Por: Federico Cedarri

Como un ensayo de lo que puede llegar a materializarse en el corto plazo para la posible aprobación de los proyectos de salud enviados por Axel Kicillof, una nueva mayoría automática comienza a despuntar en la Cámara de Diputados entre el peronismo y los libertarios disidentes.

El oficialismo logró con ese apoyo crucial aprobar un proyecto de la camporista Maite Alvado que reemplaza la tasa activa con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales por la tasa de Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con la intención de que se actualicen por inflación.

La propuesta refrendada con el voto del peronismo y los disidentes mileístas modifica el artículo 48 de la Ley de los Tribunales de Trabajo (N°11.653) para eliminar el postulado que establece la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para determinar los intereses que le adicionan a las indemnizaciones laborales al momento del pago.  

En primer término, se escuchó la palabra de la coautora de la propuesta, la diputada peronista Soledad Alonso, que aclaró que el proyecto apunta a reparar una injusticia.

Explicó que la iniciativa cuenta con el apoyo sostenido del Ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa. “Tenemos que legislar para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires y terminar con el beneficio a los empresarios que inician juicios laborales en la provincia porque les conviene”, destacó.

Por su parte, el libertario Guillermo Castello fue lapidario: “Este proyecto es letal tanto la industria como para el comercio ya que eleva las ya exorbitantes indemnizaciones y va a contramano de lo que necesita el país".

La misma línea argumentativa transitó Juan Jose Esper de LLA que cuestionó la iniciativa y remató: “Todo lo que hizo el Estado presente fue arruinar la Argentina”.

Por su parte, la titular del bloque de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro, explicó que su espacio no acompaña la propuesta porque “este debate nos excede debido a que es una cuestión jurídica de índole nacional”.

El legislador del PRO Matías Endere coincidió: “La solución de fondo para estas cuestiones está en manos del Congreso Nacional, por lo tanto estamos tratando un proyecto que escapa a la competencia de esta Legislatura y que puede ser declarado inconstitucional”.

El titular del bloque disidente libertario, Gustavo Cuervo, justificó el acompañamiento a la iniciativa de Alvado: “Todo proyecto que represente un beneficio para los bonaerenses y repare una injusticia lo vamos a aprobar venga de donde venga”, indicó.

“No somos antiperonistas- aclaró- somos dialoguistas y no entendemos otra forma de hacer política y apelamos al filtro del sentido común sin preocuparnos de los que nos injurian tratándonos de massistas o kicillofistas”.

Retomando conceptos sobre la iniciativa aprobada agregó: “No es una panacea para los trabajadores bonaerenses sino simplemente un parche para solucionar una situación asimétrica respecto a Capital Federal”.

El titular del bloque radical, Diego Garciarena, argumentó la negativa de su espacio sosteniendo en su discurso que la Suprema Corte sí puede establecer cambios en las leyes laborales pero no la Legislatura, "ya que no somos competentes porque los derechos de fondo le corresponden al Congreso Nacional".

Para cerrar el debate, la diputada camporista Maite Alvado relativizó la posible inconstitucionalidad de la propuesta: “Me parece fructífero el debate pero en el Derecho también hay dos bibliotecas", justificó.

“El proyecto es constitucional, debemos legislar desde la provincia de Buenos Aires para aclarar esta cuestión porque los trabajadores y trabajadoras están desamparados”, afirmó la legisladora.

Más adelante, precisó su convencimiento de que a partir de este proyecto se va a construir una provincia mejor: “Tenemos que cuidar las fuentes laborales y la producción nacional, esperemos a partir de ahora tener un poco más de justicia social y dignidad humana que nos permita  frenar este anarco colonialismo”.

El Cuerpo legislativo aprobó dos vetos del Ejecutivo, el primero de ellos parcial, al proyecto del radical Emiliano Balbín que propone exceptuar a los residentes médicos del pago correspondiente a la Caja de Previsión y Seguro.

El siguiente expediente aceptado por el Cuerpo es el veto total a un proyecto de Ley del ahora senador nacional Maximiliano Abad que propiciaba la transferencia de inmuebles a la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata.

Los diputados también contribuyeron a la sanción de un proyecto de la legisladora mandato cumplido, Natalia Sánchez Jauregui, que dispone la creación de un sistema de identificación de tranqueras denominado SOS Rural.

La propuesta de la referente del partido FE  que supo militar junto al fallecido dirigente sindical Gerónimo Momo Venegas prevé que cada tranquera de acceso a los establecimientos rurales deberá colocar una chapa identificadora que será georeferenciada.