martes 16 de abril de 2024 - Edición Nº1959

Gremiales | 23 feb 2024

ANÁLISIS

Dos meses de la era Milei: alta conflictividad, ataque a las obras sociales y techo a las paritarias

El balance de los primeros dos meses del gobierno libertario deja un sabor amargo para los trabajadores. La decisión de desregular la seguridad social fue tomado como un ataque directo a los sindicatos, que temen por su financiamiento. Además, se busca limitar la suba salarial a través de las paritarias estatales. Crecen los paros sectoriales, de cara al aparente inevitable segundo paro general.


Por: Diego Lanese

Pocos gobiernos tuvieron un inicio tan vertiginoso como el de Javier Milei. En poco más de dos meses, el libertario intentó con medidas extremas dar una vuelta de 180 grados en la economía y la política nacional, generando focos de conflictos casi diarios. El plan de la gestión que inició el 10 de diciembre pasado tiene dos grandes ejes, plasmados en el “mega DNU” y la Ley Bases, que generaron un rechazo generalizado. En materia laboral, el Gobierno intentó una reforma laboral que apuntó directo a los gremios y su organización, que si bien lograron ponerle un freno saben que no es la única señal de alerta. Esto generó el record de un paro nacional a los 44 días de asumir, una multitudinaria jornada donde todo el arco sindical mostró su poder de movilización, pero que la gestión utilizó para justificar el decreto que termina por desregular la seguridad social, primer gran golpe a favor del oficialismo. Además, en este tiempo, Milei le apuntó al financiamiento de las obras sociales, un golpe directo al movimiento obrero. Además, se quiere limitar la discusión salarial, poniéndole un techo a las paritarias estatales, que de algún modo marcan el termómetro de la discusión general. Todo esto disparó, como era de esperarse, la conflictividad: esta semana hubo paros de trenes, de la sanidad, los maestros amenazaron con no iniciar las clases y los estatales confirman una nueva jornada de lucha. Todo esto perfila un segundo paro general de la CGT

 

El balance de estos dos meses de gestión libertaria es altamente negativo para los gremios, que se volvieron uno de los focos de resistencia a sus políticas. Esta semana se dieron varias protestas que marcan que la paciencia de la llamada “calle” se va agotando rápidamente, y en breve se puede entrar a un escenario de enfrentamiento abierto. La medida más audaz en esta pelea es la desregulación de la seguridad social, que apunta a liberar la posibilidad que los trabajadores aporten directamente a las prepagas, dejando sin financiamiento a las obras sociales sindicales. A través de los decretos 170/2024, 171/2024 y 172/2024 publicados esta semana en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional avanzó en la reglamentación del DNU 70/23, con el objetivo de “dar libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas”. De esta forma, las entidades de salud de los gremios no podrán intermediar los fondos que luego se derivan a la medicina prepaga, además de permitir el pase entre entidades casi sin límite. Según los argumentos del gobierno de Milei, se busca que el dinero que hoy reciben obras sociales sindicales que actúan de “intermediarias pase a pertenecer a los aportantes en beneficio de la cuota que pagan”. Además, aclararon que el objetivo no es desarmar aportes y contribuciones que hasta ahora ejecuta la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) sino “optimizar la circulación del dinero entre las prepagas, obras sociales y beneficiarios del sistema de seguridad social”.

Pero a los gremios esto le resulta un ataque directo a la financiación de las entidades. Por eso alertaron de los problemas que puede traer en el corto plazo. “La desregulación de las obras sociales ya está desde la década de los ’90, en el Gobierno de Menem y Cavallo; lo de la libre elección excluye que el trabajador tenga que permanecer un año en su obra social de origen y ahora lo puede hacer sin cumplir con ese período en la nueva actividad a la que ingrese”, explicó José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT y principal especialista en materia de seguridad social de los gremios. El “ministro de Salud” de la central obrera aclaró varios puntos de la medida oficial, y apuntó a sus efectos. “Si el Gobierno cree que el problema de salud se soluciona dejando que esos 6 millones opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual de los temas que mencioné anteriormente: monotributo, jubilados, discapacidad y medicamentos de alto costo”, agregó. Además, el decreto no cayó bien en el sector privado. Como contó esta semana Política del Sur, al incluir a las prepagas en el Fondo Solidario de Redistribución, deberán aportar un 20 por ciento de lo que recauden, cuando las obras sociales aportan el 15 por ciento.

 

Otra maniobra que genera alarma entre los gremios es el techo de la paritaria. En campaña, Milei dijo que el gobierno no iba a intervenir en las paritarias, porque son “una negociación entre privados”. Pero en este tiempo se está utilizando las discusiones públicas para intervenir en el nivel salarial. Las bajas ofertas que se están dando en el sector público marcan “una clara forma de intentar limitar todas las paritarias”, como dijo un dirigente estatal consultado por Política del Sur. Esta semana, los trabajadores del estado nacional recibieron una oferta del 12 por ciento, que fue aceptado por UPCN y rechazado por ATE. Según se supo, lo mismo recibieron los docentes y no docentes de las universidades nacionales, e incluso en la paritaria ferroviaria, que se hizo en medio del paro de La Fraternidad, las firmas estatales que controlan buena parte del transporte de pasajeros llevaron a la mesa de discusión un ofrecimiento del 12 por ciento. “Está claro que el ‘plan licuadora’ está en marcha y buscan bajar los salarios de todos, y usan las paritarias públicas para ponerles un techo”, se quejó el mismo dirigente consultado.

Estos dos temas más otros que se pusieron en agenda desde diciembre pasado hicieron que la relación entre la gestión libertaria y los gremios se pusiera en modo conflicto en un primer momento. Esta semana, una serie de paros marcó que la situación está lejos de clamarse, y va a empeorar. El paro de trenes, que tuvo una amplia repercusión y afectó todos los servicios urbanos de pasajeros, es una muestra de esto. “Nos cuesta entender el por qué de tanta saña contra este gobierno”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, al respecto de esta medida. La nueva oferta salarial recibida no hace otra cosa que ratificar el clima de conflicto. Además, ayer los empleados agrupados de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), bajo la conducción de Héctor Daer, pararon en clínicas y sanatorios “frente a la intransigencia de las cámaras empresariales”. Por último, los cuatro gremios docentes que integran la CGT anunciaron que harán un paro en el inicio del ciclo lectivo, pero luego se desactivó por el llamado a la paritaria nacional. UDA (Unión Docentes Argentinos), AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) y CEA (Confederación de Educadores Argentinos), oficializaron que desactivan la medida, aunque se mantuvieron en “estado de alerta”.

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