viernes 24 de mayo de 2024 - Edición Nº1997

Gremiales | 16 abr 2024

CONGRESO

El Gobierno “tercerizó” la reforma laboral y respalda el proyecto del radicalismo

Desde el oficialismo dieron el visto bueno a la propuesta del bloque de la UCR, que se presentó la semana pasada en el Congreso. Límites en la financiación, educación y trasporte como servicios esenciales y cambios en las indemnizaciones, las claves. Los gremios adelantan que no apoyarán ninguno de los cambios propuestos.


Por: Diego Lanese

La semana pasada, el bloque de diputados de la UCR presentó en el Congreso nacional un proyecto propio de reforma laboral. Con el capítulo del trabajo del DNU 70 suspendido por la Justicia, se sabe que la idea del Gobierno es enviar una nueva iniciativa en la Ley Bases que se negocia con los gobernadores, y para eso se reunió por primera vez desde que se hicieron cargo de la gestión con la conducción de la CGT. Con el segundo paro nacional confirmado, el oficialismo decidió apoyar la propuesta radical y así evitar el enfrentamiento directo con la dirigencia sindical. Así lo confirmó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que en una entrevista el fin de semana adelantó que las propuestas “tiene coincidencias” y podrían tener un tratamiento único. “El proyecto del radicalismo va en línea con lo presentado por el Gobierno. Por eso diversas fuerzas se suman, pero todos piensan lo mismo. Hay incluso proyectos más enérgicos”, dijo el ex abogado de Techint, que asumió con una clara agenda: ayudar a aprobar las leyes laborales que propone la gestión libertaria. Lo cierto es que la iniciativa de la UCR tiene varios puntos en común con la que era parte del DNU, y ha entusiasmo en lograr los votos para aprobar en un futuro cercano. En la CGT miran con atención la evolución de la negociación legislativa, y ya advirtieron que no habrá respaldo para la reforma que se intenta llevar a cabo.

 

Con 44 artículos divididos en ocho capítulos, la reforma laboral presentada por la Unión Cívica Radical (UCR) se incorporará en el dictamen de la Ley de Bases, según adelantó Cordero. Entre los puntos salientes, la iniciativa, a la que tuvo acceso Política del Sur, busca eliminar las cuotas sindicales, estableciendo nuevos mecanismos de indemnización y extendiendo el período de prueba laboral, entre otros puntos. “La propuesta de reforma laboral que proponemos busca abordar los desafíos del mercado laboral argentino actual, caracterizado por la alta informalidad, el desempleo, la precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, argumentó la propuesta. Para ello, “se propone una serie de cambios estructurales en la legislación laboral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo económico del país”. Además, busca declarar esencial la educación limitando la posibilidad de realizar paros, ya que se establece que un 30 por ciento de la dotación docente y no docente deberá prestar tareas normalmente cuando se realice la protesta, que al extenderse los días deberá aumentar ese porcentaje. También se suman actividades como el transporte y los servicios de telecomunicaciones, como había establecido el proyecto libertario plasmado en el DNU firmado por Javier Milei en diciembre pasado.

La iniciativa radical plantea, entre otros aspectos, la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos. La normativa actual permite que los convenios colectivos incluyan una cuota extra tanto para afiliados como para no afiliados: la propuesta de modificación los prohíbe por completo. Las organizaciones gremiales “no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros”. Esta restricción no alcanza a los aportes que los empleadores realicen en virtud de disposiciones legales respecto de trabajadores afiliados a una entidad sindical durante su permanencia en la misma. Por otro lado, la propuesta de reforma busca reducir sensiblemente la litigiosidad, por medio de la “derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan” una multiplicidad de juicios que, se supone, hacen menos competitiva la actividad económica. El objetivo de este punto es disminuir, para los empleadores, la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que genera la determinación en juicio de la indemnización. Asimismo, la normativa establece una fuerte reducción de multas por trabajo no registrado para calcular las indemnizaciones. Además, se mantiene el período de prueba en seis meses, y se propone una “reducción drástica de las multas por el trabajo en negro”. Según un ejemplo que aportaron en el bloque, un trabajador no registrado con un salario de 500 mil pesos cobraría con la legislación actual unos 5.500.000 de indemnización, mientras que con los cambios el despido le costaría al empleador alrededor de 1.500.000 de pesos.

 

“No es nada nuevo lo que quiere hacer el Gobierno, y ahora usa a los radicales para que haga punta”, le dijo a Política del Sur un dirigente de la CGT, que recordó que en el gobierno de la alianza, con la llamada Ley Banelco, y en el gobierno de Mauricio Macri “se intentaron reformas similares”. En este sentido, destacó “la resistencia que hace y hará la CGT de estos atropellos, frenado el capítulo laboral del DNU en la Justicia. Se puede criticar muchas cosas de la central obrera, pero está dando esta pelea desde el inicio, dentro de la desorganización somos los que estamos dando batalla”, por eso se presentan estas normas, “para terminar con la trinchera de resistencia que son los gremios”. Sobre la propuesta de la UCR “es el mismo que intentaba imponer el decreto presidencial, ataca las mismas leyes y derechos de los trabajadores”. La idea de lograr consensos para algunos cambios fue explicitada en la primera cumbre del Gobierno nacional con dirigentes de la CGT, que se dio la semana pasada. En este sentido, los funcionarios presenten pidieron respaldo a los dialoguistas que estuvieron en la reunión, aunque el llamado al paro parece desmentir cualquier entendimiento. “No vamos a aceptar estos cambios que perjudican a los trabajadores”, insistió el mismo dirigente consultado.

El plan de lucha de la CGT, que además incluye la idea de apoyar la marcha del 23 de abril de los gremios universitarios contra el ajuste presupuestario, y una marcha multitudinaria para el 1° de mayo, busca condicionar la aprobación de este tipo de reformas. Para el secretario Cordero, la medida es “un viejo remedio”. “Los argentinos estamos haciendo un esfuerzo histórico incalculable. Todos se despiertan para ir a trabajar y hacen un gran esfuerzo para combatir la inflación. La batalla cultural está siendo cada vez más visible y el trabajo dignifica a la persona. Va más allá de las personas. Es un camino que avanza y no va a cesar. Todos los actores están entendiendo todo esto”, evaluó en las declaraciones del fin de semana. También ante los medios, un peso pesado de la CGT dejó en claro que la reforma laboral radical no contará con su apoyo. “Es incluso peor que el DNU original”, sostuvo Andrés Rodríguez, líder de UPCN e integrante de la mesa chica de la central obrera. El dirigente criticó duramente la postura de los radicales, a quienes acusó de “plantear un ataque directo a los gremios”, rechazando esta propuesta de manera categórica. El líder estatal también expresó su descontento con “la falta de diálogo por parte del gobierno, destacando que el Ejecutivo debería haber consultado a los sindicatos antes de avanzar con una reforma laboral”.

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