Por: Federico Cedarri

Hay una discusión en ciernes que se evidencia intramuros en la Legislatura bonaerense pero que hasta el momento no asoma ante la opinión pública debido al escenario complejo para este tipo de movidas políticas.

En rigor, la chance de que caiga la ley que limita a dos mandatos la reelección de los intendentes y legisladores comienza adquirir visos de realidad.

Ya han comenzado sondeos por ahora de carácter informal entre el oficialismo y la oposición sobre la viabilidad de avanzar en la derogación de la normativa, aunque coinciden en que no es el momento propicio para dar el debate de cara a la sociedad.

El peronismo es el que se muestra más interesado en que la llamada ley Vidal encuentre su final, la mayoría de los alcaldes del conurbano, salvo las excepciones de Federico Otermín en Lomas de Zamora; Julián Alvarez en Lanús y Damián Selci en Hurlingham, terminarían su segundo mandato en diciembre de 2027.

Los intendentes de esa franja territorial decisiva en lo electoral se constituyen en un actor esencial para el frente que tiene como columna vertebral al peronismo.

En el entorno de Axel Kicillof tienen un ojo puesto en la discusión ya que consideran de una valía trascendental que a una hipotética candidatura presidencial del gobernador lo respalde ese conglomerado de intendentes.

Por el momento, el mandatario prefiere no involucrarse en la discusión y deja hacer a los inquietos legisladores que tienen terminales en intendencias del Gran Buenos Aires y son en última instancia quienes empujan con más fuerza la derogación de la ley.

La cuestión que aflige a los alcaldes es que en caso de no derogarse la ley deberán comenzar a partir del 2025 a preparar la sucesión en sus distritos y algunos de ellos hasta estudiarían la posibilidad de pegar el salto a un banca en la Legislatura bonaerense o en el Congreso Nacional para preservarse políticamente: “El debate hay que darlo, todavía no es el momento porque la gente está con mucha bronca con la política pero en el transcurso del año debe darse la discusión”, destaca ante PDS un legislador peronista de tierra adentro.

La oposición que nuclea tanto a la UCR como al PRO de los intendentes, salvo la disidencia del bullrismo, ve con buenos ojos la jugada de terminar con la prohibición de la reelección indefinida.

De hecho, el puntapié inicial para la disociación que envolvió al PRO desde el 2021 fue la toma de posturas diferentes ante la modificación de la norma que permitió una elección más para los alcaldes beneficiados: los otrora vidalistas que después recalaron en el bullrismo mostraron su encono mientras que los alcaldes de los grandes distritos del interior que reportaban en el larretismo apoyaron.

El frente de Unión por la Patria tiene una piedra en el zapato en lo que respecta a esta cuestión: el massismo.

Los seguidores del ex ministro de Economía prohijaron en conjunto con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal la normativa votada en 2017.

Y pese a que perderían la chance de continuidad de varios alfiles renovadores la intransigencia a una derogación de la ley que limita las reelecciones se mantiene.

La resolución apunta al segundo semestre

La impaciencia para definir su futuro de parte de los alcaldes, especialmente los del conurbano ya sean peronista o del PRO, presiona para que se tome una determinación al respecto hacia el final del 2024.

La apuesta que hacen los legisladores peronistas es que para ese momento ya podría estar saldada la discusión y tratarse en un paquete conjunto que contenga al Presupuesto y a la Ley Impositiva como aconteció en el 2021.

Sin embargo, el gran obstáculo que hoy tienen quienes impulsan la sepultura de esta normativa es las limitaciones que encuentra en la sociedad: “Se hace complejo avanzar en una propuesta de este tipo aunque los intendentes sean respetados y votados por sus vecinos, el contragolpe anticasta de Milei nos perjudica”, asegura a PDS una fuente parlamentaria boina blanca que admite que el tema ya esta echado a rodar en los pasillos legislativos.

Vale recordar que la ley no solo prohíbe más de dos mandatos a los alcaldes sino que además afecta a los legisladores por lo que de naufragar la derogación la dificultad se trasladará al cierre de listas en 2025: los intendentes peronistas que no renueven podrían aspirar a ocupar lugares en las boletas lo que tensaría la discusión con La Cámpora que tiene la meta de preservar los lugares que pone en juego.

“Que se caiga definitivamente esta ley es un negocio para todos”, resume un legislador oficialista el sentir que hoy impera en los bloques de Unión por la Patria y que se extiende por añadidura hacia el radicalismo y el PRO.