viernes 24 de mayo de 2024 - Edición Nº1997

Gremiales | 12 abr 2024

ANALISIS

Del diálogo al paro: La CGT tuvo su semana más vertiginosa en la era libertaria

En pocos días, hubo reuniones para definir los futuros pasos. Con el gobierno tuvieron la primera reunión presencial, y las partes salieron con cierto optimismo. Pero en la cumbre interna, se decidió llamar a un paro nacional. La reforma laboral, eje de la disputa.


Por: Diego Lanese

“Entendemos que el paro de la CGT no va a existir”. Las palabras del vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa diaria marcó el entusiasmo del gobierno nacional luego que recibiera por primera vez oficialmente a la CGT. La conducción de la central obra fue recibida por el Ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el secretario de Trabajo Julio Cordero, donde hablaron de varias cuestiones relacionadas con la tensa relación del movimiento obrero y la gestión libertaria. Hubo palabras amables, algún pedido de disculpas por parte de los funcionarios por el retraso en el encuentro, y alguna que otra broma. Todos salieron de allí con cierta tranquilidad. A las pocas horas, el plenario del consejo directivo de la entidad decidió confirmar un paro nacional, que se llevará a cabo el 9 de mayo, además de marchar el 1° de mayo, cuando se festeje el Día del Trabajador. De esta forma, el clima cambió radicalmente, e incluso hay cierto desconcierto respecto de la decisión. En el medio, los dirigentes se reunieron con senadores peronistas, donde se comprometieron en mantener la unidad para “voltear” el DNU 70 y no aprobar la Ley Bases, y no dejar pasar la reforma laboral, que aparece como la principal disputa con el oficialismo.

 

 Este jueves, la CGT decidió profundizar el plan de lucha tras conocer la nueva versión del proyecto de la Ley de Bases y contra el DNU 70/23. El 1° de mayo por el Día Internacional del Trabajador ya era prácticamente un hecho que la central iba a movilizar y esta semana se confirmó. A su vez, el Consejo Directivo repudió la represión ocurrida ayer en las inmediaciones del Ministerio del Capital Humano y anunció que participará en la Gran Marcha Universitaria prevista para el próximo 23 de abril contra el brutal ajuste presupuestario del Gobierno a la educación. Como plato fuerte, el Consejo Directivo decidió convocar al que será el segundo paro general que la CGT le hará a este Gobierno para el próximo jueves 9 de mayo. El paro llegó luego de la cumbre con el oficialismo, donde hubo señales de distensión y de búsqueda de consenso. El gobierno interpretó el encuentro como “una tregua”, según puede interpretarse en las palabras del vocero Adorni. Pero un detalle no menor pasó desapercibido: el ala combativa no estuvo en la cumbre. Pablo Moyano y su Frente Sindical, recientemente reactivado, y la Corriente Federal no estuvieron en Casa Rosada. “Nuestra idea sigue siendo seguir con el plan de lucha y el paro”, le dijo a Política del Sur un dirigente del moyanismo. Su vaticinio se cumplió horas después.

Otra señal interpretada como signo de llamado al consenso fue el documento que en una reunión realizada días atrás difundieron los dirigentes sindicales con senadores del bloque de Unión por la Patria. Agenda para un nuevo contrato social es un texto de 13 páginas que muestra la mirada de la central obrera en el actual momento que vive el país. Allí se reafirma el derecho del movimiento obrero “a participar en la discusión y el diseño de la sociedad a la que aspiramos” y convoca a un “programa de consenso multisectorial, que nos permita avanzar hacia una agenda de diálogo para una Argentina del desarrollo, la producción y el trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades”, señala el texto. Además, el documento destaca 17 puntos de consenso para alcanzar los objetivos señalados anteriormente. Los ejes que conforman el documento son: “el trabajo, la educación, la salud, la política industrial y energética, la seguridad social, la política internacional, la defensa nacional, la protección del medio ambiente, el transporte, una reforma integral del sistema financiero, una reforma tributaria progresiva, políticas de comercio exterior e interior, la coparticipación federal para el desarrollo, el combate a la pobreza e indigencia, la seguridad y la vivienda”. El mismo es un “plan de ruta” para el futuro, pero se presentó a los legisladores y no a los funcionarios del gobierno, que pueden llevar adelante alguna de estas medidas.

 

En ese encuentro, que se dio con el pleno de los legisladores dela cámara alta del peronismo, hubo palabras de compromiso para seguir adelante el trabajo que permitió rechazar el DNU presidencial, y se anticipó el rechazo a la nueva Ley Bases, que volverá a discutirse en el Congreso. En este sentido, Daer ponderó la articulación entre el bloque y la central obrera y llamó a “fortalecer en el tiempo esa alianza”. Por su parte, el dirigente camionero Hugo Moyano destacó “la unidad entre los senadores y el movimiento frente a un Gobierno que tiene por objetivo quitarles derechos a los trabajadores”. Además de recibir el documento, hubo muestras de unidad entre las partes, que además discuten el futuro armado del peronismo. Esta actividad puede leerse como un puntapié para avanzar en ese sentido. Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria José Mayans destacó la presencia en la CGT de los senadores de las distintas provincias de la Argentina. Mayans también manifestó que “el bloque nunca iba a votar nada que sea contra el trabajo o los trabajadores”.

Todas estas idas y vueltas están vinculadas a la aprobación de una nueva reforma laboral, que se está conversando entre los distintos bloques políticos, y que las versiones previas hablaban de cierto acuerdo con los dirigentes sindical. Luego de la reunión con la CGT, trascendieron varias cuestiones sobre el tema. Según pudo reconstruir Política del Sur, los dirigentes les remarcaron a los funcionarios que no aceptarán “que se toque la ultraactividad de los convenios”, y les marcaron que no deben interferir en la homologación de las paritarias. En este punto, un dirigente marcó que “el rol del gobierno es de control de legalidad, no de control de conveniencia” de los acuerdos. esto quiere decir que si la paritaria está dentro de la ley, la secretaría de no puede opinar sobre otras cuestiones, como los montos acordados. Con la demora en la homologación de los acuerdos, se busca ponerle un techo a los acuerdos, como admiten en la propia cartera laboral. Estos puntos son inamovibles, según se supo. Si el Gobierno acepta que esos dos artículos no formen parte de la Ley Bases, hay expectativa que haya una especie de aval tácito para su aprobación, que le permitiría al gobierno nacional poder llevar como arma de negociación con los distintos legisladores del peronismo. Pero el llamado al paro deja un fuerte interrogante en la viabilidad de estas discusiones.

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