Por: Diego Lanese

Esta semana, el Senado nacional comenzará a discutir la Ley Bases, que tuvo media sanción de la Cámara baja y que contiene buena parte del plan de gobierno de la gestión libertaria. En medio de la polémica por la inclusión de la reforma laboral y la vuelta del Impuesto a las Ganancias, los gremios estatales alertan que además si esta norma se convierte en ley se puede terminar con “la estabilidad laboral” de los empleados públicos, lo que pone en peligro a unos 125 mil trabajadores. Se trata de personal de planta permanente, que con la nueva normativa podría ser despedido sin motivos. Esto incluye a gran parte de las empresas públicas, que quedarán a merced de la motosierra del presidente Javier Milei. Así lo afirma un análisis del Frente de Gremios Estatales, que viene denunciando el desguace que pretende el Gobierno respecto del sector público. A esto se le suma la situación de contratados y monotributistas, que siguen sin estabilidad laboral y recibieron este año un “aumento miserable”. Además de recalcar sobre el peligro de esta situación, este espacio sindical adelantó que pedirá “provincia por provincia” que los senadores no den el visto bueno a la ley, para evitar los despidos masivos.

Según el análisis del Frente de Gremios Estatales, de aprobarse y ponerse en vigencia la Ley Bases pondría en peligro más de 120 mil puestos de trabajo en la administración pública nacional. Según explicaron, el primer artículo del Capítulo IV de la Ley Bases dedicado al “empleo público” ordena sustituir el artículo 11 del Anexo de la Ley 25.164 por uno que indica que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta doce meses, conforme lo establezca la reglamentación”. Durante ese tiempo, los trabajadores “deberán recibir la capacitación que se les imparta; o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado y, cumplido ese término, si el empleado no consiguió “una nueva relación de trabajo” en otro sector, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”. En otras palabras, si los empleados están en oficinas o dependencias que se reestructuran o cierras, podrán ser despedidos una vez finalizado este período “de transición”, más allá de su condición de planta permanente.

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— ATE-INDEC (@ATEIndec) May 5, 2024

“Es el fin de la estabilidad laboral para los empleados del Estado nacional”, dijo una fuente de este frente, ante la consulta de Política del Sur. Las estimaciones del espacio es que entre las empresas públicas que buscan achicar o cerrar, más las dependencias que se podrán en revisión, son 125 mil los trabajadores alcanzados por la medida. El Gobierno se encontraría con la Ley de Bases facultado a modificar o eliminar “las competencias, funciones o responsabilidades” y los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, aunque hayan sido creados por ley, cuyo mantenimiento la gestión del presidente Javier Milei considere “innecesario”. En caso de ser alcanzado por esta medida, el empleado despedido “tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía”. “Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, se aclaró en la norma.

Pero incluso algunas estimaciones son más graves. Si se suman a unos 55 mil empleados contratados, en planta transitoria o que facturan, el número de cesantías posibles llegará a los 180 mil. Estos últimos son especialmente vulnerables, porque además de no tener ahora estabilidad laboral, no están alcanzados por la paritaria nacional del estado, por lo cual reciben aumentos salariales de acuerdo a la decisión del Ministerio de Economía. La semana pasada, por ejemplo, tuvieron una recomposición del 17 por ciento, la primera desde que Milei es presidente. Ante esto, este martes se realizó una conferencia de prensa frente a la cartera de Hacienda, para denunciar esta realidad. “Es necesario resaltar la crítica situación que viven quienes están contratados bajo la modalidad conocida como declaración 1109, esencialmente monotributistas, que sufren una brutal licuación de sus ingresos porque, además de no cobrar, ni las sumas o montos otorgados ni los aumentos que ha dado el Gobierno ni perciben el SAC, se le suma la falta de compensación de la depreciación que sufren sus ingresos producto de la inflación”, le dijo a Política del Sur el delegado de ATE en el INDEC, Raúl llaneza, sobre la situación de esos trabajadores estatales. De consolidarse un aumento aislado del 17 por ciento, agregó, “estarían sumando una perdida estimada de un 61 por ciento a mayo 2024, que pone en riesgo su continuidad laboral en nuestros organismos”.

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— Ate blanca Acumar (@ateblacumar) April 30, 2024

A la espera de definiciones, desde ATE mantienen el estado “de alerta” y recalcaron que incluso sin la Ley Bases se siguen dando despidos todos los días. Esta semana, por ejemplo, trabajadores de la Autoridad de la Cuenca del Matanza-Riachuelo (ACUMAR) se concentraron en la sede porteña del organismo y realizaron un cese de tareas en reclamo de la “inmediata reincorporación” de las 40 personas que fueron despedidas la semana pasada. Con una concentración convocada desde las 8 frente a la sede central del organismo, ubicada en Esmeralda 255 del centro porteño, los trabajadores iniciaron una retención total de tareas durante toda la jornada para “garantizar el ingreso de todos los despedidos, reclamar la reincorporación inmediata de los compañeros y el cese de las intimaciones”, informaron en un comunicado. Los trabajadores denunciaron que se trata de “despidos con causas armadas por la nueva gestión (del presidente de la Autoridad) Lucas Figueras” a través de una “aplicación fraudulenta del procedimiento de sanciones que busca hacer pasar la motosierra en el organismo”. “Se los acusa de ausencias injustificadas remitiendo a un sistema de horarios manipulables por la patronal y desconociendo la documentación probatoria de todas las tareas realizadas y licencias solicitadas durante el 2023”, explicaron los empleados que encabezan esta medida de acción directa. Desde la Junta Interna de delegados ATE-ACUMAR temen que estas 40 cesantías producidas el viernes sean la antesala de “un ataque de mayor”, que apunta contra “260 trabajadores que están bajo la amenaza de ser despedidos desde finales de marzo”.