Por: Diego Lanese

La oferta del 16 por ciento realizada por los funcionarios de la Secretaría de Trabajo a los estatales nacionales no hizo más que aumentar la tensión en el sector público. El rechazo del gremio ATE se suma al anuncio de un espacio formado por unas 20 organizaciones de trabajadores públicos que están armando un paro antes de que finalice febrero, en el marco del creciente malestar por la crisis de ingresos. Es que en dos meses la inflación superó el 50 por ciento y las mejoras salariales no logran contener la pérdida que sufren en todos los escalafones los estatales. Esto se comprueba con un reciente informe de los trabajadores del INDEC, que todos los meses miden la inflación y la pérdida salarial que genera en los empleados del Estado nacional. En este último mes, la cifra necesaria para alcanzar una canasta de bienes y servicios es espeluznante: 931.323 pesos. Esto hace que en apenas dos meses los salarios hayan perdido 17 por ciento, la cifra más importante en el ciclo que mide a Junta Interna del organismo. Bajo estas circunstancias, febrero puede terminar con un paro nacional, que se pude potenciar con el no inicio de cases en buena parte del país y las quejas de los docentes universitarios, que recibieron una ridícula oferta de incremento en la última reunión realizada la semana pasada.

La pérdida de los salarios en general puede verse en la fuerte caída del consumo, que en enero se hizo notar en los comercios minoristas. Los sueldos públicos no son la excepción, todo lo contrario, y están perdiendo terreno de la mano del pico inflacionario. Como cada mes, la Junta Interna del INDEC midió esta caída, y publicó su reporte, que marca un salario ideal para todos los trabajadores y lo mide con los del Estado nacional. En este punto, los datos marcan que los trabajadores necesitaron en enero de 2024 “931.323 pesos para satisfacer sus necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar”. “Este valor se compone de 341.302 pesos necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y 590.021 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”, recalcó el informe, al que tuvo acceso Política del Sur. La presente actualización fue calculada “luego de conocer la variación de precios del IPC, la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes al mes de enero del 2024, cuyas acumulaciones anuales fueron respectivamente de 254,2, 296,4 y 264,9 por ciento”. “Datos durísimos para quienes, como los trabajadores estatales, destinamos gran parte de nuestros ingresos para satisfacer nuestras necesidades básicas”, se quejó la Junta Interna del INDEC. “Este Gobierno lleva un 51,4 por ciento de inflación acumulada en los dos primeros meses de gestión y según los pronósticos hechos por los especialistas la pérdida del poder de compra de los salarios estos últimos dos meses es de alrededor de un 17 por ciento”, concluyeron.

Un dato grave de esta situación es que es previa a los nuevos datos inflacionarios, y antes de darse una nueva pérdida salarial, en una paritaria que otorgó un aumento del 16 por ciento, lejos de la suba de los precios. Con este dato, y el IPC de enero, “la pérdida al mes de marzo de este año, tomando en cuenta la proyección hecha por el gobierno, de no haber recomposición salarial será de un 73 por ciento promedio para todos los niveles del SINEP por lo que sería necesario un aumento de emergencia de un 264 por ciento (a pagar en una sola cuota) para recomponer el poder de compra a diciembre del 2015”. Esto, afirma la Junta Interna del INDEC, es peor para los estatales monotributistas, que además de tener una pérdida salarial mayor fueron los grandes perjudicados por los despidos masivos de esta gestión. En su caso, “a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo”.  “Tomando un salario neto mensual actual de 328.298 pesos, ha acumulado una pérdida que alcanza la suma de 1.992.245 pesos, esto es el equivalente a casi meses 15 de honorarios en los últimos 74 meses”, recalcaron.

La situación de los estatales hizo que unas 20 organizaciones se unieran para buscar dar respuesta al avance del ajuste del Gobierno y la reforma del Estado, que busca privatizar muchas empresas y desmantelar otras. Por eso se creó el Frente de Gremios Estatales, que tuvo su primer plenario la semana pasada, donde se decidió realizar un paro de actividades antes que finalice febrero. La profundización del plan de lucha incluye cuatro puntos: “inmediato aumento salarial que supere la evolución de los precios; reincorporación de todos los trabajadores despedidos; pase a planta permanente de todos los precarizados; y rechazo a cualquier intento de privatización de todas las empresas estatales”. José “Pepe” Peralta, titular del SiTEBA y miembro de la CTA Autónoma de CABA, le dijo a Política del Sur que la idea es que “cada organización realice asambleas y plenarios para definir una fecha para el plan de lucha, que tendrá un fuerte impacto en la actividad de la administración pública en todo el país”. Esto incluye, agregó el dirigente, “una campaña en contra de las privatizaciones de las empresas estatales, que se hará en todas las dependencias, buscando explicar por qué las defendemos”. Además, se definió participar como frente de las dos grandes marchas que se preparan para marzo: la del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y la del 24 de marzo, que recuerda la fecha del golpe de Estado que inició la dictadura cívico-militar.

EL FRENTE DE GREMIOS ESTATALES QUE INTEGRA LA FJA CONVOCA A UNA JORNADA DE LUCHAhttps://t.co/TrP1OUZP82 pic.twitter.com/wdvWb2AXX6

— Federación Judicial Argentina (@FJAJudiciales) February 19, 2024

Además de definir el plan de lucha, el plenario del frente definió un documento que sienta las bases de la lucha que buscan protagonizar los estatales en esta etapa. “La reforma regresiva del Estado en la Argentina es un objetivo esencial del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, lo que incluye completar las privatizaciones iniciadas en la década del 90, cuyos resultados negativos para el pueblo son ampliamente conocidos”, afirmó el texto consensuado. En ese sentido, dijeron que “avanza la política económica con las medidas iniciales, especialmente la devaluación y la liberación de los precios”.  En este sentido, se fijó que este espacio “tiene por objeto habilitar un debate sobre la coyuntura, las acciones del gobierno, el carácter y forma de la resistencia, tanto como la discusión sobre el modelo de país, pero también como expresión alternativa al rumbo que pretende la derecha bajo el liderazgo de Milei”. Sobre la coyuntura política, los estatales analizaron que “el triunfo electoral de Milei se asienta en críticas a la ‘política’ tradicional y entre ellas al papel a desarrollar por el sector público en materia económica, por lo que resulta imprescindible habilitar una amplia discusión sobre el sentido de las políticas públicas para satisfacer derechos, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la energía, entre muchos otros, tanto como el aporte económico y social de las empresas públicas”. Ello supone, recalcaron, “un debate al interior de nuestras organizaciones y de la sociedad sobre lo que representa cada empresa pública o el carácter de la intervención estatal para satisfacer derechos constitucionales, económicos, sociales, culturales”.