proyecto lleva las firmas de Claudio Frangul, Matías Civale, Viviana Dirolli, Natalia Dziakowski, Nazarena Mesías y Julio Pasqualin, que piden además declarar el “estado de emergencia” de la entidad, que tiene serios problemas para cumplir con la atención en varias zonas de la provincia de Buenos Aires, como pasa en Mar del Plata, que está en crisis desde hace meses, en especial por la decisión de las tres clínicas privadas que limitan la atención, por los retrasos en los pagos y la disputa por el valor de las prestaciones. No es el primer proyecto de ley que este grupo de legisladores quiere imponer cambios en el IOMA. Además de la reforma interna, se busca crear una “auditoria externa”, que una vez por año describa la situación financiera y sanitaria de la entidad. La propuesta, a la que tuvo acceso Política del Sur, busca “revisar todos los actos administrativos realizados” entre los años 2020 y 2023. La misma medirá “los contratos con empresas proveedoras de insumos y materiales, convenios con profesionales y clínicas, gastos incurridos en los convenios suscriptos con la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados IOMA, y montos ingresados al instituto por la utilización de la marca identitaria”. Además, se busca saber si los fondos que deberían girarse por los aportes de los trabajadores se hicieron “en tiempo y forma”. “La situación actual de la obra social es de una crisis sin precedentes”, dijeron los legisladores en los fundamentos del proyecto, que apunta a las autoridades nombradas por la gestión provincial, a quienes acusan de estar “absolutamente ideologizadas”.

La nueva propuesta opositora para el IOMA es una nueva forma de cambiar el actual sistema solidario que defiende el gobierno, y que los sindicatos estatales respaldan. En este sentido, desde el Consejo Consultivo Gremial de la entidad, que forma los representantes de municipales, docentes, judiciales y fuerzas de seguridad entre otros, insisten en rechazar estos cambios, considerados “ataques”. Ya lo habían hecho cuando comenzaron los pedidos de los distritos de permitir la libre elección de afiliación, que se mantiene cerrada más allá de la desregulación de la seguridad social de los 90, que se mantiene en estos días. Incluso el DNU 70, que se firmó en diciembre del 2023 y que libera muchas restricciones, tocó el tema. “Cada distrito que quiere dejar el IOMA, cada medida que intenta cambiar su estructura, es un intento de debilitar la atención de los trabajadores, los únicos dueños de la obra social”, destacó una fuente de este consejo, ante la consulta de Política del Sur. En este tiempo, el Consejo Consultivo Gremial trabajó para mitigar los efectos de la crisis financiera, que se profundiza por los recortes en los fondos que Nación debe girar a la provincia de Buenos Aires, y que fueron víctima del “plan motosierra” que lanzó el presidente Javier Milei para achicar el gasto público. En este punto, ya hubo encuentros con las farmacias bonaerenses, para tratar el tema del descuento a los medicamentos, que por el momento se mantienen pero que “están al límite”, ya que los precios de los tratamientos se dispararon en estos meses, y el organismo cubre un porcentaje fijo de ese valor. “El IOMA gasta más plata pero alcanza para menos”, admitieron luego de la reunión, que creó un canal de diálogo con el Colegio de Farmacéuticos provincial.

 

Además, el consejo intervino en la crisis con los médicos enrolados en la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y sugirió que IOMA y la entidad “conformen mesas mixtas de negociación, donde las organizaciones gremiales tengan participación y se logren avances concretos, sin poner en riesgo la atención y cuidando el bolsillo de las y los trabajadores, principales perjudicados por esta situación”. En abril pasado, la entidad médica reclamó una millonaria deuda que mantiene el gobierno provincial con el sector. “El titular del instituto no ignora que mantener deudas de hace casi dos años y deber 4.656 millones, pone en riesgo la atención que reciben sus afiliados y que, si al día de hoy no se han cortado los servicios, es pura y exclusivamente por la buena voluntad de la federación médica, que prioriza la salud de los beneficiarios por encima de las mezquindades de las autoridades de la obra social”, disparó la entidad en un comunicado. Allí, recalcó que “no entendemos qué fines persigue Homero Giles con tanto destrato hacia quienes cuidan la salud de los vapuleados afiliados del IOMA, ni porque es tan insensible hacia las necesidades de quienes debe proteger”.

La semana pasada, Kicillof y el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, firmaron el convenio por el cual los trabajadores del municipio vuelven a aportar solidariamente a IOMA y a recibir su cobertura. Se cierra así un conflicto de un año, en el que las cosas no salieron como los Passaglia esperaban. Kicillof fue a San Nicolás a poner en funcionamiento la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), un grupo de elite de la policía bonaerense inspirado en el grupo Halcón de la federal. Lo acompañó el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que firmó un convenio con el Grupo Oroño para ampliar la cobertura de IOMA en la región. Grupo Oroño es el prestador de salud más importante de Santa Fe y el norte bonaerense, que viene de protagonizar un conflicto de 20 días con el gigante OSDE. Tras verse obligada a devolver a los socios el dinero cobrado de más, la empresa que preside Martín Pochat, dueño de Car One y Burgwagon entre otras agencias de autos, intentó rebajar unilateralmente los honorarios de las clínicas. La respuesta fue un lock out de casi tres semanas, del que los santafesinos salieron victoriosos. Desde el inicio del conflicto, Passaglia se topó con la oposición del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que conduce Rodolfo Cecchi, y está afiliado a la FESIMUBO de Rubén “Cholo” García. Cecchi movilizó al Concejo Deliberante y explicó el riesgo que la medida significaba, especialmente para las casi 300 familias que tenían pacientes con dolencias crónicas, entre cardíacos, diabéticos, con movilidad reducida o seropositivos.

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