martes 28 de mayo de 2024 - Edición Nº2001

Gremiales | 14 may 2024

LUEGO DEL PARO NACIONAL

El Gobierno prepara su “contraofensiva” contra los gremios con un paquete de leyes “anti casta”

En la Casa Rosada ya trabajan para lograr los consensos para aprobar algunos proyectos legislativos que limitan el poder de los dirigentes, que incluyen la vieja propuesta para limitar las reelecciones de secretarios generales.


Por: Diego Lanese

El segundo paro nacional contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional tuvo una alta adhesión, pese a los dichos de los principales funcionarios del oficialismo, que intentaron minimizar su impacto. La pelea por “contar” la medida de fuerza se instaló ese mismo día y buscó darle contexto a la protesta, que paralizó áreas claves como el transporte público, la industria y las clases en todos los niveles. El fortalecimiento del movimiento obrero como principal bastión de resistencia a la gestión libertaria quedó expuesto luego del paro, por lo cual en el entorno del presidente Javier Milei preparan una “contraofensiva” que intente limitar el poder de los gremios. Lo hará reflotando viejas iniciativas legislativas que buscan reformular las leyes que rigen a los sindicatos y que fueron presentadas por distintos bloques políticos, que hasta ahora no tuvieron el apoyo necesario. La idea es mostrar estas normas, que limitan las reelecciones de los secretarios generales o cambia la forma de financiar las entidades gremiales, como un paquete “anti casta sindical”, algo que ya intentaron desde el Gobierno de manera mediática. Las centrales obreras por su parte se centran en su rechazo a la Ley Bases y prometen trabajar junto a senadores del peronismo para evitar su aprobación. Este martes habrá una nueva cumbre con la comunidad educativa y se podrían definir nuevas medidas de fuerza.

 

En el Gobierno no ocultan su ofensiva contra los gremios, apoyando una serie de leyes “anti casta sindical”, que buscan limitar el poder de la dirigencia sindical. Según las versiones que se conocieron luego de la jornada de paro, La Libertad Avanza se siente más que cómodo en confrontar con la CGT, algo que no pasó con la movilización en defensa de la universidad pública, donde tuvo que enfrentar a una parte de su electorado. Por eso, ya se habla de apoyar este paquete de proyectos, que se sumará a la judicialización de varias denuncias contra distintos gremios por presionar a los trabajadores a sumarse a las protestas. Esta tarea fue encomendada a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en los días posteriores al paro habló de denuncias de “ataques mafiosos” que recibieron, en especial en las líneas de colectivos que trabajaron y los bloqueos que se registraron en algunas rutas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. A la vez, desde el Gobierno dijeron que recibieron más de 130 mil denuncias de personas que querían salir a trabajar y fueron presionadas para no hacerlo. La idea es llevar a la Justicia algunas de estas denuncias, para intentar visibilizar “el accionar de los gremios”.

En paralelo, se comenzó a hablar con legisladores no peronistas para apoyar una serie de proyectos que limitan el poder de la dirigencia sindical. Este fue el tema central de una reunión encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien recibió a los diputados del PRO Cristian Ritondo, Damián Arabia, Silvia Lospennatto, Martín Maquieyra y Hernán Lombardi junto con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Allí se habló de los pasos a seguir después de la aprobación de la Ley Bases y quedó como eje de consenso avanzar con el paquete de “leyes anti casta” que anunció Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Según pudo saber Política del Sur, en la cumbre se habló de varias medidas propuestas por el bloque PRO, entre las que figuran como prioritarias la obligatoriedad de los sindicatos de elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas. No fue el único tema que mencionó Karina Milei con los diputados opositores que afectará directamente a los gremios. También se mencionó la idea de reflotar el proyecto de ley de sancionar los bloqueos sindicales a empresas con mayor rigurosidad y la incorporación de una ley tendiente a eliminar el aporte solidario sindical que fue desplazado del proyecto de reforma laboral original en el debate de la Ley Bases en la Cámara baja. Los diputados del PRO coincidieron con el Gobierno en avanzar en este plano. En la Casa Rosada aseguran que no habrá diálogo con los gremialistas que están en pie de guerra con el Gobierno. Pero aclaran que "no todos los sindicalistas son iguales". También hay posturas intermedias como las de Guillermo Francos, Posse o el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que creen que el diálogo no se debe cortar totalmente ni siquiera con los duros de la CGT.

 

En marzo pasado, una diputada radical presentó un proyecto similar, para reformar la Ley de Asociaciones Sindicales, la norma clave que representa el “corazón” del modelo gremial argentino. Además, se apunta a una serie de medidas que buscan “transparentar” el funcionamiento interno de las organizaciones, apuntando a permitir la participación de sectores opositores. Se trata de una iniciativa legislativa de la diputada nacional radical Roxana Reyes, la cual busca eliminar las reelecciones indefinidas en los sindicatos y propone que los mandatos “no puedan exceder los cuatro años”. Además, establece el derecho a “una sola reelección inmediata”, con el requisito de culminar completamente el mandato anterior. Según pudo saber Política del Sur, la iniciativa también incorpora el voto obligatorio para que “todos los trabajadores participen y se garantice mayor transparencia en la elección de autoridades”. La propuesta de la diputada de la UCR por Santa Cruz es parte de una serie de proyectos que ya pasaron por el Congreso, pero que hasta ahora no lograron consenso para su aprobación. Incluso muchos perdieron estado parlamentario. La diferencia que se puede marcar es que en este momento el Presidente respalda una iniciativa de este tipo, lo que se espera empuje sus posibilidades. Otras iniciativas similares fueron las de Soledad Carrizo (UCR Córdoba), la del diputado nacional Fernando Iglesias (PRO Ciudad de Buenos Aires) o incluso del dirigente sindical Facundo Moyano, que en estos días valoró esa idea. En el caso de Iglesias ya había propuesto el texto en 2011 y 2018, con el fin de impedir la reelección indefinida de los gremialistas. En ambos casos nunca se trataron.

En la CGT y el resto de las centrales obreras, no sorprendió ni la propuesta de Milei ni la nueva iniciativa legislativa. Desde que ganó el libertario en Azopardo se sabe que vendrán “por el modelo sindical argentino” y rechazan los argumentos. “No quieren democracia, todo lo contrario, quieren controlar los gremios”, le dijo a Política del Sur un dirigente de la central obrera, que recordó que “desde la presidencia de (Raúl) Alfonsín con la famosa ‘Ley Mucci’ hasta acá todos los gobiernos intentaron de alguna manera controlar a los sindicatos”. En este sentido se fue pronunciando la dirigencia cada vez que se intentó modificar la Ley de Asociaciones Sindicales, y marcó que cada organización “tiene su estatuto, y debe respetarse”. Por eso, tanto si el Gobierno intenta impulsar un proyecto como si se quiere tratar algunos de los proyectos legislativos, la CGT lo rechazará.

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