Por: Antonio Novielli

Casi como un tango, atravesamos 100 días de la nueva administración, donde el "Desencuentro" fue una constante en los tiempos políticos de vanidades y egos, poniendo de manifiesto una profunda incapacidad de diálogo que el hombre de a pie tolera, persiguiendo una esperanza de que los días por venir mejoren esta realidad. Para empeorar las cosas, con la excusa que todo político emplea al asumir un mandato: ¡LA CULPA LA TIENE LA GESTIÓN ANTERIOR! De este modo, se suma un mayor desconcierto al ya existente. Los tiempos políticos, por un lado, piden paciencia (como si la aplicada por el hombre de a pie hasta el momento no fuera suficiente) y, por otro lado, llaman a la rebelión fiscal selectiva, acumulando deuda en los ya castigados bolsillos de la ciudadanía, una fórmula letal para PYMES, MICROPYMES y comercios.

No me digas que ya no "estás desorientado y no sabés qué bondi hay que tomar para seguir".

En un acto de supuesta innovación para marcar el ritmo de precios en góndola, el Banco Central (BCRA) emitió la Comunicación “A7980”, mediante la cual se establece que las importaciones de ciertos alimentos contarán con las divisas necesarias para completar la transacción en un plazo de 30 días. La Secretaría de Comercio delineó una primera lista de alimentos, que abarca bebidas y productos de higiene personal que experimentarán un proceso de importación fluido. Esta iniciativa surge con el objetivo oficial de impulsar la competencia y estabilizar la inflación.

Hasta el momento, el régimen general contemplaba un sistema de pagos en cuatro cuotas distribuidas a los 30, 60, 90 y 120 días. Esto obligaba a los importadores a financiar las adquisiciones con sus propios dólares o euros hasta que el BCRA liberara la totalidad de las divisas correspondientes.

Transitaremos un nuevo episodio de esta nueva/vieja crisis. Los beneficios a la importación de productos de la canasta básica, dispuestos por la actual administración, amenazan con extenderse en el tiempo. Las empresas de alimentos y bebidas, multinacionales y marcas argentinas que tienen plantas en el exterior, comenzaron a analizar la forma de aprovechar las nuevas condiciones de comercio exterior y traer mercadería terminada para comercializar en el país, poniendo en jaque la producción local ante la pérdida de competitividad que generará el nuevo esquema (casi como si se tratara del huevo o la gallina), ocasionando el quiebre para instalar una supuesta solución. Es desafío de las PYMES, micropymes y comerciantes probar su capacidad de resistencia, pues en este nuevo esquema no se salvan ni las manzanas, productos incorporados a la lista de importaciones.

Con esta dinámica, una empresa multinacional con fábricas en el país, como ocurrió en otras décadas, volverá a traer todo envasado de afuera y listo. Con un dato no menor a tener en cuenta: lo importado no va a pagar impuesto PAIS.

En este sentido, firmas de alimentos y bebidas, enroladas en la poderosa Coordinadora de Industrias del sector (COPAL), confirmaron que se trata de un esquema tentador. Sucede que la importación de productos terminados tiene varios puntos a favor: en otros países donde tienen fábricas, la inflación no es un problema. Desde la cartera de economía los acusan de ser los remarcadores de precios, sin entender que la inflación genera suba de costos que hacen impredecibles los negocios, en toda parte de la cadena de valor. Además, a diferencia de otros mercados, la presión impositiva en Argentina es muy fuerte para toda la cadena de producción. Otro punto en contra de la producción en el país es la dificultad para comprar insumos en el exterior, lo cual genera altos costos de financiamiento y atrasos.

En opinión de los supermercadistas, queda claro que la actual administración se apresuró, ya que esta semana habilitó las condiciones de la apertura del comercio exterior, a través del Boletín Oficial. Una cadena de supermercados aclaró que “los procesos de importación requieren períodos que demandan tiempo para conocer el producto, tener certeza de embarque, que tenga homologación con los requisitos sanitarios del país, que el precio sea conveniente y que haya un volumen mínimo”. “No es algo que se pueda concretar rápidamente, estos cambios de hábitos requieren tiempo".

Queda claro que el nivel de improvisación es uno de los argumentos que tiene el sector para aclarar: “Nunca pedimos la apertura de las importaciones. Fue una decisión del Gobierno”.

En cuanto al sector industrial, se tomarán una ventana de 15 días para analizar el mercado, pero las primeras estimaciones es que aprovecharán los beneficios del comercio exterior para explorar con la oferta de productos premium, que puedan venderles a los supermercados. Si la medida se extiende, en tres meses habrá una inundación de alimentos y bebidas de todas las partes del mundo y ahí se hará insostenible tener las fábricas abiertas en el país”, manifestó un integrante de la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA) mandató presidente, Daniel Funes de Rioja.

Estas medidas generarán una ampliación del caudal de desempleados o los "CAIDOS". Desde la cartera de economía se descartó volver atrás con la decisión y sólo le abrió la esperanza de “alguna medida para importación de insumos para el sector”. En la UIA saben que se trata más de una medida política que económica. “No va a haber baja de precios y si los bajan, será de manera marginal. Esta decisión parece ser resultado de un enojo sin sentido, o el argumento para avanzar en un plan que puede perjudicar mucho a la industria nacional". Y si para finalizar la sensación es de "Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que estupidez".